17 Mayo 1999
En las postrimerías del siglo veinte ha surgido un estado parapolicial que recuerda tiempos más oscuros. En un secretismo casi total, y sin oposición política, ha aparecido un Gran Hermano orwelliano con poderes legales para interceptar cualquier tipo de comunicaciones en tiempo real, sin apenas restricciones y sin necesidad de orden judicial. En nuestro civilizado continente, y sin que nos enteremos. Pero si estás pensando en Milosevic, te equivocas. El Gran Hermano del que hablo le supera ampliamente. Es la Unión Europea.
- Acceso a toda la comunicación transmitida.
- Acceso a todos los sujetos interceptados.
- Acceso a todos los datos asociados a la comunicación, como la señal de "listo para acceso", número (de teléfono, IP, etc) del sujeto que llama y del que recibe la llamada, con una identificación de tales personas, duración, comienzo y fin de la conexión, destino real y destinos intermedios en el caso de llamadas derivadas.
- Información sobre la ubicación geográfica del sujeto, con la máxima exactitud posible.
- Datos sobre los servicios específicos usados por los interlocutores, y sus parámetros técnicos (¿se referirán a las claves de cifrado?)
- Capacidad de monitorización de las comunicaciones en tiempo real, o lo antes posible.
- Cooperación de los operadores/servidores de redes para proporcionar "interfaces" para transmitir la comunicación interceptada a la oficina policial correspondiente, y para facilitar dicha comunicación.
- Datos asociados a una llamada y que permitan una correlación de dichos datos con la llamada.
- Cooperación de los operadores/servidores para que proporcionen las comunicaciones "en claro", cuando haya de por medio codificación, compresión o cifrado de la comunicación.
- Una interceptación tal que el sujeto investigado no esté al corriente de dicha interceptación.
- Un diseño de interceptación que evite el uso un autorizado de la información.
- La posibilidad de efectuar interceptaciones simultáneas (de modo que, por ejemplo, las policías de cinco países puedan todas escuchar una conversación al mismo tiempo).
O, citando aquella vieja canción, "lo quiero todo, y lo quiero ya". Cuando acabé de leer, me entraron dudas sobre si la Constitución seguía en vigor, o ha derogaron el mes pasado. En el artículo 18 se establece claramente la garantía del secreto de las comunicaciones (18.2) y "la limitación de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos" (18.4). Recordemos que hace algunos años, una ley que no incluía dichas garantías de modo adecuado fue declarada inconstitucional (la famosa ley Corcuera). ¿Cómo nos protege Enfopol contra esta patada digital?
Se supone que las órdenes de interceptación las otorgará una "entidad legal autorizada." Quién es esa entidad, y bajo qué circunstancias actúa, permanece deliberadamente ambiguo. ¿Se trata de una orden judicial, un dictamen de algún órgano creado a tal fin, una resolución de la Comisión Europea? El hecho es que no queda claro cuál será dicha entidad, cómo será organizada, de quién dependerá o cuáles serán sus atribuciones. Bajo malas manos, puede suponer un fuerte menoscabo a los derechos civiles en toda la Unión Europea. Quienquiera que sea, parece que le basta decir "adelante" a algún cuerpo de seguridad para que se lleven a cabo las escuchas a todos los niveles.
Apenas hay referencias a la criptografía, pero no parece que se vaya a dejar tan delicado tema sin tratar. Hay una referencia a que "se necesitarán descripciones técnicas adicionales." Y, aun cuando no se afirme explícitamente, Enfopol no tendría sentido si las técnicas criptográficas le vedasen el paso. Puede que haya en curso un Criptopol. Reconozco que es pura especulación; con todo, no resulta descabellado. El proyecto CERES, con el que el gobierno español quiere dotar a sus ciudadanos de una Autoridad de Certificación oficial, ofrecerá entre otras cosas servicios de recuperación de claves. Por medio de tal "servicio", la Autoridad de Certificación guardará una copia de nuestra clave privada de cifrado, proceso denominado "key escrow" en otros países. Demasiada coincidencia.
Personalmente, Enfopol me parece un proyecto (perdón, una resolución del Parlamento Europeo ya en vigor) que otorga grandes poderes a una serie de entidades y con controles legales poco definidos sobre éstos. Su fraseología, deliberadamente ambigua, permitirá dobles interpretaciones, salidas de contexto, aclaraciones secundarias y toda serie de mecanismos para no llamar a las cosas por su nombre. No me molestaré siquiera en comentar el alto coste y las dificultades técnicas que Enfopol conllevaría en la práctica. ¿Nos reíamos de Orwell y su 1984? Pues toma tres tazas.
© Arturo Quirantes
2005. Correo electrónico: aquiran arroba
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