Investigación pública vs. investigación privada

José Olivares Pascual

La aparición en la revista Nature de una nota sobre el posible lanzamiento al mercado de especies vegetales dotadas del llamado gen "terminator" es un ejemplo más del desamparo en que se encuentran la agricultura y la sanidad de los países en desarrollo. Por el enojo causado en los agricultores de dichos países, la compañia productora está considerando retrasar la introducción de las semillas genéticamente programadas para autodestruirse. El control de la germinación tiene como objeto proteger la propiedad intelectual de quienes han desarrollado la semilla. La compañía ve en la moratoria un deterioro de su propia imagen. También afirma que podría influir negativamente (¿todavía más, me pregunto yo?) en la percepción pública de la biotecnología agrícola. No me refiero a la percepción de los daños que el cultivo de plantas transgénicas pudiera causar al ambiente o a la salud (bajo o nulo, por otra parte), sino a la flagrante discriminación económica que implica. Muy pocos países pueden pagar el coste de este tipo de productos. Además, muchas veces se riza el rizo y el cultivo de una especie mejorada exige la aplicación de un agroquímico producido por la misma compañía.

Si dejamos la agricultura y nos vamos a la salud, tenemos el mismo panorama. Un artículo aparecido recientemente en Molecular Medicine Today sobre la comercialización de la genética humana pone el dedo en la llaga, al señalar la gran importancia que esta adquiriendo la investigación genética médica en el sector privado. El problema es que dicha investigación tiene un alto coste que tiene que pagar el usuario de los productos o de la tecnología obtenida. Si, según se puede leer en el mismo número de la revista arriba mencionada, el ministerio de Sanidad de Sudáfrica ha abandonado el programa para administrar AZT a las embarazadas seropositivas por falta de fondos, ¿cómo se puede tratar el SIDA en otros lugares de mayor incidencia y más bajas posibilidades económicas? ¿No van a ser los países ricos cada vez más sanos y los pobres cada vez más enfermos? Recientemente hemos podido leer en la prensa una denuncia sobre la falta de interés que al parecer muestran las compañías farmaceúticas por la vacuna contra el SIDA. Es una postura comprensible, teniendo en cuenta el gasto que supone la aplicación de la triple terapia (1-2 millones de pesetas por enfermo y año). Pero ¿están supliendo esa falta de interés los Organismos públicos? ¿Se puede conseguir algo dentro de un contexto a nivel nacional e internacional donde se prima la investigación privada frente a la pública (o dicho de otro modo, la investigación privada con fondos públicos?). Quizá esto suene un poco raro o exagerado, pero corresponde a la realidad: La UE sólo subvenciona proyectos de investigación si participan empresas interesadas en la comercialización de los posibles resultados obtenidos.

La investigación es cara. La introducción de un nuevo producto farmaceútico puede haber supuesto la inversión de varios miles de millones de pesetas. En principio parece una carga difícil de soportar con financiación pública. Sin embargo, se olvida que, indirectamente y en su mayor parte, se está subvencionando a través de la medicina socializada. El valor intrínseco de una dosis de interferón o de un anticuerpo monoclonal para diagnóstico es relativamente bajo, pero el valor añadido es muy alto, como consecuencia de los gastos invertidos en investigación, los ensayos clínicos, los fracasos y retrasos, la corta vida del disfrute de una patente en la que hay que recuperar el capital invertido, etc. y los beneficios de ese capital.

¿Cómo podría lograrse que los avances en agricultura, sanidad y medio ambiente llegaran a todos? Es una pregunta de difícil contestación. ¿A través de la beneficiencia? ¿A través de subvenciones? ¿O con nuevas ideas sobre la distribución de los fondos que los países desarrollados dedican o deberían dedicar a la investigación? Una hecho indiscutible es que, para el aprovechamiento global de las nuevas tecnologías, es imprescindible la participación del sector público. Habría que pensar si, al menos en la investigación en los campos mencionados, no convendría dejar a un lado la rentabilidad económica de la inversión pública, aparte de hacer un esfuerzo general para incrementarla significativamente.

Copyright © 1999  José Olivares Pascual. Profesor de Investigación del CSIC en la Estación Experimental del Zaidín. Granada