Los desplazados en Bogotá y Soacha: características y protección

Por Clara Stella Juliao Vargas[1]

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Resumen

Este documento presenta a manera de resumen los resultados de la investigación desarrollada para obtener la suficiencia investigativa en el marco del Doctorado en Paz Conflicto y Democracia. Pretende llamar la atención frente a una de las tantas maneras de acercarse al tema del desplazamiento en Colombia, a través de un análisis de la información al alcance del público interesado sobre la situación actual de la población en condiciones de desplazamiento y la política de atención al desplazado, así como de un trabajo de campo con un grupo especifico de población en condiciones de desplazamiento del cual probablemente muy poca información particular se maneja.

Palabras clave: Desplazamiento Interno; Desplazado; Sistema de protección y atención; Política de atención al desplazado.

Abstract

This document presents a way of summarizing the results of research carried out to obtain enough research in the framework of the Doctorate in Conflict Peace and Democracy. Aims to raise awareness against one of the many ways to approach the issue of displacement in Colombia, through an analysis of the information available to the interested public on the current status of the population as refugees and care policy displaced, as well as field work with a specific group of population as refugees which probably very little information including driving.

Keywords: Internal Displacement, Displaced, Protection and care system, Care Policy displaced

1. Introducción

Hoy se habla del Universalismo Básico con miras a reconstruir un horizonte de políticas de Estado de acuerdo con unos principios  esenciales que lo caracterizan, y frente a ese tema, se puede revisar si, con las condiciones de Colombia, específicamente la situación de los desplazados y las políticas públicas para su atención y protección, se puede o no, hablar de cobertura universal o al menos mayoritaria, o en su defecto que se debería hacer para alcanzarla. 

El proyecto de investigación giró en torno a la realidad colombiana actual, al conflicto armado ligado a las condiciones sociopolíticas imperantes, al uso de prácticas violentas para plantear inconformidades y/o solicitar mejores condiciones, a la situación de pobreza de sus habitantes, en función de su situación socioeconómica y de la falta de equilibrio entre oferta y demanda de servicios sociales, a la perdida de legitimidad del estado y a la desmotivación y desinterés por la participación democrática y ciudadana, todo esto ligado a los movimientos internos de población, específicamente al llamado desplazamiento interno generado por la violencia.

De la misma forma  pretendió, de alguna manera, abordar la cercanía, creencia o aceptación del uso de  prácticas no violentas para el ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos en el caso de los desplazados que han llegado a la ciudad de Bogotá y al municipio colindante de Soacha.

El creciente numero de desplazados que llegan a Bogotá, D.C.  y Soacha, y sus precarias condiciones de vida dió origen a este estudio para evidenciar su situación actual y la atención que reciben o no por parte del Estado, es decir si cuentan o no con un sistema de protección social, que les brinde atención efectiva o si el mismo está aun lejano de cumplir la norma escrita que lo sustenta. De igual manera, resultaría interesante develar si la política social y los programas y proyectos existentes realmente presentan soluciones a la situación de dicha  población.

2. Objetivos y Metodología

En ese marco, el objetivo general de la investigación fue determinar cómo impacta  el conflicto a los desplazados que han llegado a Bogota y Soacha.

Para el efecto se propusieron como objetivos específicos:

• Caracterizar la situación de los desplazados que actualmente se encuentran en Bogotá y Soacha.
• Levantar el estado del arte sobre la política social frente a los desplazados.
• Iniciar el proceso de detección de la percepción del desplazado frente a la conflictividad en Colombia  y la perspectiva de la  noviolencia.

Con estos objetivos, el trabajo implicó una revisión documental sobre la política de atención y protección a la población en condiciones de desplazamiento, así como de los planteamientos oficiales y de entidades privadas nacionales e internacionales interesadas en el tema, con relación a la verdadera situación de cumplimiento de la política de atención a dicha población.

Para el acercamiento previo a la realidad de la población desplazada en Bogotá y Soacha, se recurrió  a la revisión de documentación existente y disponible sobre dicha población y a la observación preliminar de su situación en sus sitios actuales de ubicación, siendo complementada con algunas entrevistas a miembros de los grupos asentados en dichos municipios.

Como caso de análisis se seleccionaron familias ubicadas en la localidad de Ciudad Bolívar, una de las zonas de la capital del país que más cantidad de población desplazada recibe diariamente, y en el municipio de Soacha, circunvecino a la capital y perteneciente al departamento de Cundinamarca. Para el proceso de caracterización de la población que hizo parte del estudio, se utilizó la encuesta y se profundizo en algunos aspectos resultantes del proceso de investigación, a través de Historias de vida de ciertos personajes representativos dentro de la población desplazada encuestada.

En Bogotá, se toma una muestra inicial de familias desplazadas ubicadas en la localidad de Ciudad Bolívar[2], sector Sierra Morena, que durante los últimos cuatro años se han mantenido en contacto con el hogar de paso, que los acogió al llegar a Bogotá  y no encontrar atención inmediata a su situación por parte del gobierno.

En Soacha se ubican las familias desplazadas que llegan a la llamada Comuna Cuatro[3], sector Altos de Cazucá, que en los últimos años, ha sido el lugar de recepción de esta población, dada su ubicación estratégica a orillas de la vía de entrada de transporte terrestre, su carácter marginal y la existencia de algún tipo de red familiar o vecinal que les facilita el albergue inicial y les posibilita algunos servicios institucionales, teniendo en cuenta que en dicha comuna, se encuentran las sedes de la Casa de los Derechos y la Casa de Justicia.

La muestra  correspondió a 85 familias, 27 de las cuales estaban ubicadas en Bogotá y 58 en Soacha.

Para el desarrollo del proceso social participativo en torno al conflicto, el  desplazamiento y, la situación actual, desde la perspectiva del desplazado por la violencia, se recurrió a   talleres participativos y las sesiones de consenso.

3. Análisis de  resultados y argumento

Los resultados de la investigación se presentaron en su documento final[4] organizados en los siguientes tres  apartados.

3.1. Antecedentes: el desplazamiento interno en Colombia

En este aparte se desarrolla, a manera de antecedentes, el tema del desplazamiento interno en Colombia. Incluye aspectos relacionados con la población desplazada y desplazamiento interno forzado,  los conflictos en Colombia,  los desplazados en Bogotá y Soacha, la normatividad sobre desplazamiento en Colombia y los programas planteados frente a esta población.   

3.1.1. El concepto de desplazamiento interno

Para hablar del desplazamiento, es necesario remitirse a la definición dada por ACNUR, según la cual los  desplazados internos son las “personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como  resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida” (ACNUR, 2007a:13 y 2004:6), y tener presente, que en los documentos de las conclusiones Nº 75 (XLV) y Nº 87 (L)[5] de su Comité Ejecutivo, se indica que el desplazamiento interno es motivo de grave preocupación en el plano humanitario, que sus causas son numerosas y diversas, que los problemas a que hacen frente las personas internamente desplazadas requieren medidas en materia de   prevención, protección y asistencia humanitaria, y se enfatiza que, por seguir estando dentro de la jurisdicción territorial de su país, la responsabilidad primordial por su bienestar y protección incumbe al Estado. 

La iglesia católica colombiana, en 1995,  al tratar el desplazamiento forzado como una violación masiva y múltiple de los derechos humanos, le dio el nivel de trasgresión grave del Derecho Internacional Humanitario y, por lo mismo,  las personas en situación de desplazamiento fueron vistos como sujetos de derechos (Conferencia Episcopal Colombiana, 1995), lo que, de alguna forma, contribuyo a cambiar la concepción existente en el país, desde mediados del siglo XX, que percibía el desplazamiento como  normalidad migratoria,  abrió las puertas al debate y a los aportes de distintos sectores sobre el tema en los ámbitos nacional e internacional,  y facilitó el camino para llegar a Ley 387 de 1997 que muestra el desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado interno, y ordena al Estado acciones para prevenir este fenómeno migratorio, y atender y proteger a las víctimas del desplazamiento, garantizando soluciones duraderas y proporcionando condiciones de reestablecimiento de la población afectada.

3.1.2. El conflicto armado como contexto explicativo

La situación colombiana actual no se puede analizar sin hacer referencia al conflicto armado, y su relación e impacto en problemas, de índole social, económica, política y cultural, que se han recrudecido y son reflejo de ese conflicto armado, que día a día se degrada más, y a la actual crisis humanitaria, en virtud del proceso de desplazamiento forzado, a que ha sido sometida una buena parte de la población, sobre todo a nivel rural.

El país presenta dificultades a nivel político que no le han permitido construir un Estado democrático y justo, en el que tengan cabida todos los sectores sociales y políticos, restándole legitimidad[6] al Estado y dificultades socioeconómicas debido a la alta concentración de la riqueza y de las oportunidades de acceso al bienestar, generando grandes brechas entre los grupos de población a nivel económico  e inconformidades sociales por la pobreza, exclusión social a la que se ven sometidos por la ausencia de políticas públicas eficaces.

El conflicto armado se sumó a la violencia generalizada que cotidianamente vive la población del país, se unió al proceso del narcotráfico, producción y tráfico de estupefacientes, que se volvió  financiador y el motor de los diferentes grupos armados. Sin embargo, el principal problema es que el conflicto armado llegó a la población civil, a los no combatientes, a los no armados, convirtiéndola en víctima principal del conflicto, violando los principios de la dignidad humana y el respeto a grupos humanos que debieron estar fuera de dicho conflicto armado.

Hoy parece que la historia de Colombia ha sido solo conflicto y violencia entre diferentes bandos, la población adulta ha conocido este tema desde tiempo atrás, fuera por lucha partidista, por la aparición de la guerrilla, por el desarrollo de la violencia del narcotráfico, por la aparición de las autodefensas y el paramilitarismo, y ahora último por la unión del conflicto armado y el narcotráfico en las mismas manos; en ese marco es que Suárez (2005) y Soledad (2007), reafirman el planteamiento de que el desplazamiento forzado en Colombia no es nuevo. Esta problemática que hace parte del proceso mismo de construcción de territorialidad y poblamiento del país, ha acompañado la historia nacional, desde la gran violencia de los años 40 y 50, con la desintegración de amplios sectores campesinos y la organización de varios grupos insurgentes en diferentes regiones del país y ha forzado el desplazamiento de grupos humanos del campo a la ciudad.  

En la misma línea, Naranjo (2001) asevera el carácter recurrente y continuo del desplazamiento en Colombia, sea familiar e individual, silencioso y no visible, o desplazamiento en masa de pueblos enteros o pequeñas colectividades locales, argumentado específicamente  que los desplazamientos no son simultáneos en todas las regiones en virtud tanto de las diferencias regionales como de las dinámicas de los enfrentamientos propios del conflicto, que pueden presentarse territorios en que en ciertas épocas  pareciera calmarse la beligerancia de los diferentes bandos y de un momento a otro iniciar nuevamente el  enfrentamiento, reinando así el proceso migratorio de sus pobladores.

En Colombia no se puede asegurar desde ningún punto de vista que el desplazamiento responda a identidades culturales o políticas preexistentes, pues los desplazados no constituyen etnia, nacionalidad, comunidad religiosa, partido, o colectividad política o ideológica, ni están definidos por alguna identidad preexistente; siendo su condición de víctimas del conflicto armado y su situación de exclusión y desarraigo, la única razón que los puede identificar: “si algo predomina en este creciente grupo social es la heterogeneidad y la diferenciación de sus componentes; miembros de todas las etnias, de todas las culturas, de todas las religiones y las clases, y de todas las ideologías, conforman el contingente de desplazados por la fuerza y dada la naturaleza del conflicto armado, cualquier persona en cualquier lugar del territorio nacional puede ser una víctima potencial, independientemente de lo que haga o deje de hacer” (CODHES. UNICEF, 1999: 461-473).

La población desplazada se convierte en víctima del conflicto armado colombiano al ser objeto de crímenes de lesa humanidad; el desplazamiento forzoso es provocado por evidentes violaciones contra el derecho internacional humanitario. Las víctimas del desplazamiento forzoso migran a causa del conflicto armado, bien sea por ataques directos o para evitar hechos violentos provenientes de los grupos al margen de la ley (guerrillas y paramilitares).

El conflicto violento genera condiciones de vulnerabilidad en esta población, pues obliga las familias a migrar inesperadamente, sin poder preparar la migración para mitigar sus impactos, estos hogares no tienen tiempo de proteger o vender sus activos, deben abandonar sus viviendas y enseres, así como sus redes familiares y sociales,  que en ámbitos rurales o de origen campesino tiene gran influencia en su desarrollo y subsistencia “casi todos los hogares desplazados provienen de áreas rurales y se dedicaban a labores agrícolas. Su inadecuada experiencia laboral, para las zonas urbanas redunda en altos tasas de desempleo y pocas alternativas de generación de ingresos. La elevada pérdida de activos, la dificultad para insertarse en los mercados laborales y las escasas oportunidades de generación de ingresos derivan en caídas sustanciales en el bienestar económico y condiciones económicas mucho peores que aquellas de los pobres urbanos” (Ibáñez y Velásquez., 2008: 5).

La política de atención a la población desplazada, según lo ratifica el informe del gobierno a la Corte Constitucional,  define que los desplazados, desde el momento inicial de la intervención del gobierno y hasta lograr su estabilización económica, deben recibir trato preferencial en los programas sociales (Republica de Colombia, Presidencia de la Republica, 2008), pero, para muchas familias desplazadas la dificultad está en identificar cuando es ese momento de intervención del gobierno, situación que se complica si se tiene en cuenta que esta población, no está vinculada a las redes sociales urbanas,  no tiene fácil acceso al mercado laboral de la gran ciudad, pues normalmente  su   mano de obra es poco calificada y, adicionalmente, la cobertura de los servicios a los que se supone tienen derecho  prioritario, en realidad no alcanza a cubrirlos, ni tampoco ha cubierto a la población vulnerable que ya existía en la ciudad, antes de la llegada de la población desplazada.

3.1.3. Características de la población desplazada en Colombia

La cifra de desplazados no ha sido un punto de acuerdo entre las diferentes fuentes, por ejemplo según ACNUR (2007), desde mediados de la década de los ochenta y como consecuencia del conflicto armado, se han desplazado al menos 2 millones de personas, pero según CODHES Y PASTORAL SOCIAL (2006), la cifra de personas que han sido expulsadas de su lugar de origen, en razón del conflicto armado o de otro tipo de violencia siempre ligada a disputa por el territorio, durante el período comprendido entre 1995 y 2005, es de tres millones.    

Por su parte el gobierno nacional, en el plan de desarrollo actual indica que entre 1995 y septiembre de 2006, se registraron 1.874.916 personas desplazadas , de acuerdo con los datos oficiales del Registro Único de Población Desplazada (RUPD) que produce la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Acción Social. (Republica de Colombia, 2006).

Los registros oficiales, a 2008 contabilizan 2.649.139 personas, que corresponden a 598.542 hogares[7] que se han desplazado forzosamente, cifra que equivale aproximadamente al 6% de la población colombiana. Sin embargo, es necesario mencionar que la Comisión de seguimiento a la política pública en materia de desplazamiento (2008), en su séptimo informe de verificación, asegura que el subregistro del sistema de información oficial  no es de magnitud despreciable, motivo por el cual en sus encuestas incluyen también población desplazada que no aparece registrada en el RUPD.[8]

Algunas de las características según las cifras oficiales:

• Los hogares tienen en promedio 5.1 personas,
• Existe una base muy amplia de niños, niñas y jóvenes y una proporción más alta de mujeres que de hombres en las unidades más adultas,
• Los niveles de educación son bastante bajos (5,5 años promedio de escolaridad adulta, el 14,5% no tiene ninguna educación),
• Población de origen campesino con incapacidad de adaptarse fácilmente a las condiciones en el lugar de llegada (63% de la población desplazada procede de área rural, frente a un 15.5% que proviene de cabeceras municipales),
• El 33,8% se desplazo solo o con miembros de su mismo hogar, el 25,5% en forma grupal (entre 2 y 10 hogares) y el 40% en forma masiva (mas de 10 hogares),
• El 13.8% de las familias desplazadas, incluidas en los registros oficiales (RUPD) y el 13.6 % de las no inscritas, han sido victimas de desplazamiento forzado en mas de una ocasión.

3.1.4. Protección y atención a la población desplazada

La movilización del gobierno en materia de políticas de atención a la población desplazada, inició en 1994 y a partir del reconocimiento oficial del fenómeno del desplazamiento y de los resultados de la investigación de la iglesia católica, se oficializaron también los debates, discusiones y trabajo conjunto sobre este tema, en diferentes planos y estamentos, públicos y privados, con participación de entidades nacionales e internacionales.

Hablar de marco normativo para la atención y protección a la población en condiciones de desplazamiento implica hacer referencia a Los Principios Rectores del Desplazamiento Interno[9] formulados por las Naciones Unidas (ONU,1998) y que  tienen por objeto tratar las necesidades específicas de los desplazados internos de todo el mundo, especificando los derechos y garantías necesarios para la protección de las personas contra el desplazamiento forzado y para su protección y asistencia durante el desplazamiento y durante el retorno o el reasentamiento y la reintegración.

La adopción de los Principios Rectores del Desplazamiento Interno,  está reflejada en un extenso marco legislativo como la Ley 387 de 1997 y una serie de decretos, resoluciones, acuerdos y sentencias que conforman el cuerpo legislativo y que tiene como fin proteger a la población desplazada y establecer las obligaciones del Estado de cubrir las necesidades de dicha población.

De acuerdo con ACNUR, Colombia "tiene hoy el más avanzado y sofisticado marco jurídico en relación con la afirmación de los derechos de las personas desplazadas" (ACNUR, 2007, 8), siendo la etapa de mayor desarrollo el periodo comprendido entre el 2004 y el 2007, en el cual se dio impulso gracias a la búsqueda del cumplimiento de la sentencia T-025, mediante la cual la Corte Constitucional declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en función de la respuesta dada por el Estado a la situación de desplazamiento interno forzado por la violencia.

El Consejo Nacional de Atención Integral de la Población Desplazada por la Violencia, fue creado por la Ley 387 de 1997, la cual le asignó la función de formular los lineamientos de la política y garantizar la asignación presupuestal para la atención integral de la población desplazada. Esta ley consagra que, la atención estatal a la población desplazada se da desde cuatro componentes básicos de política: la prevención, la ayuda humanitaria de emergencia, la  estabilización socioeconómica y el retorno.

La misma ley crea el Sistema Nacional de Atención Integral a Población Desplazada (SNAIPD) como estructura institucional para la implementación de la política, en cumplimiento del documento CONPES del mismo año; este sistema está constituido por el conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias que realizan planes, programas, proyectos y acciones específicas, tendientes a la atención integral de la población desplazada y busca articular, bajo el esquema de una estructura sistémica, las dimensiones sectoriales de la política y articularlas a los niveles territorial y nacional. Dicha articulación debe darse a través de los comités departamentales y municipales, incluida la participación de la sociedad civil y las organizaciones de la población desplazada, siendo fundamental la participación de los gobiernos locales en la ejecución de la política.

Las diferentes acciones que comprenden el SNAIPD, y las actividades que cada una de sus entidades realizan de acuerdo a las funciones que les han sido asignadas en el sistema, pueden organizarse en lo que se llamaría  la ruta de atención (ver Gráfico 1), que puede estar bien organizada y definida para cada entidad, pero cuya efectividad, en términos de población desplazada efectivamente atendida, en realidad depende de condiciones y decisiones en cada momento de la ruta, como por ejemplo, que la población desplazada obtenga la información, o que una vez informado decida o no presentarse a declarar, o que al momento de declarar el funcionario del ministerio público  haya recogido toda la información necesaria y requerida.

Igual, se normalizan, en el Capítulo II, artículo 19 de la ley 387, las unidades de atención y orientación, UAO,  como una estrategia a nivel  municipal, para la aplicación   de la política, con la estrategia de convocar a las instituciones para que se comprometan en la atención integral a la población desplazada, con su planta de personal y estructura administrativa.

El Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada se estableció con el Decreto 173 de 1998, identificando como sus  objetivos, entre otros, la elaboración de diagnósticos de las causas y agentes que generan el desplazamiento, así como de las zonas expulsoras y receptoras de población desplazada; el diseño y adopción de medidas sociales, económicas, jurídicas, políticas y de seguridad, orientadas a la prevención y superación de las causas generadoras del desplazamiento; la adopción de medidas de atención humanitaria de emergencia a la población desplazada; la generación de mecanismos que brinden asistencia legal y jurídica a la población desplazada para garantizar la investigación de los hechos; la  atención especial a las comunidades negras e indígenas sometidas al desplazamiento en correspondencia con sus usos y costumbres.

Gráfico 1: Ruta de atención a la población desplazada
Fuente: Construcción propia a partir de los pasos estipulados en la guía de atención a la población desplazada publicada por ACCIÓN SOCIAL, 2007

Existe una política estatal de atención a la población desplazada, articulada en una ley de la República, acompañada de un marco reglamentario bastante detallado, sin embargo, es necesario considerar que la generación del marco normativo no ha ido a la par, con las respuestas recibidas por parte de la población desplazada, y  que la emisión de la ley no ha impedido que, año a año, tenga lugar el desplazamiento de miles de personas en el país, ni ha logrado que se obtengan soluciones duraderas para estas familias (Ibáñez y Velásquez, 2008); sin embargo, ha sido a partir de ella que las autoridades han formulado sus programas y políticas y que la jurisprudencia ha precisado las obligaciones de las diferentes instituciones involucradas en la respuesta para la población desplazada, aunque a estas les falte superar el  nivel normativo (Forero, 2003).

El enfoque de derechos humanos y el derecho internacional humanitario se ha visto reflejado en la elaboración de indicadores de evaluación que siguió el criterio de Goce Efectivo de Derechos (GED), pero no en la ejecución de la política, pues el contenido de derechos es casi una información ajena dentro del proceso de formulación de las políticas, las cuales siguen sin ser formuladas a partir de ese referente, motivo por el cual se siguen incluyendo y desarrollando programas que poco o nada aportan al propósito de maximizar el GED (ACNUR, 2007). En el actuar mismo de la aplicación de la política no se ha garantizado el resarcimiento de los derechos reconocidos por la normativa internacional y nacional, al final el enfoque termina limitando dicha respuesta a la provisión de bienes materiales para la subsistencia, convirtiéndose estrictamente en un enfoque de asistencia social.

Otro aspecto considerado relevante dentro de los planteamientos de política pública de atención a la población desplazada, es que dicha política ha venido atendiendo especialmente los factores de vulnerabilidad pero se ha quedado corta en materia de proponer una solución duradera a su condición de pobreza y desarraigo.

La visión de la Mesa Nacional de Fortalecimiento a Organizaciones de Población Desplazada[10] es que las acciones de las instituciones encargadas de los procesos de prevención y protección se han limitado a las implementadas dentro de la política de seguridad democrática, de corte militarista y contrainsurgente, en las regiones de mayor desplazamiento forzado por la violencia (ACCIÓN SOCIAL, 2007).

Otro aspecto mencionado, por la misma mesa, está relacionado con la deficiente coordinación entre las diferentes entidades que conforman el SNAIPD y entre las instancias nacionales y territoriales, y las dificultades para la efectiva participación de la población desplazada, al no ser reconocida por las diferentes entidades, hasta el punto de poder afirmar en forma paradójica, que no se ha fortalecido la Mesa Nacional que pretende, como lo indica su nombre, fortalecer a  las organizaciones de desplazados.

3.2. Población desplazada en Bogotá y Soacha: avance de resultados

Referido a la población desplazada en Bogotá y Soacha, este segundo aparte muestra los resultados de la caracterización socioeconómica de la población desplazada que ha llegado a las dos zonas mencionadas, así como del análisis de su percepción sobre su propia situación actual.

Es importante mencionar que Bogotá D.E. es la capital del país y la capital del departamento de Cundinamarca; Soacha por su parte, es uno de los municipios de Cundinamarca, pero con la característica que su casco urbano llega hasta las estribaciones sudoccidentales del casco urbano de Bogotá, justamente colindando con dos zonas o localidades de Bogotá (Ciudad Bolívar y Bosa) que se consideran de las mas deprimidas económicamente, y en las cuales se encuentran los llamados corredores de miseria de la periferia[11]. Adicionalmente, Soacha, en virtud del corredor vial y la autopista del sur que lo atraviesa, es puerta de entrada a Bogotá, lo que para la población desplazada, hace que este municipio se convierta en lugar de transito hacia la gran ciudad o en municipio receptor definitivo, si al llegar a Bogotá, no encuentran rápido apoyo a su situación.

Es importante mencionar además, que la población de ambas ciudades, están diariamente movilizándose entre ellas por cuestiones laborales, de estudio y comercio, llegándose a pensar que Soacha es un barrio más de la ciudad capital, generándose igualmente, no solo el deambular diario de población en condiciones de indigencia, a los que se suman ahora los hogares desplazados recién llegados a la zona, sino también la movilidad de población desplazada que cambian de vivienda, al considerar la zona de Soacha menos costosa, o por haberse generado en ella ciertas redes familiares – regionales que los reciben, orientan y apoyan.

La situación mencionada  anteriormente, frente a la discrepancia de cifras entre varias entidades, en relación al total de la población desplazada se repite para el caso de la población que ha llegado a Bogotá, a Soacha y a otros municipios receptores del país, sin embargo, para  esta investigación se retoman las estadísticas de Acción Social[12] que reportan como hasta el año 2008 Bogotá ha recibido 232.943 personas desplazadas. Con relación a Soacha, según estadísticas de Acción Social la población en situación de desplazamiento del municipio estaba en 24.311 personas, en agosto del 2008, en enero 21 de 2009, fecha de la última consulta,  este número ascendía a  26.662.

3.2.1. Caracterización socioeconómica de población desplazada que ha llegado a Bogotá: resultados de la muestra

Con un interés de acercamiento directo a grupos de población desplazada, y como trabajo de campo, se desarrolló un pequeño estudio, en los límites entre Bogota y Soacha. En el caso de Bogota, se trabajo en la localidad de Ciudad Bolívar, concentrándose de alguna manera en el sector de Sierra Morena, en donde opera un hogar de paso de la Asociación de mujeres desplazadas, Yo Mujer. Para el caso de Soacha, la muestra se concentro en  la comuna cuatro, específicamente la zona denominada Altos de Cazucá. La muestra correspondió a 85 familias, de las cuales el 27% están ubicadas en Bogotá y el 68% en Soacha, siendo las principales características de estas familias, las siguientes:

• Del total de encuestados, el 79% corresponde a mujeres y el 21% a hombres, en parte explicado porque solo el 41 por ciento de los hogares se desplazaron en pareja y es de suponer que en muchos de ellos la persona que está al frente de la familia es mujer.
• Solo el 4% manifestó no saber leer ni escribir, del resto el 21% sabe leer y escribir, el 56 % corresponde  educación primaria, y el 8 % a educación secundaria.
• Un 15 %  de la población procede de Caquetá, otro 13 %  procede de Santander, seguido de un 13% de Tolima, un 11% del Meta, un 9% de Antioquia y un 8% de Choco. Todos están dentro de los 16 departamentos que más expulsan población a nivel nacional.
• El 85% de las familias encuestadas es de ámbitos rurales, frente a un 15% de familias cuyo lugar de procedencia era de carácter urbano, respondiendo así a la tendencia que se especificó para el total de la población desplazada a nivel nacional.
• Actualmente, el 46% de las familias habita en casa lote[13], el 33% ocupan una sola habitación, el 16% viven en casa y solo un 5% en apartamento. Importante mencionar que independiente del tipo de vivienda, el 65% de ellas, está construida en ladrillo, pero es notorio que un 33% de las viviendas tiene sus paredes, techos y puertas en lata, y un 2% en madera y cartón.

3.2.2. Percepción de la población desplazada que ha llegado a Bogotá y Soacha, sobre su situación actual.

Para el desarrollo de este componente, se trabajó la dinámica de taller participativo, a través de la construcción grupal de murales que describieran tanto su proceso de desplazamiento, como su situación actual, dejando que los integrantes del grupo decidieran libremente en que forma construir el mural. Organizados en cuatro grupos, dos en Ciudad Bolívar y dos en Soacha los resultados surgen de los comentarios del grupo una vez finalizada la actividad y se pueden apreciar en las fotografías (1 a 4) de los murales.

Foto No. 1. Mural Grupo 1: Ciudad Bolívar
Fuente: Archivos del Autor.

El grupo 1 decidió representar su condición de población desplazada comparando la situación antes del desplazamiento y la situación actual en la ciudad de Bogotá. Las imágenes muestran las características de su lugar de procedencia, representado en imágenes de bosques, ríos, sembrados, animales y viviendas rodeadas de árboles, acompañadas de frases como: “éramos felices cuando estábamos en nuestras fincas”.

Frente al proceso mismo de desplazamiento, las imágenes muestran grandes caminatas, rostros atemorizados, amenazas, y frases como “es lo mas duro que nos ha tocado vivir, el salir de nuestras tierras y dejar todo tirado con lo que tanto esfuerzo conseguimos”. Con relación a la ubicación actual, imágenes de ciudad, mucha gente, construcciones, motos, almacenes y frases como “ahora nos toca comprarlo todo” “hay mucha discriminación” “Al llegar a la ciudad hay mas contaminación”.

En la parte final del mural  aparecen imágenes y frases relacionadas con sus derechos y sus expectativas, escriben: “derecho al buen trato” “Derecho a la vivienda” “la unión hace la fuerza”.

Foto No. 2. Mural Grupo 2: Ciudad Bolívar
Fuente: Archivos del Autor.

El grupo 2 optó por una composición tipo  collage  con imágenes y frases escritas en tiras de colores representando según sus propias palabras “un revoltijo, sobre el cambio vivido”  “estábamos felices, ahora nos sentimos como amarrados”, representan a niños felices y explican que los niños no saben todas las negativas y sacrificios que están viviendo ellos a pesar de todo siguen siendo niños.

Sobre la situación de los desplazados resaltan, situaciones como la exigencia de los derechos y lo expresan con un letrero “no nos pueden callar”, o en imágenes de personas tapándose los oídos indicando que se quiere negar la verdadera situación de los desplazados. Incluyen también imágenes negando las armas y su uso, con avisos que dicen “no queremos armas, no son necesarias” “las armas son para destruir y lo que necesitamos es construir” “podemos dialogar”.

Foto No. 3. Mural Grupo 1: Soacha
Fuente: Archivos del Autor.

El grupo 1 de Soacha,  conformado por familias procedentes del Urabá antioqueño y de Nariño, resaltaron las condiciones rurales, indicando que vivían de la pesca y mostrando imágenes de campo, con muchas plantas y recursos  hídricos. Igualmente mostraron los medios de transporte que utilizaron y las ayudas que recibieron para poder viajar.

Foto No. 4. Mural Grupo 2: Soacha
Fuente: Archivos del Autor.

Por su parte, el grupo 2, al representar el proceso de desplazamiento, además de referenciar el medio de transporte utilizado, hizo énfasis en el grupo que se desplazo, mencionando los hijos y nietos. Este grupo mostró en imágenes la comparación entre las características de su sitio de procedencia y los productos que sacaban al mercado rural, y la ciudad en la que se encuentran ahora. Con relación a este último grupo merece mencionarse que al parecer pensaron llegar y asentarse en Bogotá, lograron ubicarse en Soacha, pero aun hablan de que en Bogotá no tienen trabajo ni medio para subsistir.

3.3. Base teórica para investigar sobre la percepción de la paz desde la situación de desplazado:

Este aparte trabaja conceptos que fueron utilizados como referencia, sin entrar en una discusión reflexiva sobre ellos. El tema del modelo de protección social se quiso retomar porque inquieta la idea de si las condiciones de desprotección de gran parte de la población, especialmente de la población desplazada, a pesar del marco normativo que los cobija, pueden retrasar o no la superación del conflicto bélico.

3.3.1. Sobre el modelo de protección social

Este aparte inicia presentando los planteamientos de Molina (2006) frente a tres modelos de protección social que caracterizan la política social latinoamericana: residual, corporativo y universal, para después caer en la situación del modelo colombiano y la posibilidad que tiene de cubrir a la población en condiciones de desplazamiento

El modelo residual, cercano a la asistencia social, tiene un carácter puntual y de emergencia en sus intervenciones, corresponde a servicios entregados como situación remedial o de mitigación de condiciones, pero nunca como una garantía de un derecho. Este modelo actúa bajo la presunción de que el mercado se autorregula y el Estado debe tener una actuación mínima, razón por la cual las necesidades son satisfechas a nivel individual según la capacidad de adquisición de cada uno. Para los grupos incapacitados aparecen los fondos sociales para  demostrar y asumir su manutención en el mercado.

El modelo corporativo está relacionado con la cobertura de servicios a los grupos poblacionales a través de su vinculación laboral, es decir que los beneficios se convierten en un privilegio diferenciado según la categoría alcanzada por la población, la cual aparece insertada o no al mercado de trabajo, servicios mediados por la existencia de situaciones contractuales y determinado por las fuentes de recursos para sostener dichos servicios.

Por último, el modelo universal relacionado con la modalidad de protección social para todos y en igualdad de condiciones, considerada esta protección social como derecho socialmente establecido. Este modelo está inspirado en la justicia social y está desvinculado de las contribuciones que pueda o no hacer la población, ya que encierra el mecanismo de redistribución para corregir las desigualdades originadas en las relaciones de mercado.

En Colombia para orientar el Sistema de Protección Social y el Sistema de Seguridad Social se emitió la Resolución 3133 del 14 de septiembre de 2005, asignándole al Ministerio de Protección y Seguridad Social el manejo integral del riesgo y la obligación de brindar asistencia social a la población colombiana.

En términos de la llamada seguridad social, se puede afirmar que el caso de Colombia estaría bajo el esquema corporativo, con apoyo de un régimen subsidiado, pues la seguridad social realmente cobija a las personas y familias vinculadas laboralmente, y que a través de la contribución personal y de los patrones, tiene  acceso a salud y pensiones, situación que deja por fuera de esos elementos de protección social a la población en condiciones de desplazamiento, que difícilmente tiene acceso a empleo dada su escasa cualificación laboral, a lo que se suman  no solo el nivel de desempleo imperante, sino también el aumento del empleo informal, que deja fuera del sistema, a una gran parte de la población pobre y vulnerable del país, incluida la población desplazada.

Las familias desplazadas han sido carnetizadas y se encuentran dentro del sistema subsidiado al ser ubicados en  niveles 1 y 2 del SISBEN[14], sin embargo, dada su ubicación geográfica, a las familias se les dificulta acceder al derecho a la salud. Es claro que no hay programas específicos de salud para la población desplazada y que no se le da el trato diferencial dentro de los programas existentes.

 3.3.2.Sobre la violencia estructural

Es apropiado identificar los tipos de violencia, específicamente  la violencia cultural y la violencia estructural, que a pesar de su invisibilidad generan la violencia directa, pues emplean a los actores violentos que se rebelan contra las estructuras vigentes como instrumentos para legitimar la violencia (Galtung, 2004). En Colombia esas estructuras violentas están representadas en las condiciones socioeconómicas de desigualdad e inequidad en la distribución de la riqueza, las grandes brechas entre el pequeño grupo  de población dueña de más del 50% de la riqueza del país y amplia base poblacional que no cuenta con medios para subsistir. Los actores violentos hoy lo constituyen los grupos insurgentes que surgieron desde mediados del siglo pasado basados en la idea de lucha por la igualdad y en contra del régimen político y económico bajo el lema de que la opresión y la explotación solo puede cambiarse mediante la violencia, pero que con el tiempo han distorsionado sus ideales y sus estrategias de lucha y en función de la búsqueda de financiación y reproducción de poder, se han convertido en victimarios de un gran porcentaje de población que actualmente no sabe ni porque luchan, ni porque los incluyen en sus contiendas.

3.3.3. Sobre la superación del conflicto bélico

Para superar el conflicto bélico se requiere superar los círculos viciosos del mismo, convirtiéndolos, siguiendo a Galtung, en círculos virtuosos, el cual menciona tres aspectos a trabajar, que no pueden darse de forma individual sino combinada y sincrónica para lograr el efecto deseado de terminar el conflicto (Galtung 2004). Estos elementos son: la resolución (dilucidar, aceptar y tener voluntad de cambiar las condiciones que son causantes de la situación conflictiva), la reconstrucción (posterior a la violencia directa, que implica procesos de  rehabilitación, de devolución y adjudicación de propiedades, restauración de viviendas y centros públicos, limpieza de tierras y campos de cultivo, inversiones en economía local,  la  re-culturación, posterior al daño cultural) y la reconciliación (relacionada directamente con los gestos individuales de apaciguamiento que se hacen visibles ante el grupo; balance entre costos y beneficios, reparación de daños emocionales; medidas contra la impunidad; desaparecidos, legalidad y herencias; normas y acuerdos sobre estos temas).

Estos conceptos aplicados al caso del conflicto colombiano empiezan a mencionarse  en la Ley de Justicia y Paz considerada hoy por hoy como una  respuesta en términos de verdad, justicia y reparación, aunque se advierte que se ha quedado en el planteamiento escrito y no ha sido efectiva en su aplicación. El gobierno afirma en sus informes que  la   la población desplazada ha sido atendida y reparada, porque ha recibido algún tipo de apoyo por parte de las entidades encargadas de su atención, lo que termina demostrando el desconocimiento de los derechos por parte de dicha población.

En cierta forma, se puede argumentar que la ley opta por el modelo diacrónico, que menciona Galtung pues considera  caminos separados para cada tarea y su aplicación se da en tiempos diferentes y lógicamente sin contar con la participación de los involucrados. 

3.3.4. Sobre las salidas pacificas al conflicto, el concepto de noviolencia[15]

Las estructuras y la organización que median las relaciones entre los seres humanos y entre éstos y el universo en el cual se encuentran no son iguales y esas desigualdades generan tensión y conflicto muchas veces expresados en forma violenta y en otras tantas mediadas por expresiones pacifistas y reconciliadoras, dependiendo de las experiencias previas y del aprendizaje que se haya tenido.

Las expresiones pacificas y reconciliadoras en el caso colombiano, después de tantos años de violencia y conflicto, requieren necesariamente un cambio de mentalidad en todas las instancias y personas involucradas, de una o de otra forma, en los procesos de paz y reconciliación para superar el conflicto. Al pensar en un cambio de mentalidad frente a  la manera de gestionar los conflictos, que facilite reconocer que la acción y la presión política se pueden hacer sin violencia, entramos en el terreno de la noviolencia, y en el énfasis que pone en desarrollar consenso, negociación, no imposición, pacto y acuerdo, entendimiento, persuasión, toma de decisiones compartidas y transparencia, nos lleva a entender que “La noviolencia es una forma de práctica sociopolítica, todo un conjunto de estrategias y procedimientos de lucha, forcejeo y presión político social. Así como una doctrina de los cambios sociales” (López, 2006:16).

La noviolencia, puede ser entendida como un método de intervención en conflicto con la idea de reducir hasta su nivel máximo la presencia y/o el uso de la violencia, pero no se queda ahí, ya que es también una forma de lucha no armada y no cruenta contra las diversas expresiones de las injusticias y por lo mismo apuesta a la confección de una ciencia política menos violenta, entendida ésta última como disciplina que libera a la humanidad de la violencia. A nivel personal, la noviolencia implica encontrar un sentido interno y profundo a la vida, a lo que hacemos, a como y por qué lo hacemos, implica hacer un viaje de introspección y búsqueda personal, así como cambiar la concepción del ser humano para verlo y entenderlo abierto a las transformaciones, en cierto sentido imperfecto y con conciencia moral (López, 2006:16-18).

Lo fundamental  es que la noviolencia  “reacciona frente a la violencia y la destrucción con amor o, de manera menos patética, de manera constructiva. Las guerras descartan esa reacción, la tachan de traición, y la sustituyen por una cultura de secretos y engaños, mentira y propaganda.” (Galtung, 2004: 53)

La noviolencia como práctica sociopolítica y sus estrategias y procedimientos de lucha, forcejeo y presión político social, se ha utilizado en muchos casos por los grupos de población que ven afectados sus derechos o que han querido hacer evidentes situaciones de injusticia contra ellos o contra sus congéneres.

Para algunos, este tipo de acciones,  por ejemplo, las de las comunidades de paz, o las manifestaciones pacificas en contra de la violencia, se pueden considerar como amenaza, porque denuncian acciones y agentes participantes en los hechos, ante organismos nacionales e internacionales de derechos humanos; para otros, como los campesinos de las veredas y los habitantes de las ciudades que conocen o conviven con hechos violentos, y los estudiosos de la noviolencia,  son un signo de esperanza porque aunque continúe la presencia de los agentes violentos (comúnmente llamados los victimarios), los bloqueos económicos a la zona han disminuido, el conocimiento internacional de los hechos ha aumentado, existen planteamientos de organizaciones de apoyo a la generación de estrategias y actos que disminuyan la violencia. Por su parte, los miembros de las comunidades de paz son conscientes de que es necesario continuar preparándose para resistir en medio de la guerra y aportar alternativas de paz, empoderándose pacíficamente y dando a conocer sus principios.

Esto refleja como la  noviolencia, no es sólo teoría, es también investigación acción, es la aplicación concreta de lo que se piensa.

4. Conclusiones

En Colombia no se ha trabajado eficientemente en la implementación de un modelo universal de protección social, que facilite la superación del conflicto, que fortalezca la prevención del desplazamiento y que disminuya la pobreza. En estas condiciones,  el reto está vinculado a circunstancias relacionadas con disponibilidades y viabilidades políticas, económico – fiscales y sobre todo institucionales que faciliten cobertura universal y calidad y oportunidad en el servicio. Esto en el entendido que existe posibilidad de unificar el imaginario social entre los diferentes actores e instituciones, sobre lo que debe y puede cubrir el sector social en Colombia y que ese imaginario social realmente sea resultado de la construcción colectiva.

La política gubernamental colombiana es una de las más completas y organizadas formalmente, pero no se ejecuta tal y como está escrita, por el contrario las carencias y la espera a que se ve sometida la población no responden a las necesidades, a veces inmediatas, que deberían cubrirse.

La política pública, en particular la política social, ha sido escenario de debate general en el país, pero no a si de acuerdos sobre sus alcances, en parte porque no ha sido posible un acuerdo en su punto de partida conceptual e ideológico, ni en las condiciones esenciales que pretende analizar y resolver, es decir no se comparte, aunque suene extraño el mismo imaginario social. Es decir, que las intencionalidades y los ideales de desarrollo y bienestar no son iguales en diferentes esferas de decisión.

Aún existen dificultades para que  los esfuerzos  que se realizan, basados en la política formulada, tengan impactos efectivos a favor de la generalidad de la población desplazada. Entre esas dificultades se incluye prioritariamente la permanencia del conflicto armado que limita la capacidad de acción de las autoridades, mientras se convierte en competencia para la asignación de recursos a los programas de atención a la población desplazada.

Hablar de salidas pacificas al conflicto, implica un comportamiento ético, consciente, intencionado y responsable, que reconozca y resalte las posibles injusticias e inequidades y vigile que no existan injusticias, que las leyes se cumplan o se cambien si no funcionan, y que se respeten los derechos fundamentales. Igualmente, la necesidad del cambio de mentalidad frente a  la manera de gestionar los conflictos, que favorezca desarrollar consenso, negociación, no imposición, pacto y acuerdo, entendimiento, persuasión, toma de decisiones compartidas y transparencia, es decir que posibilite entrar en el terreno de la noviolencia.

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