^[1] O mejor, quizás: porque así se estima que sea dispuesto por el ordenamiento. Excluido, en efecto, el carácter taxativo de la enumeración de las fuentes contenida en las disp. prel. al c.c., por lo demás anterior a la Constitución vigente y falta de la fuerza formal de la ley constitucional (de las cuales era y es todavía dudoso si no tienen mero carácter sinóptico y de reconocimiento), y encontrándose todavía lagunosa la disciplina dictada en tema de fuentes desde los textos constitucionales, es a fin de cuentas el intérprete (o la interpretación consolidada en la jurisprudencia de la Casación y del Consejo de Estado), quien, de vez en cuando, incluye entre las fuentes (o excluye de ellas) determinados actos de estructura normativa. Basta pensar en las dudas que aún perduran sobre los reglamentos internos, sobre la distinción entre actos administrativos generales y reglamentos, sobre las ordenanzas necesitadas ex art. 2 t.u. de las leyes de p.s., etc. El mismo ejemplo, adoptado en el texto, del reglamento de disciplina de las Fuerza Armadas, es discutible (v. BACHELET, Teoria giuridica della disciplina militare, Milano, 1960, especialmente 113 ss., sustentando, en cambio, que no se trata de un reglamento interno). Así incluso, contrariamente, la calificación de fuentes de los reglamentos internos de las Cámaras, que será por nosotros acogida (al menos por cuanto atañe a una parte de sus disposiciones), es por contra pacíficamente admitida.

^[2] Tal criterio, más bien, sería nada menos que contrario a la lógica (MERKL, Die Lehre von der Rechtskraft entwickelt aus dem Rechtsbegriff, Leipzig u. Wien, 1923, 257 ss.), al menos tal como viene habitualmente presentado (ESPOSITO, La validità delle leggi, Padova, 1934, 75 ss., y resumidamente, Legge, en Nuovo digesto italiano, Torino, 1938, n. 15). Justo en lo opuesto, en cambio, la idoneidad del acto legislativo subsiguiente a producir la ineficacia del precedente correspondería a un exigencia lógica, dada la inagotabilidad del poder normativo, del que cada acto específico representa un puntual ejercicio del mismo, según las observaciones, a nuestro entender más convincentes, recientemente propuestas por PUGLIATTI, Abrogazione, en Enc. del dir., I, Milano, 1958, 142.

^[3] Así, por ejemplo, ROMANO, Corso di diritto internazionale, Padova, 1934⁴, 54 ss., estimaba que ciertas normas generales, derivadas de los principios fundamentales o constitucionales y también de ciertas costumbres, tengan valor cogente y por ello no pueden ser derogadas ni por convenios particulares ni por particulares costumbres. Relaciones jerárquicas entre las diferentes fuentes, o entre las diferentes normas, son decididamente puestas en atención, entre otros, por ZICCARDI, La costituzione dell´ordinamento internazionale, Milano, 1943, y por QUADRI, Diritto internazionale pubblico, Palermo, 1960,³ 94 ss. (a los que se reenvía para ulteriores citas a la doctrina).

^[4] Aparte de las cuestiones relativas al art. 15 dis. pre. c.c. [del que, como ya antes del correspondiente art. 5, es controvertido que se haga referencia sólo a las leyes formales o a cualquier acto legislativo: v. en este segundo sentido, contra la doctrina predominante, DONATI, Abrogacione della legge, Milano, 1914, p. 5 de la separata; ESPOSITO, Legge, cit., n. 15, texto y nota (5)], el principio señalado en el texto seguramente se extrae del sistema resultante de los arts. 70, 76 y 77 de la Constitución. Se mantiene, sin embargo, comúnmente que la fuente superior, propiamente por ello, puede derogar normas establecidas por fuentes de grado inferior; sobre las dudas que pueden, sin embargo, surgir al respeto, cfr. GIANNINI M.S., Problemi relativi all´abrogazione delle leggi, en Ann. Univ. Perugia, 1942, 36 ss. de la separata. En sentido contrario, recurriendo en cambio a la figura de la invalidación subsiguiente, MORTATI, Abrogazione legislativa e instaurazione di un nuovo ordinamento costituzionale, en Scritti giur. in memoria di Piero Calamandrei, V, Padova, 1958, especialmente 103 ss.

^[5] La illegittimità costituzionale delle leggi nel processo civile, Padova, 1950, 11 ss.

^[6] Referencias específicas a los numerosos y bien conocidos pasajes de las obras en las que se expresa el pensamiento de KEI.SEN al respecto son superfluas; nos limitamos por ello a citar el escrito donde el esquema jerárquico resulta delineado con mayor detalle respeto a los actos estatales o a las funciones estatales y dónde, al mismo tiempo, KELSEN admite expresamente que se trata de un esquema abstractamente teórico, cuyas modalidades pueden presentar variantes según los diversos ordenamientos jurídicos: La garantie jurisdctionnelle de la Costitution, en Rev. de droit. publ. ect., 1928, 197 ss.

^[7] La unión histórica entre una determinada ideología política y el concepto de la fuerza de ley (del Parlamento) destaca con máxima evidencia en las obras de CARRÉ de MALBERG, y especialmente en La loi, expression de la volonté générale, Paris, 1931, especialmente 16 ss., 38, 45, 65 ss., 116, y Confrontation de la théorie de la formation du droit par degrés, etc., Paris, 1933, 18 ss., 27 ss., 60, 66. Contra estas concepciones, v. la amplia crítica de ESPOSITO, Legge, cit., n. 15 (y ya antes, en muchos pasajes de La validità delle leggi, cit.).

^[8] Cfr. sobretodo ZANOBINI, Gerarchia e parità fra le fonti, en Scritti giuridici in onore di Santi Romano, I, Padova, 1940, 608 ss., y La gerarchia delle fonti nel nuovo ordinamento, en Commentario sist. alla Costituzione, diretto da A. Levi e P. Calamandrei, I, Firenze, 1948, 47 ss.; asimismo, como interesante tentativa de aplicar la construcción kelseniana, PERGOLESI, Osservazioni sul sistema gradualistico delle fonti, en Saggi sulle fonti normative, Milano, 1943, 111 ss.

^[9] Así GIANNINI, Problemi... cit. 33‑34 [v. también retro, texto y nota (4)].

^[10] Así, explícitamente (pero con desarrollos parcialmente divergentes entre ellas), algunas de las más recientes opiniones: GUARINO, Profili costituzionali, amministrativi e processuali delle leggi sulla riforma fonditaria, en Foro it, 1952, IV, 73 ss., y Recensión a SCOGNAMIGLIO, en Rass. di dir. pubbl., 1952, I, 203 ss.; GALEOTTI, Contributo alla teoria del procedimento legislativo, Milano, 1957, 337 ss. (insistiendo bastante sobre el concepto de modalidades típicas con las que se revela la eficacia jurídica de cómo la ley conforme al ordenamiento es productiva). Pero véase ya, incluso en la neta separación de los dos términos y con referencia limitada a la ley, la clásica enunciación de la fórmula Gesetzeskraft, en LABAND, Deutsches Staatsrecht, Tübingen, II, 1911⁵, 68 ss.

^[11] Algo parecido, sin embargo, ha sido afirmado cuando se ha sostenido (ESPOSITO, Validità, cit., 136 ss.) que los reglamentos serían actos legislativos por razones formales, pues tienen, así, forma general. Torna a este propósito la ya resaltada ambigüedad del concepto de forma: la tesis de ESPOSITO no es ya la que, en el Derecho positivo, tiene una forma legal típica y exclusiva del acto reglamento, sino, y bien de otra manera, cuando las disposiciones de los reglamentos son formuladas en términos abstractos y generales, teniendo de esta manera estructura general. Sin embargo, ya que la disposición está contenida en el acto, la forma general de ella se resuelve, en realidad, en un determinado modo de ser del contenido del acto mismo; así que, aclarado el equívoco y la diferente acepción que se da al adjetivo formal, el reparo de ESPOSITO no contradice sustancialmente las consideraciones señaladas en el texto, las cuales son conformes, por lo demás, a la doctrina predominante. De los reglamentos se suele decir, en efecto, evitando con cuidado la expresión fuerza formal y sosteniendo un giro verbal, que son actos administrativos desde el punto de vista formal o subjetivo, sólo porque son emanados de autoridades investidas también de competencia administrativa y sólo porque están sometidos a un régimen de enjuiciamiento y anulabilidad propio de los actos administrativos concretos. Bajo este último aspecto, desarrollando [pero en dirección diferente de aquella acogida por su autor: infra, nota (37)] la distinción recientemente propuesta por SANDULLI (Legge, forza di legge, valore di legge, en Riv. trim. di dir. pubbl., 1957, 269 ss.), debería y podría más bien afirmarse que ellos tienen valor, y no ya fuerza, de actos administrativos: ya que, como se ha señalado en el texto, los reglamentos en realidad tienen fuerza superior a los actos administrativos concretos. Se dice incluso, si se quiere, que estos últimos están sometidos a ellos por la simple razón de que los reglamentos crean Derecho objetivo, siendo, así, leyes en sentido material, y que nuestro ordenamiento está informado por el principio de legalidad de la actividad administrativa; no por esto sería menos verdadero cuando se mira a la relación sobrevenida entre el acto reglamento y el acto administrativo concreto que el primero resista al segundo, lo sobrepase y lo domine. En su interior, en cambio, la categoría de las fuentes reglamentarias se articula en una multiplicidad de grados, según criterios que pueden correctamente calificarse como formales: procedencia de ciertas autoridades, o bien de otras, como por procedimientos y en formas diferentes. Pero he aquí que a tal principio se sustraen nuevamente los reglamentos delegados, como se señala seguidamente en texto y nota (14).

^[12] No es éste el lugar para volver a citar la antigua controversia sobre la admisibilidad y el fundamento del dualismo de la ley formal y la ley material, que, por lo demás, parece resistir las criticas recibidas por doctrinas tan conocidas, como acreditadas. Advierto, sin embargo, brevemente dos puntos. Ante todo, que, cuando se deniega la distinción entre los dos conceptos de ley, lo que se niega es el concepto material o sustancial, manteniéndose como decisivo sólo el criterio formal, precisamente por la aseverada preeminencia del acto emanado por los órganos parlamentarios, mediante cierto procedimiento y en cierta forma típica -de modo que todo lo que sea en ello contenido y declarado constituiría, por sí solo, el ordenamiento jurídico, derogando o pudiendo derogar a cualquier precedente disposición o norma de ley. Y en segundo lugar, cómo la existencia de las leyes únicamente formales parece reconocida, aunque sea incluso limitadamente en determinadas hipótesis excepcionales, también de la vigente Constitución (lo que no quiere decir en absoluto, sin embargo, que al influjo de tales hipótesis el Parlamento esté libre de dar forma y fuerza de ley a cualquier contenido): leyes de aprobación de presupuestos; leyes de autorización para la ratificación de tratados internacionales; leyes de aprobación de Estatutos regionales [acerca de esto, v. también más adelante, notas (25) y (38)]. Ahora, precisamente es ésta una similar eventualidad que sería, por contra, imposible de verificar por los reglamentos, pues, como ya ZANOBINI advirtió [Il fondamento giuridico della potestà regolamentare (1922), ahora en Scritti vari di diritto pubblico, Milano, 1955, 157], la misma palabra por su sentido literal y por la tradicional interpretación comprende exclusivamente las normas jurídico-generales (mas se trata de una afirmación absolutamente pacífica).

^[13] Son bien conocidos los casos de los reglamentos ministeriales atípicos, en todo idénticos, cuanto a forma, a los decretos ministeriales poseedores de otra naturaleza (claro está, si se admite la subsistente legitimidad en el actual ordenamiento y a pesar de la norma del art. 87, párrafo quinto, de la Constitución, sobre tal especie de reglamentos); de los reglamentos emitidos en la forma de circulares, y ni siquiera publicados; de las medidas (de variado contenido, y bajo un único ropaje formal) del CIP, etcétera (cfr., por todos, GIANNINI M.S, Lezioni di diritto amministrativo, Milano, 1950, 60 ss., y, del mismo, por un significativo recurso al elemento teleológico, Provvedimenti amministrativi generali e regolamenti ministerali, en Foro it., 1953, III, 9 ss.). Tanto es así que también un autor, que está incluso entre los más cercanos a la idea‑límite del reglamento en sentido formal (pero con respecto a la forma extrínseca del acto, y por lo tanto con una enfoque bastante diferente del arriba citado por ESPOSITO), DE VALLES (La norma giuridica, en Scritti giuridici in onore della Cedam, II, Padova, 1953, 399 ss.), se encuentra constreñido a reconocer también cómo, en ciertos casos, las señas formales ya no sirven para identificar al acto reglamentario.

^[14] Cuanto menos, se trata de la hipótesis de mayor importancia y hoy más debatida en la práctica. La jurisprudencia de la Corte Constitucional y la doctrina casi unánimemente admiten, como es conocido, quizás más conformándose con motivos de oportunidad y conveniencia que al rigor de los principios, la constitucionalidad de semejantes asignaciones de potestad reglamentaria (y de potestad administrativa discrecional) sobre materias que se entienden cubiertas por reserva de ley simplemente relativa (excluyéndola, en cambio, frente a reservas absolutas: si bien esta distinción es bastante elástica y discutible). Parece, sin embargo, que se debería ulteriormente distinguir entre los casos en que el reglamento está autorizado a integrar las normas de la ley, y aquéllos en los que está autorizado a derogarlas, disponiendo de otra manera. En esta segunda hipótesis, el problema de la materia reservada se complica con una pregunta adicional, que puede darse también sola (o sea, fuera de los casos de reserva) y que consiste, como también es conocido, en el establecer si las disposiciones reglamentarios en tal modo autorizadas adquieran fuerza de ley (al menos, bajo el aspecto de la vis activa) y si puede la ley, en régimen de Constitución rígida y en presencia de los principios resultantes del combinado dispuesto por los arts. 70, 76, 77 y 87, párrafo quinto, de la Constitución, disponer de la propia derogación, permitiéndola a fuentes que serían -constitucionalmente‑ subordinadas a ellas (formulando así la cuestión, la respuesta debería ser negativa). Hablar, como a menudo se suele hacer al respecto, de deslegalización, o de desclasamiento de determinadas normas de ley al rango reglamentario, tiene todo el aire de un expediente para eludir evitar la grave desviación en el orden de las fuentes que de ello derivaría (lo reconoce, por ejemplo, explícitamente SANDULLI, La potestà regolamentare nell´ordinamento vigente, en Studi sulla Costituzione, III, Milano, 1958, 363). Mejor partido probablemente, queriendo salvar la validez de los reglamentos delegados de este segundo grupo sin infirmar los principios, sería el de entender que, en los casos ahora señalados, ciertas disposiciones de ley tienen o asumen valor dispositivo o supletorio (así, parece, recientemente, ESPOSITO, Elementi soggettivi ed oggettivi degli atti aventi forza di legge, en Giur. cost., 1959, 1084; un concepto análogo lo expresa con otras palabras TREVES G., Regolamenti in deroga alla legge, en Giur. it., 1953, I, 2, 17 de la separata, señalando a un contenido alternativo de la norma de ley): de modo que, no siendo verdadera y propia derogación o abrogación (o sea, pérdida de eficacia total o parcial), estaríamos fuera de la problemática específicamente propia de los reglamentos delegados, como categoría independiente, y en todo caso fuera de cualquier cuestión acerca de la eventual asignación a éstos de fuerza de ley. Notamos sin embargo que una tal configuración sería más cómodamente sostenible con referencia a los solos reglamentos de autonomía (en sentido estricto), que no a los reglamentos gubernativos-generales, pues, en esta segunda hipótesis, con la emanación de las normas reglamentarias disformes, nada más quedaría de la norma legislativa dispositiva (quizás por esto, ZANOBINI, La gerarchia... cit., 57, limita la argumentación a la potestad normativa de entes diferentes del Estado, mientras ya antes, en el escrito Gerarchia e parità..., también cit., 605, insistió en referirle sobre todo a las fuentes que tienen eficacia limitada, por el espacio o por las instituciones). La denominación de reglamentos delegados se convierte en fin, solamente, en una manera para designar sintéticamente un muy complejo fenómeno, según el cual una ley atribuye a la competencia reglamentaria una entera materia ya regulada, y bien regulada, por leyes formales; éstas, entonces, son derogadas por la nueva ley, pero subordinadamente a la emanación de normas reglamentarias disformes. No pierden, por lo tanto, la propia fuerza originaria, ni el reglamento asume, con contra, fuerza de ley formal.

^{[14 bis]} Y en efecto GIANNINI M. S. (Lezioni di diritto amministrativo, Roma 1959‑60, 84) los hace reentrar entre las fuentes atípicas, respecto las cuales v. más adelante, ' 3.

^[15] Elementi soggettivi... cit., 1084 1085. El reparo, sin embargo, parece implícitamente presuponer que sean muchas las autoridades del poder ejecutivo legitimadas en el ejercicio de la potestad reglamentaria (y dar así por admitida la constitucionalidad de los reglamentos ministeriales, de los comités interministeriales, prefectos, etc.); de otra manera, la diversa competencia a la que alude el autor sería absorbida en la identidad del único órgano deliberante y del único órgano emanante (por el art. 87, párrafo quinto, de la Constitución, el Presidente de la República). E igualmente la competencia iría de mano de la forma del acto, remitiendo el reparo de ESPOSITO a las relaciones entre reglamentos gubernativos y las varias especies de reglamentos de autonomía, o estas últimas entre ellas, siendo evidente que, si tal especial atribución de competencia es hecha, por ejemplo, en favor de los reglamentos municipales, las normas así emanadas no serían en todo caso derogadas por un reglamento gubernativo y viceversa.

^[16] Empleando la expresión de KELSEN, en La garantie... cit., 202 y 205.

^[17] Aunque independientemente del reconocimiento en Derecho positivo de una adecuada forma constitucional, la cual es conectada a una particular fuerza jurídica, se admite en la doctrina más responsable (ROMANOS SANTI, Principii di diritto costituzionale generale, Milano, 1947,², 87, especialmente en relación a 243 y a 247 ss.) la hipótesis de una superioridad de ciertas normas sobre otras, con respeto sobretodo a los más generales principios  de estructura de un ordenamiento dado (los así llamados principios institucionales: los cuales, por lo demás, en el marco de la concepción romaniana, no tendrían, en rigor, fuente legislativa, ya que inmanentes en el hecho de la organización social y en el modo de su concreto manifestarse). De principios generales constitucionales, además habló, en un diferente orden de ideas, ESPOSITO (Validità, cit., 150 ss., 168 ss.), entendiendo que el límite derivado de éstos fuese (en abstracto) obligatorio para las mismas leyes formales; mientras, ROMANO consideró como meramente directiva la eficacia, en los conflictos con la ley (bajo la influencia, evidentemente, de la teoría de la absoluta supremacía de la ley en un sistema de constitución flexible, pero aportando a su más común percepción una corrección de notable importancia). Mutatis mutandis, un problema análogo se muestra, hoy, en nuestro Derecho positivo, cuando en las relaciones entre Constitución material y Constitución formal, y en los límites de la reforma constitucional [infra, ' 5, texto y nota (40)]: se recuerda también lo que se ha señalado arriba, en texto y nota (3), con referencia al ordenamiento internacional y la jerarquía entre las normas que lo constituyen (fundadas esencialmente sobre razones de contenido). Una prevalencia de ciertas disposiciones de ley sobre otras disposiciones de la misma fuente fue, además, exactamente advertida (por ESPOSITO, Validità, loc. ult. cit.) en las relaciones entre las normas disciplinantes de las condiciones de existencia y validez de las leyes y de cualquier otra ley subsiguiente, la cual podría, si bien en sistemas flexibles, derogarla expresamente para reemplazarlas por otras diferentes, pero no abrogarlas en cambio, caso por caso, mientras estuvieran en vigor.

^[18] Sobre el problema, de si los Estatutos tienen una fuerza jurídica distinta (prevalente) respecto a las leyes regionales, propiamente dichas, cfr., también para amplias referencias doctrinales, PALADIN, La potestà legislativa regionale, Padova, 1958, 109 ss.

^[19] La opinión predominante, en Italia, en el sentido señalado en el texto, y mejor en ZANOBINI (La gerarchia... cit., 52) se detiene en graduar jerárquicamente el referéndum derogatorio sobre el mismo plano de las leyes ordinarias. La tesis contraria es sostenida por GALEOTTI, Contributo... cit., 135 ss., con argumentos susceptibles ‑en verdad‑ de generar alguna duda sobre la precisión de la opinión más común; con la advertencia, sin embargo, de que, si se excluye que la deliberación popular derogatoria sea un acto de contenido normativo, y en todo caso ejercicio de la función legislativa, asimismo debería estimarse, por idénticas razones, con relación a las hipótesis, sea incluso raras (GIANNINI M. S., Problemi... cit., 10‑11) de ley formal poseedora de una sola y única disposición meramente derogatoria de otra anterior. Ciertamente, en sí y por sí, la pura y simple declaración de derogación es difícilmente reconocible en el esquema de la norma o de la regla de conducta (como juicio, o criterio de juicio o esquema de calificación), salvo que no se recurra al expediente de la prohibición de aplicar un norma en principio válidamente vigente. Parece, por otra parte, que ‑distinguiendo disposición de norma- se puede, no sin fundamento, estimar que la disposición derogatoria pone un fragmento de norma, que se irá a juntar, innovando, en el sistema complejo, y produciendo, por tanto, también, en tal sentido, un efecto normativo indirecto. Así, por lo demás, parece conforme a la lógica la tradicional lección, que se remonta hasta LABAND, según la cual en la función legislativa entra tanto el establecimiento de la norma como su derogación, tanto la parte positiva como la negativa (usando la terminología de CODACCI‑PISANELLI A., Legge e regolamento, en Scritti di dir. pubbl., Città di Castello, 1900, 39).

^[20] Por FERRARI, Gli organi ausiliari, Milano, 1956, especialmente 356 ss. (del mismo autor, v. también, más recientemente, Le leggi rinforzate nell´ordinamento italiano, en Studi sulla Costituzione, cit., II, 477 ss.), retomando declaradamente una expresión ya empleada por ESPOSITO, Validità... cit. 190, nota (1), y 84, con referencia a algunas raras hipótesis verificadas (según algunos, en el ordenamiento estatutario) de leyes para las que eran prescritos procedimientos especiales o la audición de determinados dictámenes. Los casos aquí arriba enumerados en el texto son regulados, respectivamente, en los arts. 132 y 133 de la Constitución; pero otros están por añadir, más particulares. Y ello, sobre la misma materia, ante todo: los del art. 43, segundo párrafo, del Estatuto de Cerdeña (que, en abrogación al primer párrafo del art. 133 de la Constitución, ordena a leyes regionales la modificación de las circunscripciones y de las funciones de la Provincia en Cerdeña, en conformidad a la voluntad expresada de las poblaciones de cualquiera de las Provincias interesadas mediante referéndum), y del art. 7, n. 4 y 5, dl.P.Reg.Sic., de 29 de octubre de 1955, n. 6 (preceptuando, entre las condiciones en las que se puede, con ley regional, instituir nuevos ayuntamientos en Sicilia, que la mayoría de los electores... se haya pronunciado favorablemente, además de la audición de los pareceres de los Ayuntamientos y de los Libres Consorcios interesados y del Consejo de Justicia Administrativa). Y además, en campos diferentes y ulteriores: el caso del art.73 del Estatuto de Trentino-Alto Adige (solicitando, por la ley de presupuestos de la Región, el voto favorable de la mayoría de los Consejeros de Trento y de los de la Provincia de Bolzano); asimismo, bajo un cierto aspecto, el caso de las leyes reservadas a las Asambleas (más adelante, en texto), y además las hipótesis que serán sucesivamente señaladas, en nota (26). Diversamente a FERRARI, no nos parece, en cambio, incluir entre las leyes reforzadas las adoptadas tras el dictamen de CNEL, al no ser tal dictamen constitucionalmente obligatorio. Sobre la problemática relativa a los procedimientos especiales establecidos en materia de circunscripciones de entes territoriales, v. por último, también para una completa noticia bibliográfica, MARTINES, Il referendum negli ordinamenti particolari, Milano, 1960, (separata de los Scritti in onore de G. Salemi), el cual critica, sin embargo (al menos limitadamente en la tipología a la que su investigación alcanza), la figura de las leyes reforzadas, argumentando desde el carácter, en su opinión, deliberativo y preclusivo del ulterior desarrollo de procedimiento, del referéndum del art. 132, primer párrafo, que ha alcanzado un resultado contrario (análogamente con el previsto en el art. 43 del Estatuto de Cerdeña) y por contra del carácter no vinculante, aunque obligatorio, de la consulta popular en todas las otras hipótesis (35 ss.). Si además, el primer óbice, si bien animado por la acreditada opinión de MORTATI (en la 40 ed. de las Istituzioni di dirtto pubblico, 638), parece intrínsecamente contradictorio, ya que se desenvuelve imposible el válido ejercicio de la función legislativa en sede de reforma constitucional, no es, ciertamente, un límite menos grave en la discrecionalidad del legislador del que sería revisable a través de un dictamen vinculante (negativo). La segunda objeción, a su vez (a la par de las otras planteadas por MORTATI, en la siguiente ed. de las Istituzioni, Padova, 1960, 573‑574, y por GALEOTTI, Contributo... cit., 232 ss., 336 ss.), se soluciona en una afirmación exclusivamente formalista, pues, como el mismo MARTINES reconoce, el dictamen, aunque no vinculante, destaca jurídicamente sólo (?) para la validez del procedimiento (lo que, a decir verdad, no es poco para justificar dicho sólo). También distinguiendo, en efecto, un procedimiento legislativo en sentido amplio de un procedimiento legislativo en sentido estricto y de todos modos diferenciando, en el ámbito del procedimiento legislativo, las actividades de los órganos parlamentarios como los solos idóneos... a proveer la especificación del contenido del efecto que se rebelará sucesivamente con la realización del acto‑total (GALEOTTI, op. cit., 337), parece innegable sin embargo el peso decisivo de los límites constitucionalmente establecidos para la validez del acto final; o sea, para la válida producción de los propios efectos preceptivos del mismo.

^[21] Como dispone el art. 8 de la Constitución, con referencia (según la opinión preferible: v. por todos MORTATI, Istituzioni, cit., 835 ss.) a la leyes especiales reguladoras de las relaciones del Estado con cada una de las comunidades religiosas diversas a la católica. Por la analogía del art. 8 con el art. 7, segundo párrafo, en el sentido de que los previos acuerdos con la Iglesia o con otras confesiones (y asimismo la correspondencia de las leyes a lo establecido en dichos acuerdos establecidos) condiciona su validez, resultando así (en ambas hipótesis) circunscrita y limitada la potencialidad de producción normativa de la ley ordinaria (BELLINI, I Patti lateranensi e la Costituzione della Repubblica italiana, en Dir. eccl., I, 64 ss.). Que en estos casos, como en los de la nota segunda (como en los de las leyes reforzadas), se tenga una mayor fuerza de resistencia de la ley, es advertido incidentalmente por GROSSI, Ordinamento giudiziario e Costituzione, en Giur. cost., 1960, 289.

^[22] Conforme notoriamente prescribe el accidentado párrafo segundo del art. 7 de la Constitución. Al respeto, se observa que la afirmación hecha en el texto presupone, en el pensamiento de quien escribe, la acogida de la tesis (ahora criticada por D’ALBERGO, Sulla costituzionalizzazione dei Patti lateranensi, en Rass. di dir. pubbl., 1958, I, especialmente 589 ss.) según la cual la referencia a los Pactos del Laterano contenidos en el texto del art. 7 debe ser entendida, correctamente, como referencia a la ley de 27 de mayo de 1929, n. 810, con la que se daba ejecución a ellos en el ordenamiento interno, y cuyas disposiciones serían, así, constitucionalizadas ‑cuanto menos en el sentido de dar lugar a su no modificabilidad, salvo previo acuerdo con la Iglesia, respecto a las leyes ordinarias. Pero es el caso de añadir que el carácter atípico (desde el punto de vista de la jerarquía tradicional) de la ley de 1929 (o en todo caso de las normas introducidas ex art. 7) la mantendría inmóvil, aunque se acogiera, en cambio, la tesis que reconoce valor constitucional al principio concordatario, y no a todas y cada una de las disposiciones de los Pactos existentes. Ello significaría, en efecto, según varias formulaciones de las tesis señaladas: que, entre las normas puestas por una misma fuente, algunas (es decir, las que constituyen los principios informadores de los Pactos -VIRGA, Diritto costituzionale, Palermo, 1953, 578 ss.) presentarían una resistencia a modificaciones y derogaciones diferente y mayor que otras; o bien, que solamente disposiciones de leyes ordinarias no contradictorias a los principios consagrados en los Pactos estarían autorizadas para modificar las normas ejecutivas (MORTATI, Istituzioni, cit., 994). Y en todo caso, además, a entender sencillamente que el art. 7, segundo párrafo, en tanto que expresa la obligación del Estado de regular en régimen concordatario sus relaciones con la Iglesia, conseguiría indefinidamente, como reconoce BALLADORE PELLIERI (Diritto costituzionale, Milano, 1959⁸, 414) -no obstante contrario a la tesis de la constitucionalización de los Pactos o de las normas de ejecución- que a la cuestión de si pueda ser emanada... una ley contraria a la de 27 de mayo de 1929 y en general a las que dan ejecución a los susodichos actos haya de darse una respuesta negativa, salvo que se haya dado una previa y correlativa modificación de los actos lateranenses de manos de los propios contrayentes. Esto es, en sustancia, lo que perseguía finalmente advertir con las presentes consideraciones.

^[23] La duda puede surgir bajo un doble perfil. De un lado, en efecto, desde hace tiempo es cuestionada, especialmente en la doctrina de lengua alemana, la admisibilidad de rupturas de la Constitución, dispuestas por leyes de reforma singulares e individuales [v., también para amplias referencias, ESPOSITO, Validità, cit., 173 ss., y además, concluyendo por su afirmación, con respeto a nuestro sistema vigente, Eguaglianza e giustizia nell’art. 3 della Costituzione, en La Costituzione italiana - Saggi, Padova, 1954, nota (82) a página 551]. Por otro lado, no faltan opiniones que mantienen la superconstitucionalidad del art. 10, primer párrafo, en relación asimismo a los más generales principios del art. 11 de la Constitución, y por tanto la inmodificabilidad de las normas del Derecho internacional generalmente reconocidas, y automáticamente integradas en nuestro orden, también de mano de leyes formalmente constitucionales: v., por ejemplo, pero dubitativamente y con alguna reserva, MORTATI, Lezioni di diritto costituzionale italiano e comparato, Roma, 1957‑58, 164‑165.

^[24] Por LA PERGOLA, Costituzione e adattamento dell’ordinamento interno al diritto internazionale, Milano, 1961, especialmente 275 ss. (cit. por las pruebas de imprenta).

^[25] Pueden ser, mejor dicho, los casos en los que tal disociación llega al punto de eliminar hasta la fuerza activa del acto, quedando solamente (y, quizás, ni siquiera siempre) el lado pasivo, como resistencia a la derogación propia de la ley formal. Así, por razones que pueden decirse naturales, dado que inherentes  necesariamente a la función y a los efectos del acto, las leyes de aprobación de los balances finales (rendición de cuentas, art. 81, primer párrafo, de la Constitución), los cuales carecen de cualquier eficacia innovadora del Derecho objetivo; así también, en difusas concepciones, las leyes de aprobación (según otros, de autorización al ejercicio del) presupuesto; e, incluso, las leyes de concesión del ejercicio provisional (art. 81, segundo párrafo). Y por fin, las leyes de autorización para la ratificación de tratados internacionales (claro está, si o en la parte que no contengan igualmente la orden de ejecución) y además, probablemente, las leyes de aprobación de los Estatutos de las Regiones de autonomía ordinaria. Con mayor precisión, en cambio, el fenómeno ahora advertido nos interesa (en esta sede) en las hipótesis en las que la ley deba ser solamente formal, con invalidez consiguiente de eventuales disposiciones abrogativas de normas de leyes preexistentes: ello se verifica típicamente en la ley de presupuestos, al menos si se adhiere la tesis que considera tales leyes vinculadas al respeto del Derecho vigente [infra, en nota (38)]. Paradójicamente, en fin, se tendría un acto, calificable por sus caracteres formales en un tipo de acto‑fuente, pero al que se veta realmente tal condición de fuente.

^[26] Art. 43 del Estatuto de Sicilia y art. 56 del Estatuto de Cerdeña (los cuales establecen incluso procedimientos especiales para la emanación de las normas de actuación: así que los decretos legislativos que las contienen se integraren, a un tiempo, entre las fuentes  atípicas y entre los actos normativos reforzados); art. 95 del Estatuto de Trentino-Alto Adige. Sobre los problemas relativos, cfr. por último la comunicación de GASPARRI al III Convegno si studi giuridici sulla Regione, Cagliari, del 1 al 6 de abril de 1959, y Le norme di attuazione degli Statuti regionali speciali, en Amm. civ., 1959, 23⁰, 31 ss.

^[27] Así, la libertad de circulación y residencia están garantizadas por la Constitución, salvo las limitaciones que la ley establece de manera general por motivos de sanidad o seguridad; por el art. 21, párrafo quinto, la ley puede establecer, con normas de carácter general, que sean conocidos los medios de financiación de la prensa periódica; por el art. 33, segundo párrafo, la República dicta las normas generales sobre educación; por el art. 128, la Provincia y los Ayuntamientos son entes autónomos en el ámbito de los principios establecidos por leyes generales de la República. Para aquellos que admiten la posibilidad de leyes poseedoras de disposiciones singulares, excluyendo que la generalidad sea cualidad esencial o condición de validez de las leyes en criterio del sistema constitucional vigente, la específica peculiaridad del límite, en tal modo impuesto a algunas leyes, a diferencia de cualquier otra, debería ser  evidente. Pero, como cabalmente advierte ESPOSITO (Eguaglianza... cit., 57) dicho límite no pierde sentido incluso admitiendo, en cambio, la hipótesis opuesta, puesto que, en tal caso, la imposición de ley general no veta sólo las leyes individuales o personales, sino también las especiales, excepcionales, temporales, locales o limitadas a una sola parte del territorio.

^[28] Art. 72, párrafo último, para los proyectos de ley en materia constitucional y electoral y para los de delegación legislativa, autorización de ratificación de tratados internacionales, aprobación de presupuestos. Sobre las cuestiones a las que da luego tal reserva, cfr., también por sus amplias referencias a la doctrina y a la jurisprudencia parlamentaria, ELIA, Le commissioni parlamentari italiane nel procedimento legislativo, en Arch. giur., 1961 (cit. a través de las pruebas de imprenta).

^[29] Se suponen aquí y se vuelven a citar las consideraciones que hemos planteado en otro momento (La legge regionale nel sistema delle fonti, en Riv. trim. de dir. pubbl., 1960, 262 ss.); sin embargo, en sustancia, que ciertas normas de la legislación estatal (formuladas en adecuadas disposiciones o de otro modo, o sencillamente implícitas y deducibles n sede de interpretación) tenga una fuerza diferente de otras, en las relaciones con la legislación regional, es una constatación que se impone objetivamente, al margen de las explicaciones y reconstrucciones dogmáticas que se estimen preferibles [v. también infra, nota (40)].

^[30] Que, por efecto del nuevo ordenamiento constitucional, los reglamentos locales (de autonomía) prevalezcan ahora ya sobre los reglamentos estatales, centrales y locales, fue afirmado con razón por GUARINO G., Osservazioni sulla potestà regolamentare, en Rass. dir. pubbl., 1948, I, 90‑91 (alguna idea en este sentido, mas, con respeto al anterior ordenamiento, en ZANOBINI, Gerarchia e parità... cit., 608; y CRISAFULLI, Prime osservazioni sul sistema delle fonti normative nella nuova codificazione, en Stato e diritto, 1942, 109 ss.). Pero, como he señalado en el texto, parece que se pueda dar un paso más, hasta mantener una reserva de autonomía reglamentaria frente a la misma ley: parece acercarse a tal opinión [para la cual, v. también, CRISAFULLI, La legge regionale.... cit., nota (9) a página 263] ESPOSITO en el escrito allí citado. En un sentido conforme a la interpretación, aquí sumariamente delineada en el texto, del art. 128 de la Constitución, precisas señas en BENVENUTI, Per una nuova legge comunale e provinciale, en Riv. amm., 1959, 6 del estracto; Idem., La Provincia nell’ordinamento costituzionale (Atti della XIX Assemblea gen. ord. Dell’Unione delle Provincie d’Italia), Milano, de 5 a 8 de noviembre de 1959, en el n. 4.

^[31] MORTATI, Il lavoro nella Costituzione, en Il dir. d. lav., 1954, 45, texto y nota (59) de la separata; y SANTORO-PASSARELLI, Nozioni di dirtto del lavoro, Napoli, 1959¹¹, 43‑44.

^[32] Cfr. GUARINO, Materia costituzionale, costituzione materiale, leggi costituzioni, en Dir. e giur., 1948 (separata), y además, del mismo, Osservazioni... cit., 88 ss.

^[33] Sobre este punto, v. más adelante, ' 6, texto y nota (50).

^[34] Así, generalmente se estima que la determinación del contenido constitucional de las leyes anteriores debe ser hecha con referencia a la materia regulada por la nueva Constitución (PERGOLESI, Diritto costituzionale, Padova, 1958¹², 153; BALLADORE PALLIERI, Diritto costituzionale cit., 134‑135; y ANONIMO, Sull´ammissibilità del giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi anteriori alla Costituzione, en Rass. Avv. Stato, 1956, n. 1‑2, 5). Hace falta reconocer, no obstante, que en tal modo no se sale de lo vago y se corre el riesgo de incluir en la definición gran parte del código de procedimiento penal, por ejemplo, o de las leyes de p.s., en cuanto que sin duda atañen directamente a materia que es objeto de regulación especifica y circunstanciada en el texto constitucional. El inconveniente sería evitable limitando el concepto al que alude la disp. trans. XVI a las leyes anteriores organizativas, incidiendo sobre institutos ahora disciplinados o diversamente disciplinados por la Constitución: interpretación, ésta, que podría ser fortalecida coordinando las disp. trans. XVI con la VI, y la VII con la IX, y prescribiendo, estas últimas, términos diferentes para la revisión y la coordinación de leyes anteriores, siempre de carácter organizativo y relativo a institutos regulados en sede constitucional.

^[35] Quedaría por verificar si, transcurrido el término de un año, ha venido a cesar la competencia de la ley ordinaria. En sentido contrario, AZZARITI, Giurisdizioni speciali, Corte costituzionale e magistratura ordinaria, en Foro it., 1950, IV, 8 ss., y PERGOLESI, op. loc. ult. cit.

^[36] A notables dificultades, por otra parte, da lugar la coordinación del art. 138 con la disposición del art. 72, último párrafo, en relación a los proyectos de ley en materia constitucional. En rigor, en efecto, y queriendo atribuir una lógica coherencia sistemática al texto constitucional, esta última referencia debería entenderse no coincidente con aquél, la del art. 138, a las leyes de reforma y a las otras leyes constitucionales, pero de alcance más amplio: la prohibición de aprobación en comisión (por reserva de Asamblea) de las leyes constitucionales (de reforma y otras) siendo explícita en el mismo art. 138, donde las mayorías requeridas en las diversas hipótesis necesariamente presuponen la aprobación en Asamblea. Se necesitaría por tanto (siempre rechazando reconocer en su llamada al art. 72 una inútil duplicación, fruto de un desliz de los constituyentes) investigar sutiles criterios capaces de diferenciar entre leyes constitucionales (por materia, o sea por la naturaleza de los objetos regulados y, quizás, también por la estructura de las disposiciones, expresando los principios fundamentales de la disciplina de dichos objetos) y leyes en materia constitucional (incidiendo sobre los mismos objetos con disposiciones más particulares): las primeras, sometidas al procedimiento del art. 138; las segundas integradas más sencillamente en la exclusiva competencia de las Asambleas. V. no obstante, asimismo más adelante, nota (50).

^[37] Una justa intuición de las dificultades sobre las que se va seguidamente a razonar en términos exclusivos (y sin las necesarias precisiones) de fuerza formal (de la ley) puede, quizás, entreverse en la distinción, arriba ya recordada y libremente utilizada en nota (11) entre fuerza y valor de ley: este último inherente al acto, en cuanto que sujeto a un cierto tratamiento característico (injuiciabilidad, salvo por la Corte Constitucional, y no susceptibilidad de venir a menos, salvo en virtud de ley subsiguiente o sentencia de la misma Corte); la primera, en cambio, concerniente a lo que el acto está en grado de hacer o de no hacer (capacidad de innovar en el orden legislativo) -SANDULLI, Legge... cit. De algún modo análoga, en la sustancia y en el sentido que interesa aquí, parecería [estando a la rápida nota hecha por GROSSI, loc. cit., en la nota (21)] la concepción sustentada por ESPOSITO en sus Cursos de lecciones: por la cual la sola característica constante y necesaria de la ley (y de su fuerza) consiste en la ejecutoriedad, como capacidad para imponerse incondicionalmente a las autoridades administrativas: lo que es todavía un elemento inherente al acto y a su peculiar régimen en Derecho positivo, prescindiendo del grado de la eficacia constitutiva del ordenamiento propia de sus singulares disposiciones ()aunque por el grado de resistencia a la derogación?). Para SANDULLI, ésta también entraba en el valor (si se prefiere). A nosotros nos parece, en definitiva, que solamente asumiendo en un criterio clasificatorio el valor (o si se prefiere, la fuerza, pero con respeto al régimen de injuiciabilidad de los actos y excluyendo de ellos la disciplina de la derogación, la cual puede no ser homogénea, como se va mostrando en estas páginas) quedaría firme la gran bipartición de los actos‑fuente en los dos tipos fundamentales, de las leyes (constitucionales, ordinarias, atípicas, reforzadas y simples, estatales y regionales, etc.), de un lado, y de los reglamentos (también éstos, de varias categorías), de otro. Y en verdad, un acto puede tener, por su forma (y hasta por su autocualificación formal), tanta fuerza de ley, por ser enjuiciable por la (sola) Corte Constitucional, pero no tener ninguna, en cuanto a la posibilidad de derogar válidamente disposiciones de leyes formales (o ciertas particulares disposiciones, diferenciadas, de particulares leyes formales).

^[38] Las hipótesis aludidas en las anteriores páginas, ya bastante numerosas y significativas, no agotan, sin embargo, el cuadro de la fenomenología a la que se refiere la fórmula sinóptica empleada en el texto. Baste pensar, con reserva de ulterior ejemplificación, en el caso de la ley de presupuestos, que, por el art. 81, párrafo tercero, no pueden establecer nuevos tributos y nuevos gastos, y más bien, conforme a la opinión predominante, debe ser ley solamente formal, vinculada por el orden legislativo preexistente: carente, así, de fuerza innovadora [arriba, nota (25)]. La disciplina positivamente adoptada por la Constitución sería, pues, venida a concretar la hipótesis, en la que tuvieron consideración en abstracto las observaciones de ESPOSITO, Validità, cit., 178‑179: cfr., entre otros, RANELLETTI, Istituzioni di diritto pubblico, PP. II‑IV, Milano, 1954¹⁴, 476; BUSCEMA, Bilancio dello Stato, en Enc. d. dir., V. Milano, 1959, 388, 391, 394; MORTATI, Istituzioni, cit., 552, y SCOCA, Leggi di bilancio e leggi finaziarie nell´art. 81 della Costituzione, en Rass. Avv. Stato, 1960, nn. 1‑3, especialmente 4. Ello no quiere decir, como cree SICA, Osservazioni sulla legge del bilancio, en Rass. di dir. pubbl., 1960, I, 52, adherirse a viejas concepciones, ya críticamente superadas, las cuales fundaron el criterio o uno de los criterios de discernimiento entre leyes (solamente) formales y leyes (incluso) materiales sobre una graduación cuantitativa de límites (todo el presente estudio está dirigido, por contra, a constatar la admisibilidad lógica y la existencia en Derecho positivo de lo que justamente el propio SICA llama una pluralidad de actos legislativos limitados); quiere decir en cambio que, a veces, el ordenamiento constitucional prescribe el carácter meramente formal del acto legislativo. El particularísimo límite de las leyes, en casos similares, no es consecuencia de su carácter de leyes solamente formales, pero en lo opuesto este carácter sería efecto del límite constitucionalmente establecido. De otra parte, también en un entendimiento restrictivo del límite de la ley de presupuestos, en aplicación literal del tercer párrafo del art. 81, admitiendo así que, a veces, la ley misma pueda válidamente tener contenido normativo (como cuando integra normas precedentes bajo el aspecto cuantitativo del gasto -COZZI, Tecnica del bilancio e controllo della finanza pubblica, Bologna, 1958, 183), es opinión pacífica que esto sea posible sólo si no se modifica ninguna ley anterior y sustantiva, y por ello sólo precisando el monto de los gastos establecidos sobre una ley anterior, con la que el Estado ha asumido determinadas obligaciones, aunque de forma genérica (Relación de la Comm. Fin. e Tes. de la Cámara de los Diputados al proyecto de ley concerniente al presupuesto del Ministerio de Obras Públicas para el ejercicio 1948‑49, cit. por COZZI, allí, en12 ss.; MACCANICO, L’art. 81 della Costituzione nel sistema delle garanzie costituzionali della spesa pubblica, en Studi sulla Costituzione, cit., II, especialmente 538). Y está bien, entonces, preguntarse a qué se reduce (al menos bajo el aspecto activo) la fuerza formal de ley de una ley, a la que le quedaría en todo caso prohibido derogar  normas de leyes anteriores. En suma, acogiendo la tesis tomada en primer lugar, la ley de presupuestos no estaría autorizada para establecer normas, y por lo tanto para innovar el ordenamiento preexistente; mientras adhiriéndose a la segunda, podría contener hasta disposiciones normativas, con tal de que no fueran contra legem, o lo que es igual, que no estaría en grado de hacer propiamente aquello que es típicamente característico de la ley.

^[39] Puede también recordarse sobre este punto cómo el régimen de derogabilidad, por lo general propio de las leyes formales y de los actos a ellas equiparados, es a veces diferenciado desde el punto de vista de la admisibilidad del referéndum derogatorio, art. 75, segundo párrafo, de la Constitución, con la consecuencia de que la resistencia de las leyes sustraídas en este específico modo de cese de la eficacia no resulta mayor respecto a otras [GROSSI, loc. cit., aquí más arriba en nota (21)].

^[40] Para el límite de la reforma constitucional expresamente formulado en el art. 139, puede darse, por otra parte, y ha sido sostenido, que ello se justifique en razón a la diversidad de las fuentes, de donde deriva la forma republicana, anterior y superior a la misma Constitución formal (el referéndum institucional de 2 de junio de 1946): con un planteamiento semejante, la especialísima resistencia del art. 1, primer párrafo, encontraría adecuada explicación sin mellar la unidad de la fuerza jurídica del texto constitucional, en cuanto acto normativo total. Pero el problema en el que se entra en el texto se extendería, sin embargo, para ulteriores disposiciones en el mismo texto constitucional, a las que se reconoce una mayor fuerza que a otras (por ejemplo, las que garantizan los derechos inviolables del hombre o el principio democrático; o también, quizás, las que prevén el juicio de constitucionalidad de las leyes); mas ello, salvo que no se mantenga, con una argumentación harto artificiosa, que también tales principios se integraran en la forma republicana directamente elegida y adoptada por el pueblo, en tanto que poder constituyente originario. La situación, en suma, no es diferente de la que se tiene -en base a explícitas prescripciones del ordenamiento- para los principios (más o menos generales) de la legislación estatal, que vinculan y condicionan la normativa regional, como sucede para las normas legislativas estatales de ejecución de las obligaciones internacionales, impidiendo el ejercicio de la competencia legislativa regional, mientras que cualquier otra norma de la misma fuente (o sea, de las leyes estatales) no podría válidamente prevalecer, en las materias atribuidas a las Regiones y en el ámbito territorial de éstas, sobre las puestas por leyes regionales (v. también, infra, en texto, ' 6).

^[41] Constitución, art. 77, cfr. MORTATI, Lezioni. cit. 187.

^[42] Constitución, art. 76. También aquí, cfr. MORTATI, loc. ult. cit; v. asimismo CRISAFULLI, La legge regionale... cit., en nota (29) y allí citando a la doctrina y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, por último, resumidamente, PALADIN, Presunzione di preminenza della legge delegante sulla legge delegata, en Giur. cost., 1960, 575.

^[43] Sobre un obstáculo parecido insiste MORTATI, Istituzioni, cit., 167, 995, mostrándolo (si no vamos errados) como una objeción al reconocimiento de una especificación de la fuerza de varias disposiciones de la misma fuente en razón a sus presupuestos o contenido (en cuánto, los unos y el otro constitucionalmente vinculados). Pero, en realidad, si fuese una objeción, dispondría demasiado: también para los reglamentos, por ejemplo, puede ahora decirse que son condicionados por las leyes ya que así lo quiere la Constitución y su ilegitimidad por disparidad con normas de ley es consecuencia de su contraste con la norma constitucional que establece la preferencia de ley (una muestra en tal sentido, con respeto a los reglamentos de ejecución que se fundan en la Constitución, mientras su contenido es determinado por las leyes, en KELSEN, La garantie... cit., 209). Todo ello, incluso siendo verdad, se difumina; mas, lejos de excluir, confirma la desigualdad entre disposiciones reglamentarias y disposiciones de leyes formales, y en general entre las diferentes fuentes en cuanto determinadas y resultantes, en definitiva, de las normas constitucionales (a las que remonta cualquier jerarquía, y mejor dicho, más ampliamente, cualquier sistema positivo de resolución de las antinomias). V. de todos modos los obstáculos que siguen seguidamente en el texto.

^[44] La hipótesis se verifica, por otra parte, en general, cada vez que la norma constitucional vincula positivamente (en el objeto o en el fin) la función legislativa sobre determinadas materias (ejemplos en PALADIN, Osservazioni sulla discrezionalità e sull´ecceso di potere del legislatore ordinario, en Riv. trim. di dir. pubbl., 1956, 1028 ss.; para el particularísimo límite teleológico de las leyes regionales sicilianas ex art. 17 del Estatuto, v. nuestra nota Legislazione siciliana concorrente: limite finalistico e limite dei principi, en Giur. cost., 1958, 369. De reservas reforzadas de ley, habla, en tales casos, MORTATI, Istituzioni, cit, 172; pero ha sido recientemente advertido (por FOIS, Ancora sulla riserva di legge e la libertà economica privata, en Giur. cost., 1958, especialmente 1251 ss., y además Riserva originaria e riserva di legge nei principî economici della Costituzione, ivi, 1960, 492) que el elemento discriminador entre las hipótesis de verdadera reserva de ley (sea absoluta o relativa) y el genérico principio de legalidad consistiría propiamente en un específico vínculo de contenido de la ley (la cual debe intervenir sobre dicha materia y en dicha manera, y no de otro modo, loc. ult. cit.).

^[45] O hasta nada menos que excluida, en los casos referidos en las notas (25) y (38), como estima la doctrina allí citada.

^[46] En sede conceptual, el acento debe ser puesto sobre el primero de los dos elementos ahora anotados en el texto (la diversa capacidad de producción jurídica de las fuentes, aunque pertenecientes al mismo tipo general), pues, a diferencia de lo que generalmente ocurre cuando hay una simple preferencia de fuente, en los casos aquí considerados, en cambio, el límite a la fuerza activa del acto existe aunque, por hipótesis, ya no estén vigentes sobre la materia normas válidamente establecidas en una época anterior (cfr. con respeto a este otro problema, LA PERGOLA, op. cit., 233 ss.). Una solución distinta resulta, en cambio, acogida, por motivos de conveniencia y oportunidad, en nuestro Derecho positivo, en cuanto a las relaciones entre legislación estatal y legislación regional (donde, al menos para la fase de primera realización, no es la competencia; pero el ejercicio de la competencia regional, en cambio, sí limita la competencia estatal).

^[47] Cfr. sobretodo ZANOBINI, en los trabajos cit. en la nota (8), y además ahora MORTATI, Lezioni, cit., 186.

^[48] A veces, en efecto, la ley dispone de la competencia, a ella atribuida, en favor de otra fuente, teniendo capacidad para extender o restringir el ámbito, hasta suprimirlo, como también subordinar el ejercicio a la observancia de particulares condiciones: así, ciertamente, en las relaciones entre leyes de delega y decretos delegados; y así, incluso, en las hipótesis de reglamentos delegados.

^[49] Ni siquiera, no obstante, estaría exigido llegar al extremo de resolver el vicio de incompetencia, encuadrado entre los posibles vicios de las normas, en vicio del objeto (así GIANNINI M.S., L´illegittimità degli atti normativi e delle norme, en Riv. it. sc. giur., 1955, especialmente 68‑69). En realidad, competencia‑incompetencia conciernen al acto, en cuanto ejercicio de un poder determinado - e incluso el acto sea por o en su contenido, como dice ESPOSITO, Invalidità della legge e di disposizione di legge... cit., en Giur. cost., 1957, 661.

^[50] Desde luego, salvo los límites, en el contenido normativo de las leyes, derivados del contenido de las normas constitucionales. Por contra, ESPOSITO, Validità, cit., 63, partiendo de la premisa de una diversidad de materia entre Constitución y ley ordinaria, y por lo tanto de la diversidad del respectivo contenido (238 ss.). En el ordenamiento hoy vigente en Italia, tal reserva estaría establecida en términos generales, como antes se ha señalado en el ' 4, por el art. 138 de la Constitución, desde donde se vuelve a llamar, junto a las leyes de reforma, a las otras leyes constitucionales (cfr. VIRGA, La revisione costituzionale, en Il circ. giur., 1948, 10 de la separata). La doctrina predominante,  en cambio, está orientada en el sentido de que, con esta expresión, el art. 138 alude sencillamente a las (poquísimas) leyes constitucionales (futuras), a las que a veces reenvía explícitamente la propia Constitución: de aquí, la consecuencia, lógicamente necesaria, de tener luego que atribuir un diferente sentido a palabras idénticas usadas, con textual e indudable respeto, en leyes, en cambio, anteriores, a la disp. trans. XVI (así, por ejemplo, expresamente, BALLDORE PALLIERI, Diritto costituzionale, cit., 134, advirtiendo además cómo cualquier nueva ley constitucional sobre objetos no incluidos en la Constitución se resolverían indirectamente en una reforma constitucional). En sede conceptual, la tesis de la reserva de la materia constitucional se presenta más atendible y coherente con los principios sobre los que se basa un sistema con Constitución rígida, en particular repercutiendo en la levedad de nuestro texto constitucional sobre materias a las que no sería negable naturaleza intrínsecamente constitucional (como en tema de fuentes, por ejemplo, o de ciudadanía); tan es más que la propia Constitución, justo en la trans. XVI, parece reconocer la no coincidencia (por defecto) de lo en ella regulado con la entera materia constitucional. Razones para dudar surgen, en cambio, de la ya señalada fluidez del concepto de materia constitucional y por tanto de la dificultad de darle una determinación lo suficientemente precisa [el mismo ESPOSITO, loc. ult. cit., se mantiene bastante en lo genérico, observando luego, en nota (1) a página 143, cómo resultan inadecuados todas las tentativas de definición meramente jurídica de Constitución]. Pero puede replicarse que dificultades también se dan a veces para establecer si una ley, por los objetos regulados, es calificable de tributaria, por ejemplo, sin que se reduzca por ello la necesitad de distinguir, donde sea necesario para ciertos efectos en Derecho positivo; en particular, esta última hipótesis se verifica por las leyes en materia constitucional reservadas a la aprobación en Asamblea por el art. 72, último párrafo, así que, también prescindiendo (como pretendería la opinión predominante) del art. 138 la exigencia de una delimitación de la materia constitucional que se impone al intérprete, no sea otra que la asentida en la norma del art. 72 (a menos de no quedarse en un simple e incorrecto reenvío a las leyes del art. 138). Finalmente, incluso dando por cierta la historicidad de la noción de materia constitucional, y por tanto la posibilidad de que los confines de tal materia padezcan desplazamientos con la evolución de las condiciones fácticas y las convicciones políticas dominantes en la comunidad estatal, el verdadero problemas es establecer si el Parlamento es plenamente libre, o no, en la elección de los objetos por asumir en sede constitucional y de legislar, por ello, en las formas ordinarias sobre objetos materialmente constitucionales; o bien si a la decisión cada vez adoptada en sede parlamentaria tenga que agregarse un eventual juicio de la Corte constitucional. En todo caso, admitir la reserva de la materia constitucional a favor de leyes constitucionales no se opondría a cuanto se ha advertido en el texto, transformando en general la conexión entre fuentes constitucionales y leyes ordinarias en relación de separación de competencia, antes que de jerarquía, ya que: a) por lo general, la reserva dispuesta en favor de las leyes constitucionales es relativa, y sólo excepcionalmente absoluta; b) habría, en fin, una simple preferencia de la fuentes constitucional, fuera de la materia objetivamente constitucional, y por eso reservada (a menos de entender prohibido al Parlamento endurecer en la forma constitucional la disciplina de objetos no entrantes en dicha materia). La experiencia de todas las Constituciones modernas, y de la nuestra entre ellas, nos enseña en efecto que no todas las posibles normas inciden siempre sobre materias constitucionales, sino solamente las fundamentales y las de principios, siendo éstas sustraídas a la ley ordinaria: tenida ella, por lo demás, a uniformarse y a no contradecirlas.

^[51] Para las reservas de ley, en cambio, v. más adelante en nota (54).

^[52] Excepción, probablemente, la exclusiva hipótesis del art. 73 del Estatuto de Trentino-Alto Adige, donde el reforzamiento consiste en una particular modalidad del procedimiento (aprobación con una especial mayoría). Para las leyes ex art. 8, segundo párrafo, v. poco más adelante en texto, sub 3).

^[53] Antes, nota (20).

^[54] Por lo que valen, bajo este aspecto, las consideraciones señaladas antes en nota (46). La hipótesis examinada en el texto se muestra, hasta a cierto punto, análoga a las reservas de ley: en ellas también, particularmente si se habla de reserva absoluta, determinados objetos son susceptibles de válida regulación exclusivamente de mano de una determinada fuente (la ley forma), de manera que, aun cuando ésta no intervenga, la materia queda igualmente sustraída a otras fuentes. Es cierto, por otro lado, que también las reservas (absolutas y relativas, y con todavía mayor evidencia las reforzadas) configuran otros tantos casos de limites positivos de contenido a la ley, al prescribir que disciplinen una materia en un cierto modo [antes, nota (44)]. Más allá de esto, se detiene la analogía: a diferencia de cuanto se verifica en las reservas de ley reforzadas o de ley de Asamblea, en las otras reservas (sencillamente, de ley formal) se tiene, en efecto, no una mayor, sino una menor potencialidad de producción jurídica de la fuente a cuya especial competencia es atribuida.

^[54bis] Así, dudosamente, incluso ELIA, en el trabajo cit. aquí arriba en la nota (28).

^[55] V. antes, nota (40).

^[56] Sobre la misma materia, así pues, hay concurrencia posible (o mejor, necesaria), de dos órdenes de fuentes (lo que llevaría a excluir el recurso a la figura de la competencia, según poco antes se ha advertido en el texto); pero no libre, ya que a cada uno de las dos fuentes es reservado un determinado modo o tipo normativo y la concurrencia no podría válidamente verificarse sino dentro de los límites así impuestos a su correspondiente contenido (lo que permite, en cambio, hablar de competencia, aun cuando ésta sea repartida en base a criterios compuestos, en los que participan, mas sin agotarlos, el elemento territorial y el elemento de la materia).

^[57] Más arriba, ' 3, texto y nota (23).

^[58] Más arriba, nota (40).

^[59] El ejemplo clásico siempre se ha constituido por los reglamentos, con respeto a la doble hipótesis: a) de único acto poseedor de disposiciones normativas (y desde esta perspectiva, por tanto, verdadero reglamento, fuente de derecho objetivo) y disposiciones‑procedimiento, sometidas, así, a las reglas comunes a los actos administrativos concretos; b) de único acto reglamentario, poseedor de disposiciones autorizadas para incidir en materias cubiertas por reserva relativa de ley (o, según concepciones arriba criticadas, para derogar a singulares normas de ley) junto a disposiciones dotadas de la normal eficacia reconocidas al reglamento. Ulteriores ejemplos se encuentran en el caso de las disposiciones de los textos constitucionales sustraídos a reforma [arriba, ' 5, texto y nota (40)]; y en el caso de la diferente competencia de las leyes estatales, sobre materia atribuida a la legislación regional, a condición de que aquéllas establezcan principios o normas de ejecución de obligaciones internacionales, y otras normas. Y de nuevo, cualquier ley formal que discipline, entre otras, materias respecto a las cuales sean requeridos especiales presupuestos de procedimiento o de contenido y sometida, por lo tanto, por esta parte, a condiciones de validez diferenciadas (así, una nueva ley de p.s. sería una ley formal como todas las otras, pero, si también se ocupara de los extranjeros, debería, limitadamente a dichas normas, conformarse a las normas internacionales).

^[60] Se ha visto con anterioridad, en el ' 3, cómo, también en sistemas con Constitución flexible, se plantea una jerarquía de contenidos normativos, a veces, al menos tendencialmente, atenuando el rigor del criterio jerárquico según la fuerza formal (e incluso cediendo, en definitiva, frente a está, en las relaciones entre leyes formales). Pero no es siempre una jerarquía de contenidos, que se afirma irresistiblemente, en los no raros casos de antinomia en el ámbito de un mismo texto normativo (¿o entre disposiciones de fuentes del mismo grado y la misma fecha?) -que el intérprete debe sin embargo solucionar, y soluciona, a veces mediante la interpretación correctiva, y otras mediante la que se suele llamar (impropiamente) pero significativamente, interpretatio abrogans (donde la reconocida prevalencia de una de las normas concurrentes se basa en consideraciones concernientes, sin duda, a la materia del precepto).