Se trata de cincuenta y cinco monumentos, algunos en lista de espera desde la proclamación de la Segunda República Española, en el año 1931. El gobierno municipal aprovechará la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)para dar salida a los expedientes paralizados a través de una empresa externa. La normativa obliga a redactar estos documentos de salvaguarda y vigilancia urbanística de la zona de influencia de los BIC en el plazo de un año desde su declaración oficial. La dirección general de Patrimonio Histórico Artístico reactivó en diciembre de 2006 los expedientes BIC que se acumulaban en un cajón (más de medio centenar en Valencia ciudad), lo que obligó al consistorio a ponerse al día. Sin embargo, no sólo los nuevos bienes de interés cultural esperaban que las medidas de protección, sino que los archivos arrastran una rémora histórica. El ayuntamiento todavía no ha aprobado ningún plan especial aunque ha ido «parcheando» la situación a través de los nuevos planes de reforma interior.