En el origen de este trabajo de campo (1) estaba el estudiar algunas iniciativas ciudadanas de defensa y promoción de espacios urbanos en la ciudad de Valencia, con el común denominador de que tales espacios fueran entendidos y valorados por los agentes sociales como espacios patrimoniales sobre los que pesara alguna amenaza de destrucción y que al tiempo fueran percibidos como aglutinantes simbólicos de algún tipo de identidad colectiva. Con el estudio de tales iniciativas intentaba acercarme a un fenómeno en auge y relativamente novedoso en gran parte de Europa y, más concretamente, en el Estado español. A la hora de conceptualizarlo podríamos recurrir a una expresión que utiliza Ll. Prats (1997), la de «activación patrimonial». La relativa novedad del fenómeno reside en que dicha activación corre a cargo, no del Estado, de alguna de las administraciones públicas o de la Iglesia, sino de la acción organizada de los individuos en el seno de la sociedad civil o del Tercer Sector orientada a tal fin. Podríamos hablar entonces, con Ariño (1999), de «asociacionismo de defensa del patrimonio». Dicho fenómeno sería relativamente novedoso incluso dentro de los denominados «nuevos movimientos sociales». En él nos encontramos con que colectivos pertenecientes a la llamada sociedad civil movilizan una serie de recursos con el fin de cambiar la valoración social general que se concede a un bien o a un conjunto de bienes, sean éstos tangibles o no.

En el ámbito de las iniciativas de protección, promoción, conservación y difusión del patrimonio, hasta hace unos pocos años, habían sido los Estados los principales protagonistas y agentes patrimonializadores. No podemos separar sus acciones ni sus selecciones del interés por integrar y reforzar, a través de los símbolos escogidos, un determinado tipo de identidad colectiva, un «nosotros», generalmente ligado al Estado-nación. Ello señalaba a unos objetos o fenómenos más que a otros como patrimoniales que, por lo general, ha recaído sobre lo monumental, lo arqueológico o lo museístico; reflejando, desde el punto de vista de la estratificación social, un sentido muy focalizado y exclusivo de «cultura». Para el resto bienes y fenómenos heredados del pasado cabría hablar de «folclore», «artesanía» o de «tradiciones populares», pero sin llegar nunca al estatus de los anteriores. Sin embargo, como señala García Canclini (1993: 22), recientemente, «la cuestión del patrimonio ha desbordado a los dos responsables de estas tareas, los profesionales de la conservación y el Estado», encerrados en su mundo de cuestiones técnicas y materiales, y sin recursos materiales (o voluntad política) para hacer frente a la oleada patrimonializadora que vivimos (2). Eso, cuando no es el caso que las reivindicaciones patrimoniales chocan con una compleja red de intereses en las que están vinculados representantes políticos, organizaciones políticas y la iniciativa empresarial privada.

Delante de tal situación, entre los propósitos de esta investigación estaban los siguientes: 1) valorar la novedad del fenómeno aludido, esto es, la aparición de nuevos agentes patrimonializadores, distintos del Estado, las Administraciones públicas, el mercado o la Iglesia, 2) indagar sus causas, lo cual presupone tratar el proceso de cambios en la percepción y en la valoración de los problemas, así como en las nuevas oportunidades de actuación social, 3) ahondar en los conflictos sociales que subyacen y se producen con estos nuevos procesos de activación patrimonial, cuyas consecuencias más evidentes son tanto el cambio en intensión del patrimonio, esto es, en sus significados, como también en extensión, esto es, en alcance o extensión, lo cual suponía un cuarto punto, a saber, y 4) investigar las funciones, formas y significados del patrimonio o, si queremos resumirlo en una expresión que utiliza García Canclini (1993), en los «usos sociales del patrimonio» (3). Finalmente, por debajo de todo ello subyacía, un interés por el estudio del empleo del patrimonio como símbolo por parte de determinados colectivos humanos y su relación con la preservación, refuerzo o reconstrucción de ciertas identidades colectivas.

Por razones de residencia, el objeto de estudio se centró en la ciudad de Valencia. En un primer momento, seleccioné tres de entre los varios movimientos ciudadanos existentes. La primera razón era que se hallaban en activo. La segunda era que su actividad se desarrollaba de un modo continuado en el tiempo, y no simplemente esporádica o puntualmente. Y, en tercer lugar, por el alcance y el grado de reconocimiento social que tenían éstos en el conjunto del área metropolitana.

Los tres colectivos sobre los que inicialmente pretendía llevar a cabo el trabajo de campo fueron los de protección de los siguientes espacios: el Jardín Botánico, el barrio marítimo del Cabanyal y la huerta de Valencia. Los dos primeros espacios están enclavados en la ciudad. El tercero comprende hasta un total de 48 municipios del área metropolitana, incluida la capital, a la que poco, pero algo le queda todavía de huerta. En el caso de la huerta, hablaríamos tanto de iniciativas de defensa de espacios muy puntuales de ésta, sobre los que existe una amenaza muy concreta, como también de las iniciativas de defensa de la totalidad de ella. A éstos y otros colectivos, que generalmente adoptan la forma de plataformas o coordinadoras, se les conoce como «los Salvem», debido a que muchos de ellos incluyen esta forma verbal en su nombre: «Salvem el Botànic, recuperem ciutat», «Salvem el Cabanyal» o «Salvem l'Horta», son ejemplos respectivos relacionados con dichos espacios, y que se podrían considerar como manifestaciones representativas de un «ecologismo urbano».

En mi trabajo de campo, me he ceñido a las iniciativas de defensa del Cabanyal y la Huerta, exclusivamente; sobre todo, a la segunda. La duración del trabajo fue de casi siete meses, desde finales de noviembre de 2000 hasta principios de junio de 2001. Y, en lo referente a las técnicas empleadas, se recurrió, básicamente, a la observación participante, en el segundo de los casos, y a un repertorio de diversas formas de entrevista, en el primero.

Los dos primeros de dichos espacios, el Botánico y el Cabanyal, estarían amenazados por la realización de proyectos relacionados con infraestructuras turísticas. El Jardín Botánico es un espacio inicialmente científico y de investigación, en cuanto pertenece a la Universitat de València, pero también de ocio, esparcimiento y disfrute de la naturaleza. Es el más antiguo de estos jardines en España, pues, fue creado en 1567; aunque en su actual ubicación cumplió su bicentenario en el año 2002. Actualmente planea sobre él la amenaza indirecta de construcción, en el solar adyacente, de un gran hotel que haría de pantalla, privándole de gran parte de la luz solar que recibe por su lado oeste. En su origen, el proyecto era el de levantar un conjunto tres edificaciones de veinte alturas cada una de ellas. En la iniciativa de defensa ha jugado un elemento importante la idea de recuperar el espacio histórico y lúdico para el conjunto de la ciudadanía valenciana.

En el caso del barrio del Cabanyal, en principio, se pretende la prolongación de la Avenida del Mar, también llamada de Blasco Ibáñez, hasta la playa, atravesando dicho barrio. Aunque en realidad el proyecto es más ambicioso, como luego se verá. En el tercer caso, el de la Huerta, las amenazas son más difusas, pero sobre todo se puede decir que tienen que ver con la expansión urbanística, así como también con el progresivo descenso de la productividad agrícola. Sin embargo, también aquí hay un elemento importante de conexión entre patrimonio cultural y el turismo. En relación con ella se ha creado la conciencia de que se trata de un paisaje cultural que es singular e irrepetible, producto secular del saber hacer de las generaciones pretéritas. Así, entre el conjunto de las soluciones para su conservación está la propuesta de cambiar el modelo agrícola, pero también el de convertirla en recurso turístico y de ocio, dado su valor patrimonial. Con vistas a su conservación se llevó a cabo, en la Comunidad Valenciana y en el primer semestre del año 2001, una Iniciativa Legislativa Popular (una ILP) encaminada a conseguir su declaración como espacio natural protegido, que aunque logró el respaldo formal de casi 120.000 ciudadanos, no fue considerada para su posterior discusión parlamentaria, debido al voto en contra del grupo mayoritario en la Cámara. Por su sabor antropológico y la minuciosidad con que ha sido redactado el preámbulo de la Proposición de Ley creo que es necesario leerlo con detenimiento. Dice así:

"La Huerta de Valencia es un patrimonio histórico, cultural, natural y agrícola de todos los valencianos y valencianas. Es una realidad antrópica producto de sabiduría y del esfuerzo de muchas generaciones en el trabajo de la tierra y por eso integra un conjunto armonioso de elementos: tierra, arquitectura, red hidráulica, vegetación, testimonios de elementos naturales, etc., que conforman un paisaje irrepetible y con una fuerte personalidad propia (...) Un paisaje que es expresión física de las creaciones, conocimientos y prácticas de la cultura tradicional agrícola [los subrayados son nuestros" (Proposició de Llei Reguladora del procés d'Ordenació i Protecció de L'Horta de València com a espai natural protegit).

Como ya he adelantado, la parte intensiva de mi trabajo de campo ha versado sobre esta iniciativa hasta el punto de llegar a perder el rol de investigador -participante- para convertirme en activo agente patrimonializador de la cultura. Quizá por ésta, sino pérdida, sí indefinición de papeles, me he sentido mucho más cómodo reflexionando sobre el otro de los casos, el de defensa del barrio del Cabanyal, aunque aquí mi trabajo de campo haya sido mucho más tangencial, distante y menos intensivo.

Foto 1

Foto 2

Paradójicamente, tal declaración no ha servido para que se detenga el triple proceso de degradación que sufre el barrio, a saber, en lo arquitectónico, en lo urbano y en lo social, sino que lo ha acentuado. Esto suele ser una de las constantes en muchos de los denominados procesos de «gentrificación» (cfr. Martínez Veiga 1991). Tampoco ha impedido que el equipo municipal de gobierno, que cuenta con mayoría absoluta en el Consistorio, haya aprobado la realización de una serie de intervenciones urbanísticas que comportarían su parcial destrucción. Aunque dicho proyecto es presentado públicamente como una mera prolongación de una avenida urbana hasta el mar y, a veces, también como un proyecto rehabilitador, en realidad es bastante más que eso. Junto a la prolongación, se pretende derribar parte del barrio con el fin de edificar viviendas de nueva planta, y de mayor altura que las existentes, que son de doble planta, en muchos casos unifamiliares.

Foto 3. Vista aérea del Cabanyal desde el final de la avenida Blasco Ibáñez, con la estación en primer término y el mar al fondo.

Debido, en general, al trabajo de reactivación que ha realizado la Plataforma «Salvem el Cabanyal», y concretamente gracias al recurso interpuesto por ésta, además de por otras asociaciones, el proyecto municipal está actualmente en suspensión cautelar ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia con fecha de 29 de enero de 2002. A pesar ello, el equipo municipal de gobierno ha amenazado en repetidas ocasiones con empezar las obras de modo inminente con el fin de favorecer una política de hechos consumados. Sin embargo, las dos citas electorales más recientes, las municipales y autonómicas, primero, y las generales, más tarde, han servido como elemento disuasorio. Entre tanto, el gobierno autonómico se ha propuesto reformar la Ley de Patrimonio Cultural, una ley que fue creada por un gobierno del mismo signo político, con el fin de soslayar las trabas legales que ahora impiden el proyecto del Cabanyal.

En ese trabajo de revalorización realizado por la mencionada Plataforma podemos distinguir una doble dimensión: a) de dignificación de la identidad social de los vecinos del barrio y de recuperación de la autoestima colectiva, ambas bastante deterioradas y hasta estigmatizadas, tanto interior como exteriormente, esto es, de cara al resto de la ciudad, debido a la aparición en el barrio de fenómenos como la delincuencia, las drogas, la prostitución y al asentamiento de vecinos gitanos, y, b) de reactivación y reconocimiento del valor patrimonial que contiene el barrio, que se inició en lo material, esto es, en lo arquitectónico, lo urbanístico y lo artístico, y que ha continuado con el patrimonio no tangible, esto es, las historias, anécdotas, sucesos y acontecimientos que recuerdan los mayores. Entre medias quedan también los pequeños objetos domésticos, laborales o cotidianos como fotografías, cartas, útiles de pesca, etc. En definitiva todo eso que se asocia a la cultura popular.

También en este proceso puede observarse una doble dirección: de un lado, actuar sobre las personas, cosas y casas del barrio y, de otro, actuar sobre las personas, organismos e instituciones externas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Desde la antropología social no pasa desapercibido que ambos procesos, con su doble dirección, dentro-fuera, que en apariencia, son de naturaleza distinta, van unidos y se refuerzan mutuamente. «Ser del Cabanyal» me decían algunos sujetos entrevistados, comparándolo con las categorías futbolísticas, «era peor que ser de segunda o de tercera». Hoy, tras el esfuerzo de patrimonialización emprendido por la Plataforma, junto con la Asociación de Vecinos, muchos «cabanyaleros» vuelven a decir con orgullo eso que decían sus padres y sus abuelos, cuando salían del barrio: «me voy a Valencia». Esto, en realidad, no es más que una de-marcación simbólico-identitaria de los espacios, ya que el Cabanyal, en lo administrativo, forma parte de Valencia desde el año 1897, en que fue anexionado a la capital, aún sin el consentimiento de sus vecinos. Además de que, en lo físico, desde hace varias décadas no existe discontinuidad alguna entre barrio y ciudad. Esta doble dimensión social y patrimonial, a lo largo de eje interno-externo puede servirnos como marco analítico, como más adelante veremos.

Desde mi punto de vista, el proyecto municipal de prolongación de la Avenida de Blasco Ibáñez ha de ser contextualizado en las transformaciones de finales del siglo XX y principios del actual. Su origen habría que buscarlo a finales de la década de los ochenta con la, así habría que llamarla, "reconversión de la industria del turismo". La prolongación de dicha avenida hasta el mar, y la renovación residencial de una zona que está junto a la playa, forma parte del conjunto integrado de intervenciones y actuaciones en infraestructuras que se han realizado en la ciudad en la última década. Además de las que se pretende realizar, con el fin de proyectarla nacional e internacionalmente como destino turístico. Debido su emplazamiento, el Cabanyal ha quedado en un lugar bastante privilegiado. Por una parte, está justo al lado de la playa, cuyo paseo marítimo ha sido recientemente recuperado y sobre el que se pretende construir al menos un hotel de lujo. Por otra, se halla muy próximo a los complejos de ocio y turismo de la conocida, y aún inconclusa, Ciudad de las Artes y las Ciencias, el que se ha convertido en nuevo icono mundial de la ciudad; y, más cerca todavía, de lo que pretende ser uno de los, así denominados, «proyectos estrella» del equipo municipal, el futuro Balcón al Mar. Éste se construirá dentro del actual recinto portuario, y anuncian que será, por su tamaño, el mayor espacio de ocio de Europa. Si unimos esos tres puntos: Ciudad de las Artes y las Ciencias, futuro Balcón al Mar y playa tenemos un triángulo en cuyo interior se halla el Cabanyal.
 

El turismo como fuerza de cambio social y cultural

El turismo y las actividades de ocio con él asociadas se han convertido en las últimas décadas en una de las principales actividades económicas de las sociedades del presente. Las economías de muchos países dependen y se basan en ambos. El movimiento de personas, recursos e imágenes conlleva un amplio conjunto de transformaciones. La más patente, pero no por ello la más relevante, se da de modo visual en el paisaje, en especial en el ámbito urbanístico. Ésta, sin embargo, no puede disociarse de los cambios en las formas de producción y organización social que trae consigo dicha actividad. Con relación a esto y sobre todo desde la Antropología Social aplicada al turismo, inicialmente se advirtió de los efectos negativos de éste: la destrucción de bienes y paisajes, la desestructuración de las relaciones sociales, la pérdida de modos de vida y los cambios de símbolos. En síntesis, se avisaba sobre los procesos de aculturación asociados a dicho fenómeno (cfr. Turner y Ash 1976; Smith 1977; Jurdao Arrones 1979; Greenwood 1976).

Sin embargo, adoptando un punto de vista procesual en lugar de simplemente puntual, los antropólogos han observado que el turismo ha terminado por generar respuestas defensivas entre la población anfitriona, ha servido para reforzar identidades, aunque seguramente sólo pueda ser re-creándolas. Y en esto el patrimonio desempeña un papel fundamental como vehículo simbólico, en cuanto puede ser convertido en un recurso turístico, al tiempo que también en condensador de una identidad. Parafraseando a Rosas Mantecón (1999: 49), la «industria del turismo» está dando lugar a una «industria del patrimonio» Tal y como lo sistematiza Prats (1997:42 y ss.), si son varias las maneras en que el patrimonio puede interactuar con el turismo en esta línea, más diversos aún son los objetos, incluso los espacios y actividades que pueden patrimonializarse para tal fin.

Queda, sin embargo, la otra vertiente, que Prats (1997) no explora tanto, aunque, por supuesto menciona, a saber, cuando la expansión del turismo pone en peligro el patrimonio (cfr. Santana1997: 87 y ss.). En el caso que nos ocupa cae dentro de esta vertiente negativa, pero en otro sentido al que Prats menciona. El patrimonio se puede convertir y utilizar como recurso por parte de los anfitriones para hacer frente a determinados proyectos turísticos y de ocio, la cual sería una más del conjunto de estrategias con que las poblaciones locales hacen frente a la «invasión» turística señaladas, entre otros, por Boissevain (1996).

Desde principios de la década de los sesenta hasta finales de los ochenta del siglo XX, las grandes fuerzas de transformación y reconversión de espacios por causa del desarrollo turístico se habían focalizado en zonas costeras no urbanas; en la mayoría de casos, pequeños enclaves pesqueros. Ello ha producido serios cambios en las formas de vida y subsistencia, las relaciones sociales y las estructuras de poder de esas poblaciones costeras.

También en el caso de las grandes ciudades, costeras o no, los cambios, desde mediados de los cincuenta, se sucedieron rápidamente. Pero en ellas el proceso vivido respondía a fuerzas muy diferentes. En el aspecto productivo, de industrialización y de crecimiento de un sector servicios, ligado a éste, así como también a la administración pública; y en el aspecto demográfico, la población no se establecía de modo temporal, sino definitivo, siendo fruto de un proceso migratorio interno que iba desde las zonas rurales del Estado español a las grandes ciudades.

Para el caso concreto de las grandes ciudades costeras, es constatable cómo, en la mayoría de ellas, su fachada marítima fue destinada a usos industriales, a diferencia, como decimos, del resto del litoral que se configuraba en torno al ocio, inicialmente estival, con una población mixta, nacional y extranjera muy estacional. A esta doble periferia, geográfica y sectorial, Turner y Ash (1976), la denominaron "periferia del placer". Sin embargo, desde hace poco más de una década, aproximadamente desde finales de los ochenta, algunos espacios urbanos costeros, sobre todo de las grandes capitales, empiezan a ser integrados en esa "periferia turística y del ocio", viéndose afectados por las mismas dinámicas que el resto de las zonas costeras. Nos encontramos así con la gran novedad de que, a partir del decenio de 1990, se inicia la presión especulativa y las intervenciones urbanísticas también en la fachada costera de las grandes ciudades. Barcelona es el ejemplo a seguir en el Estado español. Y Valencia está empeñada en superar con creces el modelo.

Las razones de este cambio de foco son complejas, pero yo las resumiría en las siguientes (cfr. Gómez Ferri 2004):

a) El encarecimiento, y hasta agotamiento, del suelo rústico en la fachada litoral de la ribera norte del mediterráneo, que lleva camino de verse convertida en una única conurbación.

b) La pérdida de la función industrial de las zonas marítimas de las grandes ciudades costeras, entre ellas los recintos portuarios, lo cual permite la recuperación y refuncionalización de esas zonas y, sobre todo, de las playas urbanas aledañas, que habían sido sacrificadas en nombre del desarrollo económico, llegando a un nivel tal de insalubridad que dejaron de ser aptas para el baño.

c) Los cambios producidos en estas dos últimas décadas en las demandas y preferencias del turismo, entre ellas el declive del modelo centrado únicamente en «sol y playa» y la aparición de un turismo flexible y diversificado, pero intensivo en capital, que se mueve por reclamos espectaculares y que tiende hacia la mercantilización de los más diversos elementos, incluido el patrimonio (Santana 1997: 31, 35 y ss.).

Si a ello añadimos el lugar reservado a nuestro país en la economía mundial, más ciertos tópicos sobre la ciudad de Valencia, creo se pueden entender las verdaderas razones del equipo municipal para acometer el proyecto de destrucción del barrio del Cabanyal. Tales tópicos son interesantes no por ellos mismos, sino en cuanto generan una percepción y valoración de la realidad social y urbana propia, así como también determinadas políticas públicas o privadas de actuación. Entre tales tópicos, que no voy a desarrollar, están los siguientes: a) Valencia es una ciudad de huerta; una «agrociudad» b) Valencia es una ciudad que vive de «espaldas al mar», como si de una ciudad de interior se tratase, y c) Valencia es una ciudad «antiturística», dada su capacidad de repeler al visitante (cfr. Gómez Ferri 2004).

No sabemos el peso que tales tópicos han tenido directamente en la planificación de los proyectos municipales y autonómicos, pero desde luego, por las coincidencias, parece como si la política urbanística de los respectivos gobiernos hubiera estado dictada por ellos. Tomando los planes en ejecución, o bien los que hay a la vista, nos encontramos con lo siguiente: a) la destrucción del escasísimo espacio de huerta que aún queda en la ciudad de Valencia, por ejemplo en la Punta, una zona que se halla al sureste de ésta y que ha sido desalojada para construir una ZAL (Zona de Actividad Logística) para el Puerto de 700.000 hectáreas, b) la apertura al mar de la Avenida de Blasco Ibáñez a través del barrio del Cabanyal, y c) la creación de una macro zona de ocio llena de atracciones y de atractivos. La correspondencia es curiosa.

En el caso del Cabanyal nos hallamos ante mucho más que una simple apertura quirúrgica al mar. Es un ambicioso proyecto de articulación de un macro entramado turístico que pretende crear una zona residencial nueva que choca con dos inconvenientes. Uno; el suelo edificable está ya edificado y habitado y, dos; algunos de los inmuebles que se erigen sobre ese espacio tienen la catalogación de Patrimonio Histórico-Cultural. Por eso, muchos vecinos, entre otros, no entienden que se destruya un bien que es patrimonial y menos que sean las instituciones encargadas de velar por su conservación las más interesadas en su destrucción. Sin embargo, como resumen Boissevain y Theuma (2000:313) para el caso de Malta:

a) "la adopción de una minuciosa normativa (...) no garantiza necesariamente la protección del entorno; (...), y

b) si bien la conservación del medio ambiente y el legado cultural se ha convertido oficialmente es un aspecto prioritario de la política gubernativa de desarrollo, muchos miembros del gobierno la respetan tan sólo aparentemente".
 

La patrimonialización de la cultura y el asociacionismo de defensa del patrimonio

Ante una situación como la planteada, la respuesta organizada y crítica de la sociedad civil no se hizo esperar. Entre los movimientos y asociaciones ciudadanas que actúan de cara a la preservación de algún tipo de patrimonio cultural o ecológico, están las plataformas o coordinadoras, la que nos ocupa es una de ellas. Debido al contexto que las hace nacer, éstas han adoptado una forma de funcionar, organizarse y de operar que las diferencia de las asociaciones formales. Por «plataforma» debemos entender una agrupación coyuntural que nace a raíz de un problema concreto y que suele agrupar a otras asociaciones y entidades. Por lo primero se dice de ellas, «que tienen fecha de caducidad» (4). Cuentan con gran autonomía y su organización es poco formal, heterogénea, fluida y muy abierta, funcionando de forma asamblearia. Asimismo, su capacidad de actuación y movilización en torno al asunto que las creó es grande, aunque escasa fuera de él (Ariño 1999: 40).

Para el caso que nos ocupa, el movimiento social de defensa del barrio empieza a articularse a finales de la década de los ochenta, a tenor de los primeros intentos de intervención urbanística sobre el barrio. Tras unos años de indefinición, el movimiento se revitaliza a raíz de los primeros rumores sobre el proyecto de prolongación de la Avenida de Blasco Ibáñez a través del barrio, constituyéndose la mencionada Plataforma. Esto ocurría en el año 1998.

Aunque en el origen podría equipararse a un movimiento vecinal, puesto que de hecho tendría su origen en él, hoy su naturaleza es de índole distinta, pues, su línea de actuaciones va encaminada exclusivamente a conseguir el reconocimiento social, político y jurídico del barrio como un bien patrimonial, y que por tal razón debe ser conservado, frente a las intenciones del actual equipo municipal. Por ello y para ello han emprendido una labor de reconocimiento y reactivación patrimonial del barrio que está empezando a dar sus primeros frutos y que pone de manifiesto un fenómeno social muy interesante, a saber, en el momento presente, la sociedad civil no sólo le ha tomado la delantera al Estado en su actividad patrimonializadora (cfr. Prats 1997; Ariño 2001), sino que ha de enfrentarse a algunas instancias de éste por tal causa. Ello supone una tarea larga y ardua por varios motivos. En principio se suele pensar en recursos económicos, pero no sólo y ni siquiera aquí son los más definitorios. Más importantes son los recursos humanos, pero, sobre todo, lo que se conoce como «capital social». Listar aquí el conjunto de actividades concretas realizadas con tal fin en estos últimos cuatro años, algunas muy interesantes y creativas, excede los límites de este trabajo. Sin embargo, sí que podemos reseñar algunos de sus elementos:

a) Una periódica actividad de comensalidad o de reunión cuya función no sólo es reivindicativa o informativa, sino psicosociológica, y, además, muy simbólica, pues, permite crear y mantener, en lo que en principio es un agregado coyuntural, un sentimiento de identidad y de pertenencia a lo largo del tiempo. En el caso que nos concierne hablamos de reuniones con una periodicidad semanal, sin tener en cuenta otro tipo de interacciones informales que se han visto intensificadas a raíz de surgir el problema. Como hemos señalado, debido al enquistamiento de muchos de los problemas por los que surgen, algunas plataformas han desarrollado mecanismos y estrategias de supervivencia a largo plazo que sería interesante analizar.

b) La creación de redes sociales de apoyo que trascienden lo local, y que revisten un carácter plurifuncional ya que, según sea el caso, pueden servir para divulgar una información a nivel internacional, para realizar una manifestación urbana o para obtener una información que se les negaba por parte de la Administración.

c) Un trabajo voluntario y sociable altamente intensivo, en cuanto su labor está orientada a conseguir un objetivo muy concreto. Dicho trabajo se acentúa para el caso de unos pocos de los miembros de las plataformas, lo cual lleva a renuncias económicas o personales y, en determinados periodos, también laborales, si las circunstancias así lo exigen.

d) Parte de ese trabajo requiere una formación y unos conocimientos especializados, sea el jurídico o sea el propio trabajo de patrimonialización, lo cual supone que muchos de estos agentes son de mediana edad, aproximadamente entre los cuarenta y los sesenta años, pertenecen a las capas medias y populares y cuentan con una formación superior.

El éxito de este asociacionismo se basa en una compleja actuación, donde se mezcla la movilización social, la difusión de información, la actuación política y jurídica, y la investigación y conservación culturales. Normalmente todo ello, en conjunto, va encaminado a promover y generar un sentimiento de identidad alrededor de un espacio para constituirlo en símbolo de una comunidad. En nuestro trabajo, hemos visto cómo, en su actividad de defensa del patrimonio, nuestros agentes han conseguido extender sus reivindicaciones y el reconocimiento patrimonial fuera del propio barrio, tanto en el resto de la ciudad como a nivel nacional e internacional, y que ese proceso ha ido de la mano de la recuperación y reforzamiento de una identidad local, la de los vecinos, tanto entre ellos mismos como de cara al resto de la ciudad. Al cambiar el valor del lugar en el que viven, ha cambiado el valor que se dan, como colectivo y como personas, a sí mismos. Esto nos avisa del fuerte contenido simbólico y social del patrimonio y de sus poderosos efectos sobre las identidades. De un lado, conecta a sus habitantes con el pasado, pero sobre todo, les garantiza un futuro común.

Ciertamente no todo el conjunto de vecinos comparte el parecer de la Plataforma. Los hay, afectados incluidos que están a favor del proyecto municipal. Las razones son diversas. Entre las principales están las expectativas económicas, como también la expulsión de los vecinos gitanos que viven en el barrio. «Que lo tiren ya, con tal que se vayan los gitanos» es una expresión que se oye mucho. Aunque eso suponga algunos de ellos también tengan que marcharse. En realidad no estamos hablando de un colectivo gitano que, por vivir en situación de destacada marginalidad, sea problemático. Es más el estigma simbólico que comporta la presencia allí de un colectivo definido del que, sobre todo, molesta sus costumbres y su estilo de vida. En paralelo a este sentimiento de «violación» del espacio social del barrio, muchos de estos vecinos señalan que los de la Plataforma no son «gente del barrio». Son gente de fuera. Es cierto que hay gente en la Plataforma que bien simpatiza con su causa que no vive en el barrio o que se han instalado en él en los últimos años, pero la mayor parte de los miembros de la Plataforma, especialmente, el núcleo más activo, «son del barrio» o viven en él desde hace años.

La otra crítica que se les hace es que se trata de gente «muy politizada». En realidad ambas críticas tienen una doble función simbólica. De un lado, de autojustificación de la opción escogida. De otro, de deslegitimación de las actitudes y posición de los oponentes, esto es, de la Plataforma. Los mismos puntos que aquéllos esgrimen se les pueden aplicar igualmente a ellos mismos. En primer lugar, el proyecto ha sido aprobado por un equipo municipal «foráneo», sin ningún tipo de consulta ni diálogo con las entidades vecinales, que pretende poner en manos de la iniciativa privada (también externa al barrio) gran cantidad de suelo de alta calidad. En segundo lugar, los que afirman que los de la Plataforma están muy politizados son fieles votantes del partido que gobierna el municipio, y que es el que pretende llevar a cabo el proyecto.

Como sugiere Prats (1997), como investigadores sociales, nuestra función no es sin más la de dar por sentado los valores del patrimonio. Este es una construcción social y debemos, por tanto, explicar qué está pasando en nuestras sociedades para que los más diversos agentes sociales se hayan sumado a su defensa y promoción. Señalar que nuestros agentes han escogido la vía patrimonial como estrategia defensiva, dejaría sin explicar lo más importante: )qué ha sucedido en el mundo en que vivimos para que el patrimonio artístico, cultural, histórico, paisajístico o etnológico haya alcanzado tal relevancia y sea susceptible de alcanzar tanta potencialidad axiológica y ontológica?

Aunque no hemos llegado a trabajar esta cuestión, para explicar la novedad de este movimiento "patrimonializador", se han subrayado varias hipótesis explicativas (cfr. Hernández Martí 2002). Muy resumidamente, algunas de ellas, complementarias entre sí, son las siguientes: a) es un movimiento centrípeto de reacción frente a los procesos de globalización que están actuando a nivel mundial, donde se busca y reclama una identidad particular frente a la percepción de una creciente homogeneización de las pautas culturales, b) es producto de la generalización de una conciencia catastrófica, de peligro, en la sociedad mundial del riesgo, c) es el resultado de la acentuación de las tendencias reflexivas de la modernidad que conduce a una apropiación racional de la tradición (en el caso que nos ocupa por parte de la sociedad civil), que sería la manera que la modernidad tardía o reflexiva tiene para recuperar elementos del pasado, d) es una expresión de descontento y desconfianza hacia el modo de vida industrial y tecnológico como también hacia sus excesos, que se traduciría en el paso de unos valores materiales a unos valores posmateriales, y, e) dicha retradicionalización es la otra cara de la moneda de procesos de mercantilización y espectacularización propios de la sociedad posmoderna.
 

Conclusiones

Hemos visto en este trabajo cómo desde la actividad organizada por parte de la sociedad civil se ha estructurado un fenómeno relativamente novedoso, y que posee una doble vertiente de interés para los antropólogos: de un lado, el patrimonio y, de otro, las identidades y recursos sociales que con él se vinculan y que consigue movilizar. Ambas perspectivas deben ser integradas para analizar los procesos de valoración social de los agentes, así como los conflictos que generan o que subyacen a ellos. Aunque irreflexiva y erróneamente podría pensarse que dichos procesos están dirigidos a la conservación descontextualizada y nostálgica del pasado, en realidad están encaminados a garantizar y gestionar su futuro en la sociedad contemporánea, lo cual los hace doblemente actuales. En primer lugar, porque la actuación de tales agentes es el resultado de la propia acentuación de la reflexividad y de los riesgos en las sociedades modernas (cfr. Beck, Giddens y Lash 1994; Ariño 2001), y, en segundo lugar, porque sus ojos no miran sin más al pasado con añoranza, sino más bien al futuro con la esperanza de un modo de vida amenazado por un modelo desarrollista que se revela cada vez más inviable.

1. La sugerencia temática para este trabajo, así como también las primeras orientaciones me las proporcionaron Gil-Manuel Hernández y Antonio Ariño. Aunque no por ello tienen responsabilidad sobre el resultado final, sí me gustaría agradecerles su ayuda, así como también a Juan Ilerbaig y a Santiago Fernández Ardanaz. Asimismo me gustaría hacerlo con los miembros de la Plataforma «Salvem el Cabanyal-Canyamelar-Cap de França», por su ofrecimiento. De aquí en adelante nos referiremos a ella abreviadamente como «Salvem el Cabanyal». Ésta, como en general ocurre en las Plataformas, no tiene un número determinado de miembros, pues, la pertenencia es fluida. Más útil resulta hablar de distintas formas de implicación, lo cual es común a la mayor parte del asociacionismo voluntario. Para hacernos una idea, en total, se podría hablar de una agrupación de unas dos mil personas, alrededor de un núcleo muy activo de unas pocas decenas.

2. En el caso del Estado español, también la institución eclesiástica ha desempeñado un activo papel como agente patrimonializador.

3. En dicho trabajo, García Canclini distingue cuatro paradigmas político-culturales de valoración y actuación con relación al patrimonio, a saber: a) el tradicional-sustancialista, b) el mercantilista, c) el conservacionista y monumentalista, y d) el participativo. Cada uno de ellos está en relación, diferencial, con distintos agentes sociales y económicos de la sociedad. La primera es elitista; la segunda, capitalista; la tercera, estatista y la cuarta, popular.

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