"ReDCE núm. 33. Enero-Junio de 2020"
Traducido del alemán por Miguel Azpitarte Sánchez
"ReDCE núm. 33. Enero-Junio de 2020"
|
|
El camino ofrece oscuros escenarios de futuro. Todos los días se profetiza el hundimiento de la Unión, una espiral de nacionalismo o la marcha hacia un Estado policial, autoritario y enemigo de los diferentes. En vista de estas imágenes catastróficas, las historias y las noticias con las que nos enfrentamos diariamente y a la luz de las masivas limitaciones de derechos, no sorprende que nos agote el debate sobre la solidaridad europea. La competencia por ver quién ofrece un escenario más catastrófico deslumbra y amenaza con hacernos creer que las soluciones políticas son inexorables y carecen de alternativa. Pero las alternativas existen y hoy son más importantes que nunca.
Las actuales medidas adoptadas para contener la aguda crisis sanitaria conllevan decisiones políticas entre alternativas, y estas alternativas también existen a la hora de abordar el futuro después del coronavirus. Los daños sobre nuestro sistema político tras la crisis del coronavirus dependen fundamentalmente de tres factores: una posición proactiva a la hora de afrontar las consecuencias de la crisis; las conclusiones que obtengamos respecto a la solidaridad de las organizaciones internacionales; y la resiliencia de nuestras Constituciones frente a la crisis.
Dominar la crisis y escapar de los sombríos escenarios, dependerá de cómo se resuelvan las previsibles consecuencias sociales que resultarán del parón económico absoluto derivado de la contención de la pandemia. En caso de no hacerse bien, se reforzará todavía más la pérdida de confianza en las instituciones públicas y será previsible un mayor crecimiento de los partidos de derechas populistas. Pero la crisis del coronavirus también ofrece la oportunidad de recuperar la confianza perdida y reequilibrar la desigualdad social.
Hoy se nos llena la boca celebrando a los dependientes y dependientas, a los cuidadores y cuidadoras, como “los héroes de nuestro tiempo”, mientras que muchas grandes empresas (por ejemplo, entre las primeras, Adidas) han anunciado que dejaban de pagar los salarios invocando la pérdida de beneficios. Teniendo esto en cuenta, la crisis del coronavirus debería ser la ocasión para corregir el fatal malentendido de los pasados años, en los que se tomó como relevantes desde el punto de vista sistémico de una sociedad, a aquellos que trabajaban en posiciones privilegiadas o que podían crear puestos de trabajo. Era obvio que desde hacía años los ingresos del comercio minorista, del sector sanitario o del transporte estaban por debajo de la media, lo que era prueba de un desplazamiento social y un malentendido fatal sobre la creación de valor social. Este desplazamiento social es una muestra de cinismo en tiempos del coronavirus; la confianza solo se puede recuperar si reabrimos el debate sobre la creación de valor social. La Ley Fundamental no solo ofrece suficiente espacio para esa nueva determinación de lo justo, sino que además da una orientación a través del principio del Estado social. El lado social del Estado federal democrático garantiza ciertas prestaciones y también la conformación social del sistema económico en su conjunto. Desde este punto de vista debería ser obvio que la amortiguación de las consecuencias de la crisis no debe mirar solo a las admiradas empresas con relevancia sistémica, o al mantenimiento de los mercados financieros, sino también a las consecuencias sociales y su base social.
La crisis del coronavirus ha hecho evidente los déficits del sistema sanitario, que van más allá de la infraremuneración del personal sanitario, señalando la relación entre el mercado y el Estado. Nunca antes se había mostrado de modo tan claro de qué manera esta relación, en los últimos años, se había desplazado en favor del mercado, especialmente en el área de los servicios públicos. Por lo demás, es difícil acomodar la atención a los servicios públicos con la búsqueda de la eficiencia orientada al mercado, porque el ahorro en los costes en última instancia conlleva recortes en la calidad y cantidad de las prestaciones públicas. La política de privatización y liberalización de los últimos años no es fruto ni de los hechos naturales ni de un mandato constitucional. Al contrario, la Ley Fundamental es neutral en términos de política económica y deja a la decisión política la forma concreta de la relación entre mercado y Estado, si bien con el principio de Estado social marca la dirección para una garantía suficiente de los servicios públicos sociales. La crisis del coronavirus da una oportunidad para actualizar los principios constitucionales y equilibrar la relación entre Estado y mercado de tal modo que se posibilite también la refundación de la confianza en las instituciones estatales.
En la crisis del coronavirus, al igual que en cualquier otra crisis, aquellos que ya vivían precariamente han sido los más afectados, quedando en una situación especial de riesgo. Es desalentador lo rápido que ha desaparecido de la atención pública la miseria de los refugiados en las fronteras europeas e indigna ver cómo en situaciones de crisis se activan las cláusulas de necesidad de los tratados internacionales relativos a las fronteras exteriores, sin pensar seriamente las alternativas que podrían vincular la protección de los refugiados con la salud pública. Entretanto, la protección de los refugiados basada en los derechos humanos se ha convertido en una pieza central del derecho constitucional europeo a través de su garantía mediante el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el artículo 18 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión. Los nuevos retos que conlleva la crisis del coronavirus hacen evidente la situación de los refugiados expulsados y la falta de condiciones de salubridad en las zonas calientes de las fronteras exteriores. Es el momento de dar eficacia al derecho constitucional europeo y acreditar que la protección de los derechos humanos en Europa no es solo un asunto para los tiempos de bonanza.
En segundo lugar, la crisis del coronavirus ofrece la oportunidad de repensar la solidaridad. En la crisis del coronavirus se ha mostrado la importancia del reparto global de tareas, lo que nos hace depender de cadenas internacionales de producción tanto para los procesos económicos como para la atención de la salud. Anteriormente, la cuestión de la protección de los derechos humanos en la cadena de producción se consideraba un accesorio decorativo, la crisis del coronavirus nos ha ejemplificado el gran interés que tienen los derechos humanos en las condiciones de trabajo y vida a nivel mundial. Cuando el coronavirus, dado el carácter deficitario del sistema de salud y la falta de servicios básicos, frena la producción en muchos lugares, esto tiene consecuencias masivas en la economía europea, que está necesitada de suministros que provienen de todo el mundo. Asimismo los estándares sociales y de salud de los Estados en los que se ramifican las cadenas de producción, dependen de la magnitud de la crisis en la economía europea y la velocidad de la reconstrucción. Por el momento, poco bueno podemos esperar. Pero podría ser una oportunidad para despertar un interés global por los derechos humanos, las condiciones de trabajo y de vida, institucionalizar ese interés y reforzar así el respeto global de los derechos sociales. Dada la dimensión global del coronavirus, esto es especialmente relevante para mejorar las estructuras de cooperación y la capacidad del sector de la salud. Hoy es bien clara la importancia de la interconexión global y los recursos comunes.
La crisis del coronavirus y su dimensión global revelan una vez más la destacada importancia de una solución europea a la luz de un riesgo que por definición supera las fronteras. Por ahora, el escenario está dominado por los problemas de coordinación y la disputa sobre la ayuda financiera. Sin embargo, la crisis del coronavirus ofrece en realidad una oportunidad única para originar una nueva legitimidad de los proyectos de cooperación de la Unión y reforzar la solidaridad europea. Los fallos de la eurocrisis, que de facto distanciaron a los Estados, no pueden volver a repetirse; al contrario, los costes y las consecuencias de esta crisis deben soportarse unidos. También para esto existen directrices constitucionales: el artículo 3 establece el objetivo de procurar el bienestar de los pueblos de Europa, combatir la exclusión social y la discriminación y fomentar la justicia y la protección social; la solidaridad es un principio constitucional. Pues bien, estos honorables principios apenas fueron revitalizados durante la eurocrisis, que franqueó el paso a la lógica de la atribución de culpas. Ahora se trata de afrontar las consecuencias de un virus, que no es responsabilidad de nadie.. Estamos ante una ocasión sobresaliente para revitalizar la solidaridad y la justicia en la Unión. Y aquí tampoco hay nada obligatorio, sino que se abren muchas posibilidades, siempre que seamos capaces de fundar una conciencia y una voluntad política.
El derecho constitucional nacional y europeo construyen el marco desde el que tomar las próximas decisiones políticas. Las Constituciones, en tanto que marco de orientación vinculante, están en una relación de tensión directa con la lógica de la crisis, que con su presión para una toma rápida de decisiones pretende neutralizar límites incómodos y los espacios de reflexión que el proceso democrático construye de manera consciente. Por ello, las Constituciones, en las crisis sociales duras, corren el riesgo de ser sustituidas por otros marcos de referencia y símbolos de orientación, como puede ser la querida referencia al pueblo o la nación. Las Constituciones pueden cumplir su función como guion normativo en una situación de crisis, cuando desarrollan resiliencia para superar la crisis sin perder su normatividad.
Esto sucederá si dejamos claro que los análisis jurídico-constitucionales no sustituyen a las decisiones políticas. Sin duda, no ofrecen un camino alfombrado, tan solo un marco de acción reglado, que marca tareas y traza límites; el contenido concreto de una norma constitucional no está fijado de antemano. Las crisis son más bien hitos históricos, en el que se vuelve a definir a través del conflicto el significado de ciertas normas constitucionales. Son precisamente estos conflictos en los que diversos actores hacen suya la Constitución en sentido diverso, los que sostienen la normatividad de la Constitución durante la crisis. La referencia compartida a la Constitución, por más que se le atribuyan significados diferentes, vincula los actores al orden político. Las Constituciones resilientes deben producir al mismo tiempo continuidad y cambio.
Las discusiones sobre la constitucionalidad del confinamiento, el cierre de negocios, la protección de datos o el reforzamiento de los Ejecutivos no son una cortina de humo. Todo lo contrario, poseen un significado constitucional central al margen del resultado que se obtenga en la valoración de las medidas concretas. Discusiones que además han de completarse de manera urgente a través del derecho constitucional de la Unión. Tales debates permiten, también bajo fuerte presión, dejar claro que la Constitución establece límites y que el adagio “¡la necesidad no admite barreras!” en un Estado democrático de derecho ni siquiera vale cuando se trata de una catástrofe natural con miles de muertos potenciales. La Constitución debe ser marco de referencia normativo incluso en una aguda crisis; cómo se ha de realizar este marco, es una decisión genuinamente política.
En este sentido, el debate político no debería estrechar las estructuras y libertades bien ganadas, por mor de un canto lleno de miedos apocalípticos, sino que debería ampliar el horizonte de nuestras posibilidades. No se trata de sueños utópicos, sino de desarrollar una esperanza práctica en el sentido de Martha C. Nussbaum. Una esperanza estrechamente ligada a actuaciones concretas aquí y ahora, atenta a lo realizable. La esperanza práctica es la oportunidad de estas horas.
Resumen: Este trabajo analiza la salida a la crisis del coronavirus como una cuestión que admite diversas posibilidades que han de ser desarrolladas por la acción política. Partiendo de esta premisa y estableciendo una comparación con la crisis del euro, la autora subraya que la salida de la crisis debe ser social. A continuación plantea las dificultades que padece la estructuración de la solidaridad en el ámbito transnacional. Y, finalmente, analiza la necesidad de que las Constituciones estatales mantengan su capacidad de marco normativo de orientación.
Palabras claves: Coronavirus, crisis del euro, solidaridad, Constitución.
Abstract: This work analyzes the way out of the coronavirus crisis as a question that admits various possibilities that have to be developed by political action. Based on this premise and establishing a comparison with the euro crisis, the author stresses that the way out of the crisis must be social. She then goes on to discuss the difficulties of structuring solidarity at the transnational level. And, finally, it analyzes the need for the State Constitutions to maintain their capacity as a normative orientation framework.
Key words: Coronavirus, eurocrisis, solidarity, Constitution.
Recibido: 22 de mayo 2020
Aceptado: 25 de mayo 2020
