En los últimos años se presenció en Argentina ciertos eventos significativos en relación a cuestiones étnicas, especialmente en lo relativo a los pueblos indígenas. Algunos hechos se asocian a las reiteradas exigencias que desde las propias organizaciones indígenas se lanzan al Estado argentino con la finalidad de que se respeten y cumplan sus derechos, otros acontecimientos se vinculan a la reforma de la Constitución Nacional en 1994 que trajo aparejada la emergencia de identidades étnicas que desde la sociedad nacional se suponían extintas, a la celebración del Foro Nacional titulado Derecho de los Pueblos Indígenas en la Política Pública, en mayo del 2004, al accionar de las distintas ONG en favor de los derechos indígenas, a las actuaciones de los gobiernos nacionales y provinciales, etc. Todos estos sucesos señalan la necesidad de implementar cambios dirigidos a la protección de las sociedades indígenas y a la preservación de su entorno más inmediato. En fin, la presencia de un debate en la política pública argentina relativo a la presencia indígena comienza a romper un extenso proceso histórico caracterizado por la constante invisibilización de las sociedades indígenas (1). Los recientes procesos de reetnización en Argentina, plasmados en la emergencia de varios grupos indígenas que exigen su reconocimiento y el cumplimiento de sus derechos conduce a la necesidad de plantear profundas reformas en el Estado argentino, en su política indigenista, y en que reconozca finalmente la diversidad étnica, social y cultural que existe en la sociedad argentina.

Personalmente considero que los actuales conflictos, enfrentamientos, alianzas y negociaciones entre las partes comprometidas (indígenas, criollos, colonos, gobiernos municipales, provinciales, nacionales, ONG, empresarios capitalistas, el aparato estatal, etc.) deben ser interpretados a la luz de los fenómenos históricos, sociales y culturales, integrados en el contexto local, regional, nacional y mundial. Es en este sentido que postulo que la reconstrucción histórica de las sociedades indígenas y del Estado nacional argentino evidencian una continuidad en el tiempo que establece una clara conexión entre la génesis histórica y la estructura actual. Siguiendo esta línea argumental cabe señalar que la reconstrucción de los procesos históricos, de las prácticas sociales y culturales y de la memoria colectiva plasman en la sociedad hegemónica un cierto grado de variabilidad que se opone al característico proceso histórico implementado por el Estado argentino que tiende a imponer en toda la sociedad una homogeneización cultural, social y económica absoluta.
 

Sobre política y resistencia indígena en Argentina

Comenzaré por referirme a los enfrentamientos, negociaciones y alianzas actuales pero sin dejar de lado los procesos sociohistóricos que fueron configurando la situación actual que viven las sociedades indígenas y que sirven en parte para entender, comprender y explicar el presente. Uno de los últimos conflictos se relaciona con las políticas gubernamentales de la provincia de Salta respecto a una reserva natural y a una comunidad indígena wichí que vive en dicha reserva. La provincia de Salta posee una gran variedad de ambientes ecológicos a pesar de las políticas locales que no tienen en cuenta el valor de la biodiversidad actual. Muchas de éstas áreas se caracterizan por la presencia de comunidades indígenas que, en contados casos, tienen los títulos de propiedad de la tierra. En estas condiciones no es de extrañar que se generen conflictos entre las sociedades indígenas y el gobierno provincial asociados a la propiedad de la tierra y a las políticas impuestas desde la gobernación provincial que conducen a la degradación del medio ambiente salteño.

Uno de los múltiples conflictos se desencadenó cuando en los meses de febrero y marzo del 2004 la Legislatura de Salta aprobó un proyecto de ley del Poder Ejecutivo provincial con el fin de desafectar 25.327 hectáreas de los lotes fiscales 32 y 33, que desde el año 1995 constituían una reserva natural (Reserva de Pizarro) donde habitaban criollos e indígenas. Esta reserva provincial comprende una franja de selva pedemontana o de transición situada junto a la ruta 34, desde Salvador Maza (norte) hasta Pichanal y es un ambiente de interfase entre la región del Chaco y las Yungas. La reserva se encuentra actualmente en el umbral de extinción. El Gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, desafectó la reserva con la intención de lotearla y rematarla entre los inversores privados, conservando únicamente 4.000 hectáreas de bosque. El gobierno provincial dividió el territorio en siete lotes y el 24 de junio de 2004 entregó las tierras a tres empresas diferentes dedicadas a la explotación agrícola ganadera. Desde la gobernación se argumentó este proyecto afirmando que las tierras constituían un ambiente absolutamente degradado, que las empresas compradoras podrían destinar las tierras a la agricultura (especialmente al cultivo de soja) con el fin de expandir la frontera agrícola ganadera y se apoyaron en la necesidad de la provincia de obtener recursos para pavimentar rutas provinciales. En estas tierras viven comunidades wichís, kollas y campesinos que suman aproximadamente 3000 habitantes. En el marco de este proyecto las 30 familias de la comunidad wichí Eben Ezer serían desalojadas. Así, la Reserva de Pizarro perdió su categoría de área protegida y fue rematada por el gobierno provincial de Salta el 23 de junio de 2004. En respuesta a estas políticas de deforestación, la organización Greenpeace inauguró la Estación Pizarro con el fin de disponer de una base de operaciones permanente para monitorear la reserva y evitar el desmonte. Desde esta organización también se hicieron reclamos dirigidos al presidente de la nación, Néstor Kirchner, para que intervenga de forma urgente. Los denominados jaguares de Greenpeace, que conforman un equipo de activistas que bloquea las topadoras montados sobre motocicletas enduro, recibieron la conformidad de los wichí para continuar con sus intentos de detener la degradación ambiental.

La estrategia de Greenpeace consistió en iniciar una fuerte campaña mediática con el fin de evitar el desmonte de la reserva provincial General Pizarro. Así, Greenpeace junto a otras organizaciones ecologistas lograron convocar a numerosos artistas famosos en Plaza de Mayo. Allí también se encontraban los caciques wichí Simón Pérez y Donato Antolín. Artistas y famosos firmaron un petitorio para enviar al presidente de la nación y vistieron indumentarias que llevaban inscripta la frase: "¡Kirchner, salvá la reserva ya!". Ante la magnitud de la protesta social Kirchner prometió intervenir y en la Casa Rosada recibió a representantes de la comunidad wichí que viven en la reserva. Finalmente, el presidente de la nación ordenó crear una reserva nacional y el titular de la Administración de Parques Nacionales (APN), Héctor Espina, inició la compra de parcelas. En principio, la provincia de Salta se mostró de acuerdo en que la mayor parte de la zona loteada pasara a jurisdicción nacional (APN). Con esta acción, el gobierno nacional intentó recuperar parte de la zona loteada (el valor de la tierra aún es bajo porque la provincia todavía no autorizó el desmonte) y mantener un cordón que no pueda ser deforestado con el fin de garantizar la continuidad ecológica y darles a los wichí un título de propiedad comunitaria. En la actualidad el reclamo por la posesión de las tierras de manera comunal sigue vigente y las reivindicaciones de las diferentes comunidades indígenas se manifiestan en cientos de conflictos a lo largo del país exigiendo sus derechos bajo esa forma de tenencia (Isla 2002). El acuerdo dejo conforme a la comunidad wichí y a Greenpeace quien decidió levantar la estación de monitoreo General Pizarro y estudiaron la posibilidad de retirar el recurso planteado ante la Corte Suprema de Justicia por Greenpeace, las Fundaciones Recursos Naturales Renovables y Vida Silvestre (FVSA).

También fue en la provincia de Salta el escenario en donde se produjo otro conflicto que puso en evidencia los intereses contrapuestos y las diferencias en cuanto a las políticas indigenistas entre el gobierno provincial de Salta, presidido por el gobernador Juan Carlos Romero, y el gobierno nacional de Kirchner. El derecho de los pueblos originarios al territorio está reconocido por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales. Sin embargo, la estrategia del gobierno salteño fue la de pretender convocar un referéndum, junto a las elecciones legislativas del 23 de octubre de 2005, para resolver el reclamo de 647.000 hectáreas en los lotes 55 y 14 del departamento de Rivadavia. El territorio en disputa constituye un monte degradado y poco productivo donde habitan aproximadamente 6000 indígenas de las etnias wichí, chorote, chulupí, toba y tapiete, la mayoría nucleados en la Asociación Lhaka Honhat, la cual reúne a 42 comunidades indígenas. Del plebiscito, diseñado por la gobernación salteña, debían participar todos los habitantes del departamento, incluidos los criollos que no viven en la zona de litigio. El gobierno salteño conoce perfectamente que los reclamos indígenas por las tierras da lugar a conflictos interétnicos entre indígenas y criollos. El plebiscito puso en evidencia la forma en que el gobierno provincial de Salta utiliza políticamente este conflicto interétnico con el fin de apaciguar los reclamos indígenas en la lucha por las tierras (Trinchero y Leguizamón 2004). Es claro que el plebiscito constituye una flagrante violación al marco jurídico nacional y que además es improcedente que en la consulta emita opinión gente que no se encuentra involucrada en el litigio, ni en el área, como los habitantes de Rivadavia Banda Sur cuando el Lote fiscal Nº 55 se sitúa en Rivadavia Banda Norte.

El proyecto de ley del referéndum fue aprobado por la Legislatura salteña y pasó a la Cámara de Senadores para su revisión, a pesar de las cartas enviadas a los diputados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y por antropólogos de la Universidad de Salta (UNSA) solicitando el rechazo del proyecto.

La iniciativa del gobierno de Salta fue duramente criticada por diversos sectores pero especialmente por el gobierno nacional, cuya acción afectó directamente su imagen y fundamentalmente su proyección hacia el exterior. En este contexto, el International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) criticó enfáticamente al gobierno nacional por su inacción frente a este y otros casos (p. ej. el de las comunidades Nam Qom de Formosa y Misión Tonono en Salta, reprimida en el contexto de reclamos territoriales), y en una carta dirigida el 11 de julio al presidente Kirchner advirtió al Estado nacional que corría el riesgo de ser condenado internacionalmente como un Estado que viola los derechos humanos de los pueblos indígenas (Indymedia 11 de julio de 2005). En respuesta a estas críticas y a las presiones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Secretaría de Derechos Humanos y la Cancillería de la Nación, expresaron su preocupación por este referéndum. Desde la Asociación Lhaka Honhat se señaló que la iniciativa del gobierno provincial rompió el diálogo iniciado en el 2000 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que participaron los vecinos de la zona conjuntamente con las autoridades del gobierno nacional y provincial y que se había acordado no tomar ninguna decisión por fuera de este proceso (Indymedia 11 de julio de 2005). El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que en 1999 llevó el reclamo indígena ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunció a la provincia de Salta ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la consulta sobre un derecho consagrado en la Constitución Nacional. 

La estrategia del gobierno provincial fue intentar dividir a los caciques wichís de los lotes 55 y 14. Éstos denunciaron que el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) entrega personerías jurídicas y nombra unilateralmente caciques para dividir las comunidades de los lotes 55 y 14. El gobierno salteño opera de esta forma con el fin de dividir las comunidades y obtener ventajas en el litigio con intenciones de entregar las tierras a ex-funcionarios y a empresas multinacionales. La elección de los caciques delegados del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) produjo una fractura entre los representantes de las etnias, que con el apoyo del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), logró profundizar la divergencia y finalmente dividirlos. La elección del cacique Filiberto Barbieri como presidente del Consejo Consultivo del INAI produjo un debilitamiento político del cacique Francisco Pérez de la Asociación Lhaka Honhat. Las diferencias en las comunidades fueron potenciadas por las iniciativas del gobierno provincial, de sus empleados, y de sus redes de clientelismo político. La entrega de planes de jefes y jefas de hogar con fines políticos, la construcción de viviendas a ciertos miembros de las comunidades, etc., son herramientas utilizadas por la gobernación salteña para crear fracturas internas que son denunciadas por la Asociación Lhaka Honhat (Indymedia 11 de julio de 2005). En este sentido es importante señalar lo destacado por Isla (2002) en cuanto a la existencia de una concepción anacrónica en la mayoría de los estudios rurales latinoamericanos sobre el Estado que se analiza como un instancia física externa, separada y lejana de la localidad relegando el costado político de las relaciones sociales. Muchos miembros de las comunidades indígenas aspiran a un empleo estatal, a pensiones, jubilaciones, asistencias sociales, etc., y los gobiernos conscientes de esto lo utilizan a su favor, bien para obtener rédito político, bien para dividir a las sociedades cuando poseen opiniones contrarias a su política.

En el marco del conflicto por el referéndum, caciques wichís de Salta se acercaron hasta la Casa Rosada para reunirse con funcionarios del Ejecutivo Nacional y exigir su intervención ante el gobierno provincial de Salta. El reclamo de los wichís fue apoyado por otras comunidades indígenas y por la representante mapuche Verónica Huilipan, perteneciente a la Comisión de Trabajo, quien consideró que se podía abrir una nueva etapa en la relación entre el Gobierno nacional y las comunidades indígenas con propuestas políticas nuevas para construir un país intercultural.

En los dos casos expuestos, es decir los Lotes 32 y 33 de General Pizarro y los Lotes 55 y 14 de Rivadavia, se muestra la incapacidad del gobierno salteño para implementar un política indigenista integradora y en concordancia con las leyes vigentes del ámbito nacional e internacional. Es más, una política integradora de los sectores marginales pareciera contrario a los intereses políticos de la gobernación, como se reflejo en la campaña mediática llevada a cabo entre 1993 y 1998, en contra de comunidades kollas que reclamaban la restitución de sus tierras. En ese momento la estrategia del gobierno salteño fue la de afirmar que se trataban de grupos aimaras bolivianos (a pesar de ser kollas salteños) anteponiendo su condición de kollas a la de argentinos (Bartolomé 2004). La política indigenista del gobierno salteño deja disconforme a la mayoría de los actores sociales: las comunidades indígenas, las asociaciones, las ONG, al gobierno nacional y a los organismos internacionales, perjudicando la imagen de Argentina en el exterior que emerge como un país que no respeta los derechos humanos de las poblaciones indígenas. A pesar de que el gobierno de la provincia de Salta actuó de forma diferente en los dos casos, en uno desafectando a una reserva natural y en el otro implementando un plebiscito violatorio de la Constitución Nacional, la política indigenista salteña se caracteriza por una constante: la violación del marco jurídico nacional e internacional. Su accionar político construye un contexto social que se distingue por instaurar el conflicto, el malestar generalizado, y la falta de confianza en sus gobernantes ya que no respeta los compromisos previos que la misma provincia adquirió al prometer la entrega de tierras fiscales a las poblaciones indígenas que en ella habita (Decreto 2609 del año 1991).

Otro conflicto en la provincia de Salta sucedió en septiembre de 2003 cuando familias pertenecientes a la comunidad Ava Guaraní decidieron recuperar las tierras que reclaman conocidas como La Loma. Esta comunidad fue desplazada en la década de los 40 por el Ingenio San Martín (Compañía multinacional Seabord Corporation). Los indígenas al intentar recuperar el 16 de septiembre de 2003 sus tierras fueron desalojados compulsivamente, sin orden judicial escrita, y debieron soportar una brutal represión policial. Al cumplirse dos años del desalojo, las comunidades guaraní de Orán volvieron a reclamar por las 5000 hectáreas usurpadas por la compañía multinacional. La protesta se efectuó a través de una movilización hasta la entrada de la empresa azucarera, y posteriormente ingresaron al predio sin que la guardia privada de Search Corporation pusiera restricciones u obstáculos. Los manifestantes (aproximadamente 100 personas) visitaron el denominado "cementerio nuevo" y durante todo el recorrido estuvieron escoltados por efectivos de la policía. Otras movilizaciones se dirigieron hacia la capital provincial (octubre de 2003) y hacia Buenos Aires, la primera hasta el Congreso Nacional (diciembre de 2003) y la segunda al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (abril de 2004). 

He preferido destacar los conflictos acaecidos en la provincia de Salta porque su gobernación mantiene una política indigenista que viola notoriamente los derechos de los pueblos indígenas y que resulta absolutamente contradictoria con los principios que emanan del derecho internacional y de la Constitución Nacional. Sin embargo, los litigios entre las comunidades indígenas y los gobiernos provinciales y nacionales se extienden por todo el país. Por enumerar solo algunos de los variados y graves conflictos recientes, se puede citar en la Provincia de Jujuy los daños ocasionados en el territorio de las comunidades kollas Rachaite, Pucara y Tumbaya por la construcción del Gasoducto Norandino que transportará gas a Chile. Su trazado de 880 km. de longitud afecta a casas, zonas de pastoreo, de cultivo, cementerios y sitios sagrados de las comunidades kollas. Las comunidades tampoco fueron beneficiadas con el acceso al servicio de gas. La provincia de Jujuy otorgó en concesión, en el año 2002, la explotación de oro en el río Orosmayo, dentro del territorio de la Comunidad de Liviarra. El lavado de oro se realiza con cianuro que es vertido directamente a las aguas del mismo río. La provincia de Jujuy justificó su accionar en la creación de puestos de trabajo y en el desarrollo económico. El gobierno de la provincia del Chaco procedió a vender tierras en las que se situaba el cementerio toba de la Colonia Sol de Mayo para la siembra de soja. El acto fue profundamente repudiado por los indígenas quienes reclamaron la devolución de los restos de sus antepasados. El 16 de abril de 2004, la Cámara de Diputados de la provincia de Formosa aprobó un proyecto del Poder Ejecutivo provincial de expropiación de tierras. La ley Nº 1.439 declara de utilidad pública y sujeta a expropiación la tierra donde habitan las comunidades pilagás de Campo del Cielo con la intención de llevar a cabo el Complejo Hidrovial de la ruta provincial Nº 28. El gobierno de la provincia de Misiones, aduciendo la necesidad de realizar un plan estratégico de desarrollo turístico y modernización de servicios pretende despojar de las tierras a la comunidad yriapú. También autorizó a la Empresa Moconá Forestal S.A., por intermedio del Ministerio de Ecología, a la deforestación del territorio donde habitan comunidades indígenas. El gobierno de la provincia de Mendoza no cumplió su obligación de mantener una cuota de agua en el río Mendoza con la finalidad de que se conserven las lagunas del Huanacache. En la provincia de Neuquén la comunidad mapuche Gelay Ko sufre la persistente contaminación petrolera y el gas que emana de los pozos petroleros contamina el aire de forma permanente. El agua escasea y la napa freática está contaminada. La población sufre irritación en los ojos y problemas respiratorios. En la provincia de Chubut la contaminación de los lagos por la cría de peces genera diferentes enfermedades en la población mapuche y en sus animales. Las comunidades tehuelches de las provincias de Chubut y Río Negro sufren las consecuencias de la exploración de minas de oro y plata que llevan a cabo diferentes empresas. Así, los conflictos se suceden sin interrupción a través de todo el territorio argentino (2).
 

Los conflictos a través del período colonial, republicano y moderno

La población indígena de América está estimada en cincuenta millones de individuos y cuenta con más de cuatrocientos pueblos nativos que evidencian diferencias étnicas y culturales entre sí y en muchos de los países latinoamericanos existe una gran multietnicidad y pluriculturalidad (Hernández y Calcagno 2003). Esta diversidad y complejidad se muestra en diversos ámbitos, por ejemplo en las formas de tenencia de la tierras (resguardos, reservas, ejidos, propiedad privada, empresas comunitarias y propiedad comunal), en el ámbito económico (cazadores, recolectores, horticultores, pastores, agricultores, servicio doméstico, comercio informal, obreros, braceros, trabajadores de la construcción, etc.), en el aspecto demográfico (sociedades con menos de cien personas hasta algunas que registran más de un millón de personas), en el contexto lingüístico (monolingües, bilingües o polilingües), etc. (Sandoval Forero 1999). Sin embargo, la característica distintiva de los pueblos indígenas es la de ser los primeros habitantes (autóctonos) en los territorios que habitan y antecesores de los procesos de ocupación que se siguieron a lo largo de la historia. Los indígenas en América Latina tienen en común cinco siglos de historia marcados por la explotación, la usurpación, la represión y la discriminación. En la actualidad presentan los indicadores socioeconómicos más bajos y conforman los estratos más bajos de las sociedades nacionales.

Para tener una mejor perspectiva y comprensión de los reclamos indígenas y de su relación conflictiva con los Estados nacionales considero que debemos analizar el fenómeno a lo largo de tres períodos históricos, cada uno de los cuales exigió una gran habilidad y capacidad de adaptación por parte de los pueblos indígenas para subsistir a los embates que sufrieron desde ámbitos foráneos. Durante el período colonial, caracterizado por una violencia extrema con el fin de someterlos, los indígenas fueron percibidos por los españoles como los "bárbaros y salvajes" a los que se les debía imponer el idioma, la religión y las autoridades. El período republicano implicó para los Estados nacionales grandes dilemas sobre la cuestión aborigen y los recientes Estados latinoamericanos debieron debatir sobre las actitudes que debían adoptar. En el caso de Argentina se llevaron a cabo dos campañas militares, la primera hacia el sur del país (Pampa y Patagonia) y la segunda hacia el Chaco, que diezmaron en gran número a las poblaciones indígenas. Las campañas militares organizadas por el Estado nacional argentino lograron expulsar compulsivamente a los indígenas de sus territorios. La política del Estado argentino se orientó a adecuarse a las demandas de los mercados capitalistas, nacionales y extranjeros. En este contexto se generó un dilema en la percepción del indígena: por un lado se les veía como un obstáculo para el progreso de la nación pero, por otra parte, se les necesitaba como mano de obra, estacional y de bajo coste, para poner en funcionamiento a las distintas empresas capitalistas. El período contemporáneo se caracteriza por la globalización y en este contexto los pueblos indígenas atraviesan por un nuevo y profundo proceso de cambio social de características distintas a las etapas de penetración colonial o de conformación republicana (Villena 2000).

El período colonial se caracterizó por la formación de una frontera simbólica impuesta por los conquistadores que se tradujo en términos de civilización en oposición a la barbarie. Este esquema respondió a una clara necesidad por parte de los españoles de poner orden a la creciente diversidad de los pueblos nativos que encontraban en su avance con el objetivo práctico de integrar las sociedades amerindias en su esquema de dominación. Según Taylor (1994) el divorcio entre los espacios civilizados y salvajes se consumó hacia finales del siglo XVI en el contexto de la economía colonial que se organizaba en torno a la explotación minera de las tierras altas, conformando un importante polo de atracción mientras que se despoblaban otras áreas que se tornaban incontrolables y rebeldes. Se advierte que casi por tres siglos la estructura colonial española no necesitó de las denominadas "tierras bajas suramericanas", así se entiende que las extensas regiones del Chaco y de la Patagonia argentina hayan permanecido bajo el control de grupos indígenas. El proceso de colonización español se centró fundamentalmente en la región del noroeste argentino que permanecía habitada por sociedades sedentarias influidas por la cultura andina. La construcción del imaginario civilización/ barbarie justificó la dominación de los pueblos bárbaros en nombre de la civilización. Los colonizadores percibieron a las "naciones indias" como sociedades culturalmente homogéneas y establecieron un claro isomorfismo entre territorio, lengua y cultura que se perpetuará a través de la historia americana. Así es, a fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX la ciencia positivista necesitaba fijar y delimitar sus "objetos" de estudio y la homogeneidad de las sociedades ayudaba en ese sentido. Entrado el siglo XX, con la etapa republicana este imaginario resultó necesario para determinar los modos de construcción de las repúblicas americanas y las políticas a adoptar. Las autoridades coloniales se inclinaron a desconectar el tejido social indígena aislando por completo las unidades sociopolíticas nativas con el fin de evitar conspiraciones, alianzas y rebeliones. Así, el período colonial se caracterizó por la imposición de los esquemas colonizadores basados en el estricto control social, en el sometimiento, en el uso de la violencia y en la imposición de tributos (Rodríguez Mir 2002).

El período de construcción de los Estados nacionales en Latinoamérica se caracterizó por la necesidad de imponer una homogeneización social y cultural. Este proceso dependerá en las distintas repúblicas latinoamericanas de muchos factores, entre ellos del porcentaje de población indígena, de la capacidad de inserción en el mercado mundial, y de la capacidad y proyectos de la clase gobernante para forjar la nación. En el caso de Argentina, adquirió relevancia la idea del progreso ("civilización y progreso") que se representó en lo urbano y especialmente en Europa. En consecuencia, la clase política argentina generó mecanismos favorables para la inmigración con la intención de atraer contingentes de europeos para promover la civilización y el progreso en toda la sociedad. Las poblaciones indígenas se convirtieron en el objetivo a civilizar. El proyecto de los gobernantes argentinos civilizaba hacia el interior y confería singularidad e identidad hacia el exterior ya que Argentina emergía en Latinoamérica como un país pionero en implementar este proyecto nacional. En el contexto de la formación del Estado nacional argentino se hizo necesaria la incorporación de las regiones conocidas como "fronteras interiores" (El Chaco y La Patagonia) al territorio nacional. Estas regiones permanecían aún bajo el dominio indígena. La necesidad del Estado argentino de anexar estos territorios se sumaba a los objetivos económicos del capitalismo que precisaba materias primas y mano de obra. Estos objetivos justificaron la brutal represión contra los "salvajes bárbaros". Una razón económica pugnaba por la incorporación del Estado nacional a un sistema económico mundial y en este marco urgía transformar las denominadas "fronteras interiores" en regiones productivas al servicio de la economía capitalista. Esto implicaba la eliminación o transformación de los modos de producción indígena para alcanzar las formas capitalistas que posibilitaran la inserción de Argentina en el mercado mundial. La construcción del Estado argentino se asoció a la creación de un campo de poder donde los capitalistas pugnaron por tener acceso y beneficios del poder estatal. La consecuencia inmediata de las campañas militares fue la apropiación, por el uso de la fuerza y la represión, de las tierras indígenas. Las mismas fueron entregadas a diversas compañías colonizadoras. Las poblaciones indígenas se vieron forzadas a recluirse en zonas apartadas, inhóspitas, inaccesibles e improductivas, o bien a incorporarse al sistema capitalista como mano de obra estacional y de bajo coste. Todo este proceso implicó la desestructuración de los modos de vida indígena y la subsunción de las poblaciones indígenas a la economía de mercado. En la región del Chaco muchas poblaciones indígenas fueron obligadas a trasladarse caminando cientos de kilómetros para trabajar en los ingenios azucareros en un régimen de explotación y terror. Hacia 1860 se contabilizaban cerca de 24 ingenios en el noroeste argentino que producían miel de caña, azúcar y aguardiente. En el Chaco se aplicó la coerción física directa y brutal, esclavizando a las poblaciones indígenas, con el fin de controlar la mano de obra. Durante la época colonial se sucedieron las "expediciones de caza" con el fin de apropiarse de la mano de obra indígena, entrada la etapa republicana las estrategias para garantizar la mano de obra fueron la "obligación del conchabo" por el cual se obligaba a los individuos, a través de los contratistas, a regresar el próximo año, el pago con fichas, vales o bonos que se podían intercambiar únicamente en la zafra, el peonaje por deudas en las tiendas de ramos generales, el pago del arriendo de tierras con trabajo, etc. Los castigos corporales, con el látigo y el cepo, para el disciplinamiento laboral generaba terror entre las poblaciones indígenas durante los meses de la plantación (Isla 2002). Estos hechos históricos no pueden ser pasados por alto cuando se analiza el litigio que mantienen en la actualidad las comunidades indígenas de Salta con el Ingenio San Martín de la compañía Seabord Corporation. 

La formación del Estado argentino comportó el uso de la violencia para apropiarse de sus territorios, la imposición de una brutal represión para obligarles a incorporarse como mano de obra, y una política estatal que impuso en toda la sociedad nacional un imaginario que suponía que los indígenas habían sido exterminados durante las campañas civilizatorias de los militares. A pesar de que la presencia pública de los aborígenes argentinos es cada vez más frecuente, aún persiste en gran parte de la sociedad nacional la idea de que los indígenas fueron totalmente exterminados y que ya son parte del pasado o bien que por el mestizaje con contingentes europeos se generó una población criolla que desplazó a los nativos (Carrasco 2002). En palabras de Bartolomé (2004) la ideología racista, derivada de la guerra de conquista, se extendió a los inmigrantes europeos quienes despreciaron a los indígenas y los consideraron un arcaísmo residual prescindible. Así, el dominio colonial indígena dio lugar en la etapa republicana a la marginación y subordinación de los indígenas mediante la apropiación de sus tierras, la explotación económica y los intercambios asimétricos. Todos estos procesos culminaron con la desestructuración de los modos de subsistencia indígena, con la pérdida de sus territorios, y quedaron confinados y olvidados en los rincones más remotos del país debido a las políticas estatales de invisibilización indígena.

Muchos autores piensan en la globalización como un fenómeno que comporta un proceso de "colonización" moderna. Estas perspectivas enfatizan en un solo contexto, ya sea el económico, ecológico o cultural (por ello se dice que poseen una visión reduccionista) y predicen que la globalización conducirá inevitablemente hacia una homogeneización cultural, o bien hacia la imposición de un modelo económico único, o bien hacia la desaparición de los Estados nacionales. Sin embargo, es interesante destacar que en contraposición con la perspectiva que sostiene que la globalización conducirá a una homogeneización cultural, en el caso de Argentina se produjeron fenómenos sociales de reemergencia y revitalización étnica y cultural. Isla (2002) señala que a partir del retorno de la democracia en 1983 un grupo de activistas indígenas quilmeños se reconocieron en la identidad calchaquí y que la reforma constitucional de 1994 impulsó con mayor fuerza sus reclamos territoriales. Así fue, entre los indígenas presentes en el marco de la reforma de la Constitución Nacional se encontraban (para sorpresa de antropólogos, etnógrafos y la sociedad general) representantes de los pueblos huarpes y onas, que desde la sociedad nacional se creían desaparecidos por completo (Slavsky 1998). De repente, grupos de tehuelches, de selk'man de Tierra del fuego, de tonocotés del noroeste argentino, de mocovíes del Chaco, etc., reclamaron su reconocimiento e identidad ante la sociedad nacional (3). En este sentido es deseable la construcción de sistemas sociales y políticos que puedan dar cuenta de la multietnicidad presente. La actual emergencia indígena hace necesaria e imprescindible la reconfiguración del Estado nacional argentino, es de imperiosa necesidad abandonar la hipótesis que propone la homogeneización social y cultural como condición esencial para conformar un país moderno y avanzado, y reemplazarla por posturas que adhieran a perspectivas pluriétnicas y multiculturales que reconozcan el valor de la diversidad. Siguiendo a Villena (2000) considero que la globalización representa un proceso multilineal y complejo que presenta múltiples desafíos y oportunidades para los pueblos indígenas. Esta línea argumental propone que la globalización necesita de contextos socioculturales que lo posibiliten y que lo local se puede convertir en espacios de gestión global donde la posibilidad de revitalización de lo local depende de las condiciones de "adherencia" a lo global.
 

La inserción de los pueblos indígenas en el panorama mundial

En cuanto a la globalización entendida, no de forma lineal, sino como un complejo proceso multilineal surge la pregunta de cómo los pueblos indígenas pudieron insertarse en el panorama mundial y transformarse en protagonista en los debates y foros internacionales. Evidentemente una de las estrategias de los pueblos indígenas fue la de encausar sus reconocimientos, derechos y reclamos en el ámbito de la protección medioambiental. La expansión del sistema económico occidental se encontró frente a un ecosistema vulnerable que ya no podía seguir funcionando, ni como una fuente de recursos naturales y materias primas inagotables, ni como un sumidero de desechos. El deterioro ambiental se agudizó en muchos de los territorios indígenas afectando directamente a sus poblaciones. Desde la perspectiva indígena, los recursos naturales son vitales para la subsistencia en tanto su economía se basa en el uso controlado, limitado y adecuado de los medios disponibles de su entorno más inmediato. La racionalidad empresarial considera a estos recursos naturales como "bienes de cambio" (Hernández y Calcagno 2003) y los trata como si fuesen recursos inagotables. Ante el incremento del deterioro medioambiental generalizado en todo el planeta, surgió la corriente "conservacionista" promovida por las organizaciones ambientalistas (opuesta al desarrollismo propiciado por los Estados nacionales latinoamericanos). Los "conservacionistas" parten de la premisa de que la biodiversidad constituye un valor preciado que debe ser conservado y protegido. En este sentido, y ante las políticas estatales "desarrollistas", propusieron un manejo y control global de los recursos ambientales. Los Estados nacionales se ampararon en esta hipótesis y con ella justificaron la expropiación de las tierras indígenas argumentando que las prácticas de los pueblos indígenas representaban una seria amenaza para la protección de los recursos naturales. El mal uso de los recursos naturales por parte de los autóctonos fue el discurso ideológico que primo en los sectores hegemónicos para legitimar la apropiación territorial y propiciar la integración del país de acuerdo con las necesidades del capital. El accionar estatal abrió el camino para la expansión del frente agrícola ganadero, de las empresas capitalistas y de otros agentes económicos. Sin embargo, los pueblos indígenas se pudieron sobreponer a este avasallamiento por parte de los estados nacionales y lograron conformar alianzas estratégicas con las organizaciones ambientalistas. Así, los pueblos indígenas se convirtieron en un actor global importante en lo referente a temas de desarrollo sustentable y de protección del medio ambiente. Según Villena (2000) otras estrategias que posibilitaron la inserción de los pueblos indígenas en el contexto de la globalización fueron el establecimiento de alianzas indígenas intercontinentales para defender la conservación de los recursos naturales (alianzas horizontales), la creación de organizaciones multiétnicas y transnacionales, la participación en los foros internacionales relativos al medio ambiente y a los derechos humanos y sostener que la protección del medio ambiente es de interés global y que la mejor forma de conservar los recursos pasa por el reconocimiento de los derechos territoriales indígenas. 

Estas estrategias condujeron a un relativo protagonismo de los pueblos indígenas a nivel mundial que en la última década forzó a los Estados nacionales latinoamericanos a aceptarles y reconocerles en sus propias constituciones (4). Sin embargo, a pesar de que los Estados nacionales reconocen jurídicamente sus derechos, de hecho se propicia un trato discriminatorio a los pueblos autóctonos emergiendo las contradicciones entre la sociedad "legal" y la sociedad "real" (Hernández y Calcagno 2003). El derecho para los pueblos indígenas se suele aplicar de forma lenta, en base a fuertes medidas políticas, y el reclamo de las organizaciones indígenas generalmente no prospera como para llegar a una sentencia firme (Alemán 2002). Como bien apunta Sandoval Forero (1999) el reconocimiento formal en la Constitución Nacional y en la normatividad no garantiza el desarrollo de mejores condiciones de vida y de justicia. Para ello se requiere la participación de los pueblos indígenas en las políticas nacionales y que toda la sociedad tome conciencia del incumplimiento de las leyes y normas nacionales e internacionales que amparan a los pueblos indígenas.
 

Sobre demandas, reconocimientos, reclamos y exigencias de los pueblos indígenas

Como hemos expuesto al principio del texto, en la actualidad en Argentina conviven contradictoriamente las políticas indigenistas estatales y provinciales de forma improvisada e inconsistente. El Estado argentino percibe a los pueblos indígenas como demandantes pero no como posibles actores sociales que tomen decisiones en los proyectos que les afectan. Las demandas indígenas pasan por la efectivización de un plan de entrega de tierras en propiedad a sus comunidades y por la participación directa en la toma de decisiones de temas que les conciernen. En este sentido es posible hablar de "discriminación ambiental" en tanto se manifiesta la intención por parte del Estado de que los costos ambientales sean asumidos por un sector de la población (los nativos) o en la exclusión manifiesta de que dicho sector no pueda decidir sobre su futuro. Otras exigencias de los indígenas se asocian a que cesen las injerencias e intromisiones del Estado y de los gobiernos provinciales respecto a la fabricación de líderes indígenas, sobre la base de criterios foráneos, que no hacen más que crear y fomentar divisiones en el seno de las sociedades indígenas.

Las demandas asociadas al principio de autodeterminación en el sentido de que la propia comunidad se constituya en sujeto colectivo de su propio desarrollo y el principio de autogestión con injerencia en las decisiones que les afecten son fundamentales para evitar la exclusión y marginación a la que se ven sometidos. Los reclamos de los pueblos indígenas permanecen asociados a los derechos humanos colectivos: reconocimiento a la cultura, a la identidad, a la propiedad comunal de la tierra, a las asociaciones, a la libre determinación de los pueblos, a los idiomas, etc. El reconocimiento de estos derechos constituye una deuda histórica que debe ser reparada por los Estados nacionales latinoamericanos. Se trata de construir mediante una reforma democrática de los Estados latinoamericanos un reconocimiento de la pluralidad étnica, cultural y social, que promueva los derechos colectivos y que vea en la diversidad la riqueza como un valor fundamental para construir una sociedad multicultural pacífica.
 

Recomendaciones para la inclusión de los pueblos indígenas en la sociedad nacional y en el ámbito internacional

Primero cabe señalar que no existe en la actualidad ninguna voluntad política ni intención firme del Estado nacional argentino, ni de sus gobiernos provinciales, de considerar la participación de los pueblos indígenas en los proyectos previstos y que afectan directamente a las comunidades indígenas, y menos aún de reconocer y respetar sus derechos. La participación de los pueblos indígenas es un derecho constitucional que está avalado por los compromisos internacionales, que el Estado argentino debe hacer cumplir pero que es evidente su incapacidad e inacción para hacer efectivos estos derechos, siendo el propio Estado argentino el que viola frecuentemente derechos indígenas avalados por la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17) y reconocidos internacionalmente (p. ej. por la Organización Internacional del Trabajo). En este contexto se hace imprescindible las propuestas de innovación y de políticas sociales orientadas y destinadas al cumplimiento efectivo del reconocimiento y derecho de los pueblos indígenas, al cumplimiento de la Constitución Nacional (art. 75, inc. 17) y de los marcos internacionales vigentes (Convenio 169 de la OIT y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 27) y a la plena participación de los pueblos indígenas que permita revertir la situación actual de subordinación y marginación en la que se encuentran las comunidades indígenas de Argentina.

Las propuestas tienen que partir de la construcción de un Estado pluriétnico y pluricultural que reconozca el valor de la diversidad y que deje atrás el antiguo paradigma de la homogeneización que tantos conflictos y violencia engendro en el seno de la sociedad nacional. Uno de los efectos de la globalización pareciera ser que es la emergencia y revitalización de los bolsones étnicos y culturales, y en este sentido la multiculturalidad se presenta como la mejor política a seguir con el fin de establecer, a través del diálogo intercultural, una convivencia pacífica entre todas las comunidades y culturas. En este sentido es deseable que para revertir la exclusión y marginación de las sociedades indígenas se pueda lograr la participación del conjunto de toda la sociedad nacional y no sólo de los grupos afectados. Algunos puntos importantes que deben ser resaltados en las propuestas destinadas a la inclusión de las sociedades indígenas en la sociedad nacional se asocian a la revitalización de las identidades étnicas y culturales, a la producción de campañas de sensibilización destinadas a la reducción de la discriminación (en especial la discriminación étnica), a la puesta en marcha de programas sociales gestionados por los propios interesados, a la creación de ámbitos de diálogo y de espacios interculturales, y a la creación de nuevas relaciones que generen mecanismos de autogestión más que de asignación de excedentes a través de políticas asistencialistas (p. ej. planes de jefes y jefas de hogar).

Junto a Alemán (2002) considero que el papel de los antropólogos y científicos sociales debe ser el de acompañar y colaborar con el cumplimiento de los pueblos indígenas en todas las regiones de la tierra con el fin de evitar las violaciones de sus derechos, cumpliendo con el compromiso contraído y reflejado en las Actas de Pátzcuaro (México, 1940). Una mención especial merece el desarrollo y creación de foros internacionales sobre temas vinculados con la preservación del medio ambiente y el cumplimiento de los derechos humanos. Los foros internacionales son herramientas sumamente eficaces que los pueblos indígenas utilizan estratégicamente para insertarse en el panorama mundial y hacer conocer su situación actual. Cuando los Estados nacionales violan los derechos de los pueblos indígenas, éstos tienen la magnífica oportunidad de establecer sus reclamos directamente en el foro internacional sin tener que iniciar un proceso judicial en el ámbito de aquel Estado nacional que dio origen al conflicto. En este sentido no es casualidad que en los últimos años los pueblos indígenas hayan incrementado notoriamente su presencia en los foros internacionales.

La globalización brinda a los pueblos indígenas la oportunidad de que se transformen en protagonistas internacionales en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos y en la defensa del medio ambiente, y que con su presencia en los foros internacionales presionen a los Estados nacionales que incumplen con sus derechos. Sin embargo, a fecha de hoy (noviembre de 2005) asistimos en Argentina a un acalorado debate entre los pueblos indígenas que se representa mediante la realización de dos cumbres enfrentadas que lamentablemente dividen y debilitan el movimiento de los pueblos indígenas. La IV Cumbre de las Américas, organizada por la OEA los días 3 y 4 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata con el lema "Crear trabajo para enfrentar la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática", comportó la discordia interna en el movimiento de los pueblos indígenas que se plasmó en la concreción de dos cumbres enfrentadas: una fue la II Cumbre de los Pueblos Indígenas de las Américas llevada a cabo en Buenos Aires, del 27 al 29 de octubre con el lema "Determinar nuestro futuro guiados por nuestras enseñanzas tradicionales y la Madre Tierra", la otra se trató de la III Cumbre Continental de Pueblos y Organizaciones Indígenas, efectuada en Mar del Plata, del 2 al 4 de noviembre de 2005, con el lema "Otra América es posible".

La Cumbre de los Pueblos Indígenas de las Américas está liderada por la Asamblea de las Primeras Naciones de Canadá (Assembly of First Nations, AFN), la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas de Argentina (ONPIA) (5) y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB). Una forma de participación es a través del Grupo de Revisión e Implementación de Las Cumbres, asistido por el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esta cumbre se propuso debatir los ejes estipulados por la OEA y considerar la importancia fundamental de proteger los derechos inherentes a los pueblos indígenas y formar parte de la nueva economía. En su temario se encuentran los siguientes ítems: análisis de la Declaración de Ottawa y de la Declaración de Quito, estrategias para la participación, incidencia en la Cumbre de los Estados, la situación de la causa en cada país, el cumplimiento o no de los derechos reconocidos, los avances en la soberanía sobre tierras y recursos naturales, las condiciones de trabajo y las mejoras conseguidas, el borrador de la OEA para Mar del Plata y la negociación con los Estados nacionales.

La contracumbre, es decir, la III Cumbre Continental de Pueblos y Organizaciones Indígenas, está promovida por la Coordinación Mapuche de Neuquén (COM), la Comisión de Juristas de la República Argentina (CJIRA) y Abya Yala Nexus (AYN), y cuenta con el respaldado de más de 15 organizaciones indígenas. Esta cumbre propuso discutir las problemáticas propias de sus integrantes: la de los pueblos indígenas, y realizar propuestas para resguardar los Derechos y Territorios e impulsar la construcción de Estados plurinacionales donde prevalezca la diversidad y donde se pueda ejercer la libre determinación como pueblos originarios preexistentes a la conformación de los Estados nacionales. La Alianza Social Continental (ASC) propuso los siguientes temas: América Latina frente al imperialismo y el libre comercio, la OMC y sus implicancias, alternativas al libre comercio y los caminos hacia una integración contra hegemónica, la militarización y la deuda externa.

Las acusaciones entre las dos cumbres fueron recíprocas. De acuerdo a los organizadores de la contracumbre, formar parte de la nueva economía significa profundizar la pobreza, la desigualdad, la exclusión y avanzar hacia el exterminio ideológico de todo pensamiento cultural que cuestione la hegemonía de los países del norte. Acusaron a la II Cumbre de los Pueblos Indígenas de las Américas de estar sostenida por Estados Unidos y Canadá, quienes buscan afirmar el poder y la hegemonía mundial y que su proyecto reside en un modelo económico sin identidad ni nacionalidad. Desde la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas de Argentina -ONPIA- (organizadora de la II Cumbre) su presidente, Víctor Capitán, acusó a la contraparte de estar conformada por funcionarios del Estado que operan en la estructura del Instituto de Asuntos Indígenas (INAI) y por funcionarios del Banco Mundial (BM) con el objetivo de beneficiar a los intereses individuales de quienes la están convocando. Entre estas dos cumbres, representantes de 34 estados deberán tomar una decisión en el marco de la IV Cumbre de las Américas. Sin embargo, de las declaraciones de ambas cumbres se desprenden amplias coincidencias respecto a los objetivos que pretenden alcanzar y a las demandas y exigencias que proclaman. Entre muchos de los puntos afines resaltan la reivindicación del derecho a la libre determinación como naciones y pueblos indígenas a fin de decidir su propia organización política y desarrollo económico, social y cultural, el derecho a la autoidentificación, que el Estado garantice la participación democrática de los pueblos indígenas y que se refleje en el diseño de las políticas pública, que los Estados reconozcan el carácter pluricultural, multiétnico y multilingüe de sus sociedades, que los Estados reconozcan el impacto negativo de sus acciones y políticas equivocadas sobre los pueblos indígenas que condujo al desarrollo destructivo de los recursos naturales, que las políticas estatales de fronteras y límites territoriales dividieron a familias, comunidades y pueblos afectando la integridad colectiva, que se implemente la educación bilingüe e intercultural basado en el respeto mutuo de las diversas culturas, que los Estados reconozcan las medicinas nativas y garanticen el acceso a la sanidad, a los servicios de salud y a la atención médica, que reconozcan la juridicidad y jurisdicción indígena que deviene de principios, valores, normas y reglas propias, que los Estados que no han ratificado el Convenio Nº 169 de la OIT lo hagan y aquellos que lo ratificaron que garanticen su cumplimiento, que los Estados reconozcan el derecho colectivo de los pueblos indígenas sobre tierras, territorios y recursos, de forma inalienable, irrenunciable, inembargable e imprescriptible, el reconocimiento de los derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas a nivel nacional e internacional y la participación plena y efectiva en los planes de desarrollo, el rechazo a la creación de áreas protegidas y de patrimonio común de la humanidad que niegan la posesión, uso y ocupación de la región en cuestión, y el rechazo y repudio a los acuerdos entre los Estados como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el Libre Comercio de América del Norte (TLC), la Iniciativa Regional Sudamericana, (IIRSA), el Plan Puebla Panamá (PPP), el Plan Colombia, el Mercosur, que afectan a la integridad de los territorios y recursos indígenas.

La fractura interna en las organizaciones de los pueblos indígenas provoca un severo debilitamiento del movimiento a nivel internacional. Es deseable que en el futuro se llegue a una reconciliación y reconsideración de los lineamientos a seguir con la finalidad de adquirir mayor peso y para que sus reclamos y exigencias no se queden solo en eso, sino que puedan prosperar y se cumplan en función de los acuerdos internacionales. Solo mostrando un movimiento firme y unido se podrá superar la marginación, la subordinación y la exclusión que históricamente los pueblos indígenas vienen sufriendo. Considero que existen ostensibles coincidencias entre los objetivos básicos y prioritarios proclamados en las dos cumbres que superan ampliamente las diferencias que conllevaron a la fractura del movimiento indígena. La consolidación de un movimiento indígena, que adquiera fuerza a nivel internacional no depende ni de tratados internacionales (ALCA, PPP, MERCOSUR, etc.), ni de la globalización, ni de las políticas de corte neoliberal, sino de la capacidad, grandeza y responsabilidad de los actuales líderes indígenas para superar este obstáculo y que puedan forjar una organización indígena con peso en el concierto internacional. Lo contrario, es decir, la profundización de las divergencias y divisiones dentro del movimiento indígena llevará a un camino largo y sinuoso, plagado de conflictos y acusaciones, donde la efectivización de sus derechos será de dudosa concreción.

Notas

1. Este proceso histórico de invisibilización indígena fue posible por la obstinación de la sociedad en general, y de la antropología en particular, de no querer reconocer la presencia indígena. Esta marginación y exclusión de los indígenas indujo, en términos de Bartolomé (2004), a la construcción de "identidades clandestinas" y al desarrollo de una "cultura de resistencia".

2. Para más detalle véase el informe de reclamos indígenas emitido por el Centro de Documentación Mapuche.

3. Cabe destacar que el fenómeno social por el cual ciertos sectores se identifican con estos términos étnicos (wichís, tobas, huarpes, onas, etc.) es reciente. Históricamente los colonizadores españoles hablaron de "naciones", por ejemplo, la nación mataguaya, aunque en el pasado las parcialidades indígenas que eran cultural y lingüísticamente afines se diferenciaban internamente y no se reconocían en dicha categoría. Sin embargo, en los últimos años en Argentina, los procesos de reetnización generaron la construcción de nuevos colectivos, que bajo esos mismos términos étnicos, articulan grupos e individuos con el fin de confrontarse al Estado nacional para demandar y exigir sus reconocimientos y derechos.

4. Para más detalle véase Sandoval Forero, 1999.

5. La ONPIA fue creada el 11 de octubre de 2003 y actualmente está presidida por el dirigente mapuche Víctor Capitán y la vicepresidente kolla de Jujuy, Natalia Sarapura.

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