1. Perspectiva. Desarrollo social, desarrollo humano

"Nuestro presente no es una necesidad sino una posibilidad hecha realidad. Nada más". Esta máxima apuntada por Pérez Adán (2011: 4), nos introduce en la radical actualidad del fenómeno que en estas páginas vamos a determinar como la nueva cuestión social del siglo XX: el desarrollo humano integral. Pero además va a ser el punto de partida de una reconstrucción histórica que intenta aunar tres dimensiones de estudio del fenómeno: perspectiva, retrospectiva y prospectiva. Un fenómeno que atiende al conjunto de fracturas sociales" persistentes o emergentes que afectan, quizás por primer vez en la historia, a "todo el hombre y todos los hombres", uniendo en el significado ulterior de los derechos sociales y las responsabilidades individuales a hombres y mujeres de distintas generaciones.

Así podemos señalar como a lo largo del siglo XIX, el término desarrollo devino en principio fundamental del ideario político-social, tomando como modelo el ideal de progreso de la Ilustración (absoluto e inmutable en función de la "primacía de la razón"). Desarrollarse se definía, de manera general, como crecimiento progresivo e ilimitado del género humano, tanto económica (material) como políticamente, haciendo tabla rasa de toda tradición cultural y toda convención moral no fundada en planteamientos racionalistas. Por ello, tras determinar el contenido ordenador y corrector de la primera Beneficencia pública (que situaba a la misma pobreza como un "mal social" de responsabilidad individual e incompatible con la productividad nacional), el desarrollo se introdujo en el lenguaje y simbología de la política social contemporánea (Messner 1976).

El novedoso desarrollo político-social se vinculó, pues, a la expansión legislativa e institucional del Estado social: a) ampliación del contenido y alcance de los derechos sociales (justicia), desde los derechos laborales a los derechos de ciudadanía; b) aumento del nivel de vida colectiva (bienestar), desde las aspiraciones liberales al consenso socialdemócrata; c) y legitimación del régimen político vigente (orden), de formas de autoridad a la democracia parlamentaria. Pero la pluralidad de posiciones teóricas sobre el objeto y los fines del desarrollo respecto a la política social, alumbró significados diversos; en gran parte debidos a la influencia de distintas posiciones ideológicas, y de las ciencias sociales, jurídicas y económicas auxiliares. Como "progreso" encontramos desde la transformación social y modificación cultural de los proyectos revolucionarios, el crecimiento económico e innovación tecnológica desde propuestas liberales, el despliegue estatal y el incremento institucional en los Estados autoritarios, hasta la mejora educativa o la renovación ética en movimientos humanistas (Fernández Riquelme 2010).

Paulatinamente, en el largo proceso de construcción del Estado de bienestar occidental, el desarrollo fue delimitado, cuantitativamente, como categoría central de valoración del nivel de vida, y cualitativamente, como criterio de progreso en la concesión de derechos sociales. Ahora bien, el desarrollo social llegó a ser el fin exclusivo de la política social para muchas tendencias que lo ligaban, de manera restrictiva, a nuestro juicio, al crecimiento económico (políticas expansivas), al progreso ideológico (ingeniería social) o al aumento estatista (aparato burocrático-administrativo), sin atender o valorar las rupturas culturales, los límites de recursos, las fracturas relacionales o las consecuencias medioambientales que implicó la "absolutización" del mismo. Y ante el uso y abuso del término cabe preguntarse ¿Qué significa desarrollarse?, ¿qué tipo de desarrollo necesitamos?, ¿cómo hemos de desarrollarnos?, ¿cuánto?, ¿en qué facetas?, y sobre todo ¿para qué?

En este momento podemos intentar responder sobre la noción de desarrollo, concepto polisémico y hasta cierto punto complejo, y su relación con el trabajo social. Nos encontramos con su utilización en el campo de la cultura, de la economía, de la política, de la psicología o de la sociología como sinónimo de evolución y progreso, de transformación y cambio. Surgen dudas, además, sobre en qué consiste "desarrollar": cuál es su contenido, su finalidad, su método, sus indicadores y sus instrumentos (Fernández Riquelme 2010). También podemos atisbar divergencias en la configuración doctrinal de esta noción, en función de la ideología de partida o del contexto histórico. Pero ante todo, este ideal nos vuelve a platear las mismas preguntas de antaño respecto a la política social: ¿Qué tipo de justicia social es básico?, ¿Qué nivel de bienestar en necesario? Y ¿qué tipo de orden es el adecuado?

Por ello, las oportunidades históricas para el pensamiento y la praxis político-social vienen determinadas, ciertamente, por la idea del desarrollo humano. Pero pese a cierto adanismo intelectual, hemos visto que esta no es una idea nueva, por lo menos en su amplia formulación como "progreso". Al calor del impacto de la industrialización, y en el seno de las primeras doctrinas político-sociales (siglos XVII y XIX), la idea de desarrollo de las naciones ocupó un lugar preeminente en el pensamiento social y económico contemporáneo. Alcanzar las finalidades básicas de la política social (bienestar, justicia y orden social) precisaba de una fundamentación sobre sus condiciones y medios de desarrollo (1); pero su itinerario histórico nos muestra una pluralidad de interpretaciones sobre como "ejecutar" la política social, acorde con la posición teórica respecto a tres grandes dialécticas:

a) Necesidades-recursos (bienestar).
b) Derechos-responsabilidades (justicia).
c) Libertad e igualdad (orden).

Dialécticas que dibujan la relación entre política social y desarrollo humano en este "tiempo histórico" advertido (Koselleck 1993), especialmente en la configuración de los derechos sociales y las responsabilidades individuales (Cruz 1989). Y por ello conviene precisar, como apunta Rafael Aliena, que "Estado de bienestar y política social no son dos conceptos que puedan asimilarse por completo", ya que este modelo de Estado es "la representación institucional de la política social tradicional del último medio siglo"; una distinción "que permite liberar la discusión sobre la política social del futuro sin hipotecas y prejuicios innecesarios" (2). Por ello, y como señalaba Amartya Sen:

"El problema central no es la globalización en sí, ni la utilización del mercado en tanto que institución económica, sino la desigualdad que priva en los arreglos globales institucionales -lo cual produce a su vez una distribución desigual de los dividendos de la globalización misma-. La pregunta, por tanto, no reside en si los pobres del mundo pueden o no obtener algo del proceso de globalización, sino bajo qué condiciones pueden obtener una parte realmente justa (…) La globalización merece una defensa razonada, pero también requiere una reforma razonable" (Sen 2001).

2. Retrospectiva. Breve itinerario de la idea de desarrollo

Desde la ciencia económica, el liberalismo vinculó el crecimiento económico, libre y competitivo, al desarrollo ético de una sociedad responsable; Adam Smith con La riqueza de las naciones (1776), David Ricardo (1772-1823) con Principios de economía política y tributación (1817) o Thomas Malthus (1776-1834) con Ensayo sobre los principios de la población (1798), se convirtieron en los grandes referentes. Mientras, durante la época de las "revoluciones sociales" en el siglo XIX (Von Stein 1981) desde el socialismo, crecimiento y desarrollo iban unidos en la transformación política y social: la "democracia social" francesa de Henri de Saint-Simon (1760-1825) o Louis Blanc (1811-1882) vinculó el crecimiento con una nueva forma política y social de asociación colectiva; el "socialismo de cátedra" de los economistas alemanes Gustav Schmoller (1838-1917) o Adolph Wagner (1835-1917) sostuvo el papel intervencionista del Estado en asegurar el crecimiento y controlar el desarrollo. Asimismo, Ferdinand Tönnies (1855-1936) formulaba este desarrollo como la transición histórica, política y mental (1927) de la vieja comunidad tradicional (Gemeinschaft) a la nueva sociedad industrial (Gesellschaft). Incluso desde el modo técnico de pensar se planteó, bajo las tesis de Henri Fayol (1841-1925) y Frederick Winslow Taylor (1856-1915), el ideal de la administración científica del trabajo, dando lugar a las prácticas tecnocráticas y fundamentando ciertos proyectos corporativistas.

Asimismo, dentro de la ciencia social encontramos propuestas de gran impacto en la definición de la esencia y contenido del desarrollo de las sociedades modernas. En el positivismo de Auguste Comte (1798-1857) se contenía como el "ideal de progreso" humano, que, a nivel general, se refería a tres etapas de evolución intelectual (ley de los tres estados): estado teológico o ficticio, estado metafísico o abstracto, y estado científico o positivo; en este último estado, una sociedad industrializada establecería, en función de los conocimientos objetivos alcanzados, leyes generales útiles para prever, controlar y dominar la naturaleza en provecho de la humanidad, y que los científicos y sabios expertos utilizarían para asegurar el orden social. Posteriormente, el funcionalismo de Émile Durkheim (1858-1917) fundaba todo desarrollo en función de la "división del trabajo", a través de una moral común y una perfecta organización de las funciones (Durkheim 1987). Además, el materialismo dialéctico de Karl Marx (1818-1883) cifraba este "desarrollo humano" como evolución histórica hacia la "sociedad comunista", bien a través bien de la ruptura de los procesos de acumulación capitalista por la clase propietaria, bien por la conquista política directa de los medios de producción económica por la clase proletaria (Kerbo 2000). Mientras, el "humanismo" de Max Weber (1864-1920) situaba el desarrollo social como la capacidad de adaptación o cambio en la ordenación de la existencia humana de una comunidad (Weber 1969), en relación a su sistema de creencias (culturales y religiosas) y a su sistema económico (oportunidades vitales).

Este ideal originario del desarrollo se concretó, primero, en el desarrollo de la moderna Administración social europea, volcada en la cuestión social popularizada como "problema obrero" (Fortshoff 1967). Posteriormente, durante la construcción de la política social centrada en los "derechos de ciudadanía" (Marshall 1998), a lo largo del siglo XX cuatro grandes teorías trataron monográficamente el tema del desarrollo: modernización, dependencia, sistemas mundiales y globalización. Estas teorías se difundieron como interpretaciones heurísticas sobre el modo de progreso de los países y sus sociedades, en busca, esencialmente, de ese equilibrio entre el bienestar, justicia y orden social. Para ello tomaron como paradigmas de referencia, en su explicación de la "culminación del desarrollo" (So 1991), bien el superado modelo comunista de planificación social, bien el modelo liberal de crecimiento o bien del modelo occidental del Welfare State (Ritter 1991); bien propuestas humanistas de largo alcance; y además, tomaron como campo de estudio las naciones más pobres del mundo (países subdesarrollados o en "vías de desarrollo").

Pero a inicios de un nuevo siglo, el ideal del "desarrollo" ha ido asumiendo, en su progresiva delimitación conceptual, criterios medioambientales, culturales y sobre derechos humanos acordes con los límites descritos y con los retos de la globalización. Ya no bastaba con crecer (acumulando y redistribuyendo) sino progresar en función de principios humanistas e imperativos de sostenibilidad. El desarrollo debía contener una dimensión moral capaz de hacerlo duradero, sostenible, justo y humano; permitiría, así, el libre desenvolvimiento social de los ciudadanos, la gestión autónoma y responsable de las necesidades y los recursos, la concienciación sobre los deberes que conllevan los derechos sociales, y la recuperación del las comunidades naturales como mediadoras entre el individuo y el Estado en el cumplimiento de los fines propios de la política social.

Cuatro son, en líneas generales, las teorías sobre el desarrollo social generadas en el campo de las ciencias sociales, económicas y humanas desde el siglo XX, y que protagonizan las principales de líneas interpretación sobre este ideal en relación con la política social contemporánea, en relación a sus fines de modernizar el sistema productivo, de superar la dependencia económica y política, de interrelacionar un mundo cada vez más "estrecho", o globalizar solidaridad y bienestar (Reyes 2011). Así podemos citar, siguiendo las tesis de como modernización de las estructuras políticas, educativas y productivas, tomando como referente el mundo asiático (Kennan 1998; Smelser 1964; Rostow 1960); como superación de la dependencia, especialmente latinoamericana (Prebish 1950; Dos Santos 1971; Franck 1969); como generación de sistemas mundiales en investigación, tecnología y comercio (Wallerstein 1987); y como globalización de oportunidades (Sen 1997); incluso se podría unir a esta nómina el modelo de desarrollo planteado por la Soziale Marktwirtschatf alemana ("economía social de mercado"), trasunto del liberalismo social (Erhard 1964). Pero no solo eso; nos ilustra sobre la oportunidad para nuestra generación de ser la protagonista en la reconstrucción de un equilibrio humano entre las necesidades de la justicia social, las necesidades del bienestar social y las ineludibles exigencias del orden social (Moix 2009).

Así, varias claves que a continuación enumeramos, nos muestran el posible camino para el trabajo social del siglo XXI.

3. Prospectiva. El desarrollo humano integral como paradigma

"A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota". Esta frase de la madre Teresa de Calcuta (1910-1997) (véase Le Joly 2006) quizás puede fundamentar, de manera tan sencilla como elocuente, el reto del trabajo social ante una cuestión social que parece inabarcable a su ejercicio profesional e incluso a su propia capacidad de comprensión (Mochón 2006) (3). Pero que hemos apuntado, esta cuestión atiende, principalmente, al impacto local y humano no siempre advertido de las transformaciones políticas y económicas de un mundo en progresiva y expansiva globalización; además parece demostrar la obligación de fundar un tipo de desarrollo social integral, humano y humanizador, capaz de superar el referente de un bienestar social cifrado en términos de gestión administrativa y crecimiento esencialmente material (4).

1. La nueva cuestión social del siglo XXI, el paradigma posible del desarrollo humano integral, parece confirmar el estatuto científico de la política social, tanto en su fundamente epistemológico (mediación) y en su teoría constitutiva (ciencia normativa) como en su mismo origen histórico (Sozialpolitik). La crisis internacional abierta a principios del siglo XXI vuelve a situar, en primer plano, la "moralización de la economía" como presupuesto de actuación de los poderes político-sociales (en los mercados financieros, en las relaciones de producción, en las acciones de empleo, en la lucha contra la pobreza o en la sostenibilidad medioambiental), y participa sobre el eternizado debate sobre la crisis del Estado del bienestar (Mishra 1992)

2. La responsabilidad social, individual y colectiva, que funda esta moralización por parte de la política social necesita de una nueva "fraternidad", capaz de modificar los procesos económicos, políticos y sociales actuales hacia metas plenamente humanas (Gago 2004). Desde el punto de vista económico significa la participación activa, y en condiciones de igualdad, de todos los hombres y comunidades en el proceso económico nacional e internacional; desde el punto de vista social supone la evolución hacia sociedades solidarias y con buen nivel de formación (Esping-Andersen 1993); desde el punto de vista político conlleva la consolidación de regímenes democráticos capaces de asegurar libertad y paz. Pese a los evidentes éxitos del modelo político-social actual, el Welfare State prediseñado por Lord Beveridge (1879-1963) en 1946, persisten viejas desigualdades materiales y vitales entre países desarrollados y subdesarrollados, y crecen graves injusticias en el seno de los mismos países avanzados. Por ello es necesaria una nueva síntesis humanista en el seno del pensamiento político-social, que redescubra los valores de fondo sobre los cuales construir un futuro mejor.

3. Antes este desarrollo, que se despliega en múltiples ámbitos, más allá de las ideologías y de la mera tecnificación, el trabajo social puede aportar, como hemos señalado, soluciones diferentes y viables. La riqueza mundial crece en términos absolutos, pero aumentan también las desigualdades. En los países ricos nuevas categorías sociales se empobrecen y nacen nuevas pobrezas; en las zonas más pobres algunos grupos gozan de un tipo de super-desarrollo derrochador y consumista, que contrasta con situaciones persistentes de miseria deshumanizadora, corrupción e ilegalidad. Comportamientos amorales y relativistas, al calor de la fe en la riqueza o en la técnica, permiten formas crecientes de explotación humana (sexual, laboral), procesos de degradación personal (drogodependencias, violencia), pérdida de lazos de solidaridad social (familiar, empresarial, comunitaria, medioambiental), etc. Fenómenos que nos muestran que no solo basta progresar desde el punto de vista económico y tecnológico (Sapir 2006); el desarrollo necesita ser ante todo humano, auténtico e integral.

4. Cabe señalar que esta nueva cuestión social se ha hecho global; las llamadas "fracturas sociales" emergentes, nacidas de la interrelación entre la actividad económica y la función política, surgen e impactan a nivel internacional. Los mercados y la circulación financiera parecen no tener frenos territoriales, y los Estados se someten a cambios decisivos en el tamaño, financiación y finalidad de sus políticas sociales (Jobert 1981, Terwey 2004) (5).

5. La política social, ante esta nueva cuestión, debe redefinir sus funciones y medios a nivel nacional y local, buscando la actuación responsable de las organizaciones de la sociedad civil, y la participación activa de los ciudadanos (Lucas y Donati 1987). Los sistemas de protección, previsión y asistencia social, para lograr sus objetivos de auténtico bienestar y verdadera justicia social, deben atender a las nuevas "fracturas sociales". El mercado global modifica los lugares y relaciones de producción, y la política globalizada aumenta el impacto de los problemas sociales. La red de seguridad social debe reforzarse frente los peligros sobre los derechos de los trabajadores, como derechos fundamentales del hombre, e impulsar las formas comunitarias de solidaridad. Los sistemas de seguridad social pueden perder la capacidad de cumplir su tarea, tanto en los países pobres como en los emergentes, e incluso en los ya desarrollados desde hace tiempo. Los recortes al gasto social, con frecuencia promovidos también por las instituciones financieras internacionales, pueden dejar a los ciudadanos impotentes ante riesgos antiguos y nuevos.

6. La acción político-social necesita, en primer lugar, el reconocimiento de su pluralismo consustancial (de bienes y focos de atención, misiones y oportunidades, de las oportunidades y experiencias, de tareas y funciones sociopolíticas); y en segundo lugar, un equilibrio funcional entre sus esferas institucionales (mercado, Estado, familia, tercer sector)

7. En el plano cultural y educativo se debe proceder a una universalización de los bienes culturales y de los sistemas de formación, para facilitar el acceso a los mismos a todos los ciudadanos en base a criterios de equidad y libertad. En ellos, la dignidad del ser humano debe ser el fin, y la formación para el desarrollo integral el medio, fomentando el mérito y la responsabilidad. Es necesario un mayor acceso a la educación, pero no limitada a la instrucción meramente técnica o a la formación para el trabajo, que son dos causas importantes para el desarrollo, sino a la formación completa de la persona. Sobre la importancia de este proceso educativo, Paolo Freire señaló al respecto que alcanzando la alfabetización elemental millones de personas, conseguían el "aprendizaje y profundización de la propia palabra, la palabra de aquellos que no les es permitido expresarse, la palabra de los oprimidos que solo a través de ella pueden liberarse y enfrentar críticamente el proceso dialéctico de su historización" (Freire 1974).

8. Todo desarrollo social y cultural necesita de unos niveles mínimos de seguridad económica y de subsistencia material (Weale 1983); pero la lucha contra el hambre o por los ingresos mínimos, para ser eficaz, necesita por un lado una paralela acción educativa integral (humanista y técnica) que capacite al ser humano para su autosuficiencia (Freire 1974); y por otro una política económica activa y dinámica que genere puestos de trabajo suficientes y dignos, y aporte los recursos mínimos para financiar las prestaciones de la seguridad social y los medios de los servicios sociales (Del Valle 2008). 

9. La dignidad de la persona, el bienestar social y las exigencias de la justicia requieren que las opciones económicas no hagan aumentar de manera excesiva y moralmente inaceptable las desigualdades, y que se siga buscando como prioridad el objetivo del acceso al trabajo, y la protección de las situaciones de exclusión del mismo. Es decir, se hace imprescindible fomentar y regular la dimensión ética del proceso económico, desde una política social basada en tres instancias en equilibrio e interrelación: el mercado, el Estado y la sociedad civil.

10. El modelo de Estado social, como actual forma política de la comunidad nacional, debe intervenir tanto en función de valoraciones morales, como de una auténtica "razón económica". El aumento de las desigualdades entre grupos sociales dentro de un mismo país y entre las poblaciones de los diferentes países erosiona la cohesión social y conlleva un impacto negativo en el plano económico, por el progresivo desgaste del "capital humano" necesario en los sistemas productivos y de consumo. Las situaciones de inseguridad estructural dan lugar a actuaciones antiproductivas, al derroche de recursos humanos y a la ausencia de creatividad e innovación. Los costes humanos son siempre también costes económicos, y las disfunciones económicas comportan igualmente costes humanos. Se exige así, de nuevo, una nueva y profunda reflexión sobre el sentido de la economía y de sus fines, más allá de la "profecía no autocumplida" de Francis Fukuyama (1992).

11. En cuanto al orden económico, el mercado como institución que permite el encuentro entre las personas, como conjunto de agentes económicos que utilizan el contrato como norma de sus relaciones, y que intercambian bienes y servicios de consumo para satisfacer sus necesidades y deseos, debe someterse a los imperativos de la justicia conmutativa, que regula precisamente la relación entre dar y recibir entre iguales. Pero además, existen una serie de fundamentos morales sólidos que deben guiar al mercado a someterse a los principios de la justicia distributiva y de la justicia social. De esta manera, puede colaborar a la cohesión social que necesita para su buen funcionamiento, a través de mecanismos internos de solidaridad y de confianza recíproca; así, el mercado puede cumplir de manera completa su función económica en consonancia con las verdaderas necesidades sociales. Por esta razón la actividad económica debe estar ordenada a la consecución del bien común, que es responsabilidad sobre todo de la comunidad política; regulando justamente la economía, mostrará que no es una actividad antisocial, sino un instrumento al servicio del ser humano. No se debe olvidar, al respecto, que el mercado no existe en su estado puro, sino que se adapta a las configuraciones culturales y políticas que lo concretan y condicionan. La economía y las finanzas son instrumentos al servicio del ser humano y la sociedad, y, precisamente porque es una actividad humana, debe ser articulada e institucionalizada éticamente, desde la honestidad y la responsabilidad. La obtención de recursos, la financiación, la producción, el consumo, así como todas las fases del proceso económico, tienen ineludiblemente implicaciones morales. Así, toda decisión económica tiene consecuencias de carácter moral.

12. En el orden político, el Estado debe impulsar una intervención redistributiva de la riqueza en función de los criterios de justicia social, si bien asegurando la institución del mercado y permitiendo la acción de la sociedad civil, ante las dinámicas características de la globalización. Con ello conseguirá interrelacionar la gestión económica (producción de riqueza) y la acción política (consecución de la justicia mediante la redistribución). La autoridad política debe participar decisivamente en la consecución de un nuevo orden económico-productivo, socialmente responsable y a medida del hombre. El mercado único y global no elimina el papel de los Estados, más bien obliga a los gobiernos a una colaboración recíproca más estrecha, recuperando muchas competencias; asimismo es imprescindible una articulación de la autoridad política en el ámbito local, nacional o internacional, entre la administración pública y otras instancias políticas.

13. La "solidaridad social" debe integrarse plenamente en el mercado, a través de actividades económicas impulsadas por sujetos que optan libremente por ejercer su gestión, movidos por principios distintos al del mero beneficio, sin renunciar a producir valor económico; formas productivas y laborales insertas en el seno de propia sociedad civil: organizaciones cooperativas de producción y consumo, empresas de integración social, entidades sin ánimo de lucro, iniciativas de asociación comunitaria, etc.. La sociedad civil es el ámbito más apropiado para una economía de la solidaridad basada en la justicia y el bien común, en sus diversas instancias y agentes. Se dibuja, así, una forma concreta y profunda de democracia económica, como escenario dónde puedan operar libremente, con igualdad de oportunidades, empresas que persiguen fines institucionales diversos. Junto a la empresa privada, orientada al beneficio, y los diferentes tipos de empresa pública, deben poder establecerse y desenvolverse aquellas organizaciones productivas que persiguen fines mutualistas y cooperativos. Es necesario, pues, desarrollar las libertades y competencias de las "comunidades naturales", ante la lógica del mercado (dar para tener) y la lógica del Estado (dar por deber), en una auténtica civilización de la economía. solo así se podrá recuperar la solidaridad en las relaciones entre los ciudadanos y los sentimientos de identidad comunitaria, más allá de lo marcado por un contrato o por una ley.

14. En este contexto, las actuales dinámicas económicas internacionales, caracterizadas por graves distorsiones y disfunciones, conllevan cambios profundos en el modo de entender la empresa. Antiguas modalidades de la vida empresarial van desapareciendo, mientras otras más prometedoras se perfilan en el horizonte. La internacionalización del capital o la deslocalización de la actividad productiva desconectan la empresa de un territorio y una población concreta, provocando la falta de responsabilidad del empresario respecto a los interesados, como los trabajadores, los proveedores, los consumidores, así como al medio ambiente y a la comunidad que lo rodea. Por ello es oportuna una "responsabilidad social" más amplia de la actividad empresarial: sostenibilidad de la misma a largo plazo, vinculación con la comunidad, respeto a los derechos laborales, preocupación medioambiental, obras sociales comprometidas, y sobre todo, recuperación del significado humano de la actividad empresarial (creación de riqueza para la sociedad). La política social debe atender, prioritariamente, a este tema de la relación entre empresa y ética, en primer lugar, desde la regulación equilibrada de los sistemas mercantiles y el fomento de las empresas sociales destinadas al beneficio (profit) y de las organizaciones sin ánimo de lucro (non profit) vinculadas a la justicia y al bien común; y en segundo lugar, mediante una economía de utilidad social, un "tercer sector" que implica al sector privado y público, y supone la potenciación de empresas que son capaces de concebir el beneficio como un instrumento para conseguir objetivos de humanización económica.

15. La globalización es una realidad humana, no el fruto de fuerzas anónimas e impersonales o de estructuras independientes de la voluntad individual y colectiva. Tampoco es un simple proceso socioeconómico, sino una realidad protagonizada por una humanidad cada vez más interrelacionada, que supera fronteras en el plano de la comunicación y la cultura, que hay que regular desde una orientación cultural personalista y comunitaria. El proceso de globalización, adecuadamente entendido y gestionado, ofrece la posibilidad de una gran redistribución de la riqueza a escala planetaria como nunca se ha visto antes, así como de nuevas formas de solidaridad nacional y local; pero si se gestiona mal, puede incrementar la pobreza y la desigualdad. Por ello, la "reacción" ante el reto del desarrollo humano integral debe ser responsabilidad consciente de los propios ciudadanos y sus organizaciones de referencia y pertenencia, y campo de intervención superior de la política social y por ende, del trabajo social. Ambas disciplinas tienen que actuar, en sus ámbitos correspondientes, para corregir las disfunciones provocadas por las "fracturas sociales" globales, haciendo visibles los deberes que los derechos presuponen, y sin los cuáles estos se convierten en algo arbitrario.

16. La política social, así como el trabajo social, deben atender a la importancia suprema de familia como factor de crecimiento demográfico, de socialización humana y como "célula social" básica al servicio de la comunidad. La disminución de los nacimientos, a veces por debajo del llamado "índice de reemplazo generacional" pone en peligro muchos instrumentos de protección y seguridad social; la desestructuración creciente de la institución familiar conlleva la exclusión y soledad del ser humano; y la desregulación jurídica e institucional de la misma amenaza los fundamentos de la convivencia y el orden social. En esta perspectiva, los Estados y la propia sociedad civil están llamados a establecer y promover políticas que promuevan la centralidad y la integridad de la familia.

17. En cuanto a la cooperación internacional al desarrollo, se necesitan políticas y personas que participen en este proceso desde la solidaridad de la presencia, el acompañamiento, la formación y el respeto, haciendo a las naciones menos desarrolladas los protagonistas autónomos de su propio crecimiento. Los propios organismos internacionales deberían preguntarse sobre la eficacia real de sus aparatos burocráticos y administrativos, asumiendo una transparencia total de sus acciones, informando a los donantes y a la opinión pública sobre la proporción de los fondos recibidos y el verdadero contenido de dichos programas. Los proyectos internacionales para un desarrollo humano integral han de caracterizarse por la solidaridad y la justicia intergeneracional, teniendo presentes tanto el principio de subsidiaridad como el principio de la solidaridad y viceversa. Así como la subsidiaridad sin la solidaridad desemboca en el particularismo social, la solidaridad sin la subsidiaridad puede acabar en un mero asistencialismo que humilla al necesitado. Los programas de ayuda deben potenciar el "recurso humano" de los países en vías de desarrollo (el capital más valioso para un futuro verdaderamente autónomo), el ingreso de sus productos en los mercados internacionales (posibilitando así su plena participación en la vida económica internacional), y sobre todo, hacer de la cooperación para el desarrollo no solo un crecimiento económico, sino una posibilidad de encuentro cultural y humano. Por ello, las sociedades tecnológicamente avanzadas (6) no deben confundir su propio progreso con una presunta superioridad cultural, y las sociedades en crecimiento deben permanecer fieles a lo que hay de verdaderamente humano en sus tradiciones, evitando que superpongan automáticamente las formas de la civilización tecnológica globalizada. La ayuda al desarrollo de los países pobres es, en realidad, un verdadero instrumento de creación de riqueza para todos (Bestard 2003).

18. Asimismo el acelerado desarrollo tecnológico del tiempo presente sitúa la relación del hombre con el ambiente natural es también objeto de esta nueva concepción de la política social (7). El uso sostenible y compartido de los recursos representa una responsabilidad para con los pobres, nuestros hijos y toda la humanidad. El hombre puede y debe utilizar responsablemente el medio natural para satisfacer sus legítimas necesidades, materiales e inmateriales, pero siempre respetando el equilibrio legado por sus antepasados y las posibilidades de supervivencia de las generaciones futuras (en sus recursos y en su reparto) (8).

19. Otro de los fenómenos que nos anuncian la necesidad del desarrollo humano integral, es el las migraciones. Un fenómeno de radical actualidad, ante sus grandes dimensiones geopolíticas, los problemas sociales, económicos, políticos y culturales de los que nace y que suscita, y por los dramáticos desafíos que plantea a las comunidades nacionales e internacionales. Y ante estos factores, las políticas activas de integración nacional y de cooperación internacional al desarrollo nos ofrecen dos plataformas desde la cuales dotar un "rostro humano" a la "abstracción sociológica" de la inmigración, donde los derechos fundamentales inalienables han de ser respetados por todos y en cualquier situación (De la Dehesa 2003).

20. También es necesario señalar como La violación de la dignidad del trabajo humano, vieja fractura social, debe seguir siendo uno de los ejes de atención de la política social. La limitación efectiva del derecho al trabajo y sus posibilidades (desocupación, subocupación), o la devaluación de los derechos que fluyen del mismo, especialmente el derecho al justo salario, a la seguridad de la persona del trabajador y de su familia", son algunos de los rasgos que deshumanizan la dimensión laboral de la existencia humana. Ante ellos, el trabajo debe volver a ser la expresión de la dignidad esencial de todo hombre: un trabajo libremente elegido, que asocie efectivamente a los trabajadores, hombres y mujeres, al desarrollo de su comunidad, que evite toda discriminación, que consienta a los trabajadores organizarse libremente, que deje espacio para reencontrarse adecuadamente con las propias raíces (en el ámbito personal, familiar y espiritual), y asegure una condición digna y una subsistencia suficiente a los trabajadores y a sus familias (Rodríguez 1992).

21. En este sentido, el tema del desarrollo está íntimamente unido al del desarrollo de cada hombre, del hombre integral (9). Por ello, uno de los aspectos más destacados del desarrollo actual es la importancia del tema del respeto a la vida: la lucha contra la mortalidad infantil, la educación contra la violencia hacia la mujer o la limitación de las prácticas eugenésicas como medio de control demográfico. En la actualidad, la bioética es un campo prioritario y crucial en la lucha cultural entre el absolutismo de la técnica y la responsabilidad moral, y en el que está en juego la posibilidad de un desarrollo humano e integral. La cuestión social se ha convertido radicalmente en una cuestión antropológica, en el sentido de que implica no solo el modo mismo de concebir, sino también de concebir la existencia y manipular la vida, cada día más expuesta esta por la biotecnología a la intervención del hombre. En la fecundación in vitro, la investigación con embriones, la posibilidad de la clonación y de la hibridación humana, se van abriendo paso prácticas eugenésicas que suponen una, manifestación abusiva del dominio sobre la vida, y que en ciertas condiciones niegan la misma dignidad humana.

22. Así, la política social fundada en el ideal de un desarrollo humano integral abarca tanto un progreso material, como uno antropológico (Habermas 1991). Un desarrollo, en suma, más allá de una economía reducida al mero mercantilismo y una política sometida al poder de los partidos, y que se puede articular sobre tres principios: 1) Un desarrollo humano sostenible (no solo material); 2) El papel central de la comunidad (no solo del individuo); 3) Una protección social fundada en las responsabilidades (no solo en los derechos). Como señala Luis Vila, "averiguar la causa de los males de la sociedad trae consigo la referencia a actitudes éticas básicas de los ciudadanos y de los políticos" (Vila 2009).

23. Estad dimensiones pueden y deben configurar la política social del siglo XXI como un "espacio de libertad" (Moix 2009), donde se limita el Estado, se restringe el mercado y se impulsa a la comunidad, al revalorizarse las solidaridades humanas, la participación ciudadana y la responsabilidad social. De esta manera se redefinen las posiciones teóricas de la política social: paradigmas de partida, mecanismos institucionales, agentes sociales, sistemas de control y evaluación. Con ello se pretende lograr una interacción real en un doble sentido: entre el sector público y sector el privado, en la génesis y gestión de "lo social"; y entre las posibilidades de gasto y las necesidades sociales, al implicar en la financiación externa y en la producción interna de los "servicios sociales" a todos los miembros de la comunidad económica y política. Una necesidad que surge, como señala Del Valle, ante un hecho evidente: hasta ahora, "la participación de las organizaciones de la sociedad civil en torno a la ejecución de políticas públicas es más una metodología de gestión que un imperativo de democratización" (Del Valle 2008).

24. Los centros de decisión y ejecución de la política social deben poder llevar a cabo la transición del Estado del bienestar nacido en el siglo XX, a una nueva forma político-social cuyas estructuras y valores se adapten funcionalmente a los cambios acaecidos y a las exigencias humanas (Rodríguez Cabrero 2002). Una transición abierta hace décadas, al amparo de un debate con posiciones diversas, y hasta cierto punto divergentes: una mediación que hiciera compatibles el capitalismo y la democracia, ya que para Claus Offe "debilita los motivos y razones del conflicto social" (Offe 2000: 236); que aunara crecimiento económico y gasto social ante un "contexto económico de escasez" y que potenciara el papel de la comunidad como núcleo de la acción social (Etzioni 1999); que propusiese un nuevo "Estado relacional" (Donati 2004: 40-42). Pero en esta transición Patrick de Laubier señalaba el papel central que podían jugar los "cuerpos sociales intermedios", al desempeñar una función mediadora clave para alcanzar la finalidad de la política social: la justice sociale (10). Ante la revisión del tradicional vinculo keynesiano entre lo político y lo económico, a través de la "institucionalización del sindicalismo" (Laski 1951), la política social debía contener nuevos elementos de juicio a nivel comunitario para fundamentar, sostener y legitimar la acción social, en sus logros pasados y sus retos futuros. Nos encontramos, en suma, en la búsqueda de la "fórmula mágica" que permitiera conectar el crecimiento económico y la acción redistributiva, en un escenario emergente de "desarrollo humano sostenible".

25. Los instrumentos e instituciones que materializan a nivel especializado de los fines político-sociales (trabajo social, servicios sociales) deben insertar esta perspectiva de desarrollo en sus intervenciones, a nivel micro y macro-social, intentando conciliar libertad y responsabilidad en la ejecución básica de los objetivos de la política social (Fernández Sanz 2008). Por ello, conseguir la participación libre y responsable de la ciudadanía, auspiciar la colaboración entre poder público y comunidades naturales, fomentar la autonomía individual y colectiva de los protagonistas de la "relación de ayuda", o defender la dignidad integral del ser humano, aparecen como los retos centrales de las formas de intervención social concreta (Hernández Aristu 1991).

26. Es oportuna y valiosa, en suma, una política social liberadora capaz de impulsar el pleno desarrollo del ser humano, a nivel individual y colectivo, a nivel material y espiritual. Como señalaba el sociólogo José Medina Echevarría "nuestra imagen de la realidad social es el resultado de la definición que, de la misma, realiza el modelo cultural vigente en nuestra sociedad, en coherente e ilimitada armonía con los pertinentes soportes materiales" (Medina 1980).

Notas

1. El economista Joseph A. Schumpeter (1883-1950) en su obra Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, diferenciaba entre el crecimiento, que hacía referencia al "aumento de la riqueza", y el desarrollo, ligado "al conjunto de factores sociales, políticos, culturales y psicológicos fruto de un proceso de innovación tecnológica y empresarial" (Schumpeter 1976).

2. Aliena apunta que "la definición del Estado de bienestar no vendrá solo por las respuestas que da, sino también por los problemas a los que intentó dar respuesta, a dos conjuntos de problemas. Así, a nivel general supone proveer bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades básicas, y el control de las relaciones de poder en la sociedad; a nivel normativo conlleva expandir la libertad individual, y asegurar la integración social" por ello "no se puede limitar la concepción de la política social como un movimiento destinado a corregir los defectos del mercado" (Aliena 1993: 9).

3. En cuanto a lo social, para Zubiri la coexistencia humana ("la apertura a los demás") es una dimensión que afectaba primaria y radicalmente a la existir humano, siendo reales distintas posibilidades de convivencia. La historia envuelve a la sociedad como actualización de las posibilidades y de los proyectos comunes. Por ello Zubiri deslinda entre lo social y lo histórico. "Lo social es una disposición de las potencias humanas (manejo y organización), que forma parte de lo natural (la sociabilidad); mientras, la historia no son los hechos sociales sino los acontecimientos sociales". Frente a Comte, Zubiri señalaba que la historia no puede reducirse a una sociología dinámica, ya que solo hay historia cuando el hecho social es una acontecer, es una actualización de proyectos. De esta manera, "lo social es simplemente uno de los sujetos naturales de la historia" (Zubiri 1981: 330-331).

4. Para Federico Rodríguez "fundamentalmente la política social pone el acento en el hombre, y no en el Estado", y por ello el actual Welfare State es más política que actividad social" (Rodríguez 1992: 330). Esa realidad histórica, no siempre advertida, alumbra sobre las peculiaridades del desarrollo de ambas disciplinas (tardía configuración teórica del trabajo social, variedad de modelos de política social en el mundo occidental), así como sobre su convergencia

5. El poder estatal se encuentra con el deber de afrontar las limitaciones que pone a su soberanía el nuevo contexto económico-comercial y financiero internacional, caracterizado también por una creciente movilidad de los capitales y los medios de producción, materiales e inmateriales. Este nuevo contexto ha modificado, de manera sustancial, la acción política de los Estados nacionales (Benedicto XVI, 2009).

6. El desarrollo tecnológico está relacionado, asimismo, con la influencia cada vez mayor de los medios de comunicación social. Dada la importancia fundamental estos medios en determinar los cambios en el modo de percibir y de conocer la realidad y la persona humana misma, se hace necesaria el análisis sobre su influencia,, especialmente sobre la dimensión ético-cultural de la globalización y el desarrollo solidario de los pueblos. El sentido y la finalidad de los medios de comunicación debe buscarse en su fundamento antropológico y en sus fines humanizadores, ofreciendo mayores posibilidades para la comunicación y la información, buscando una orientación inequívoca hacia un bien común que refleje sus valores universales, multiplicando las posibilidades de interconexión y de circulación de ideas, y promocionando la dignidad de las personas y de los pueblos.

7. El problema del desarrollo en la actualidad está estrechamente unido al progreso tecnológico, el cual, sometido a imperativos éticos superiores, debe ser instrumento de crecimiento y comunicación, y no medio de ensanchamiento de las diferencias materiales y culturales entre pueblos y generaciones. Dicho progreso aparece como "instrumento humano" al servicio del respeto al medio ambiente y no de su agresión insostenible; de mejora de las condiciones sanitarias y perspectivas de vida de la población, y no de manipulación biológica injustificada y arbitraría; de perfeccionamiento de la producción y no de deshumanización del trabajo.

8. La nueva política social debe atender igualmente a una dimensión humana en constante crecimiento: los consumidores y sus asociaciones. El consumidor tiene una responsabilidad social específica, ligada al respeto de principios morales en la producción de los bienes y en el consumo de los mismos, sin que disminuya la racionalidad económica intrínseca en el acto de comprar: respeto de la dignidad del trabajo, de las condiciones de fabricación, del medio ambiente.

9. Visión ampliamente desarrollada y actualizada plenamente en el seno del magisterio social católico, de manera especial en Benedicto XVI (2009: 45-47).

10. La emergencia de la política social contemporánea respondía a una combinación de factores económicos políticos y psicológicos propios del siglo XIX, resultantes de la industrialización, el progreso de la democracia en el seno de los Estados centralizados y la creciente conciencia sobre los derechos políticos y sociales. La política social consistía en "el conjunto de medidas para elevar el nivel de vida de una nación, o cambiar las condiciones de vida material y cultural de la mayoría conforme a una conciencia progresiva de derechos sociales, teniendo en cuenta las posibilidades económicas y políticas de un país en un momento dado". Esta definición cubría "un dominio que se sitúa entre lo económico y lo político como medio de conservación o reforzamiento del poder el Estado" (De Laubier 1984: 8-9).

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